JORGE SVARTSMAN / AFP
BRASILIA
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva intentaba ayer contener el vendaval político desatado por denuncias del diputado Roberto Jefferson, hasta ahora su aliado, sobre remesas pagadas por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) para comprar la lealtad de varios legisladores brasileños.
Jefferson, del Partido Trabalhista Brasileño (PTB), le dijo al diario Folha de Sao Paulo que el Tesorero del PT, Delubio Soares, pagó desde el 2003 hasta inicios del 2005 unos 30,000 reales por mes ($12,500, al cambio actual) a varios diputados.
Identifica entre ellos a líderes del conservador Partido Progresista (PP, del presidente de la Cámara, Severino Cavalcanti), que votó por las principales reformas impulsadas por el Ejecutivo y negocia espacios en el gobierno, y del derechista Partido Liberal (PL, del vicepresidente José Alencar).
El diputado, que desde el mes pasado estaba a la defensiva por denuncias de corrupción en administraciones dirigidas por el PTB, asegura que denunció el caso ante los principales ministros, y que el esquema sólo paró a inicios del 2005, cuando se lo planteó directamente a Lula, quien »lloró» al enterarse.
El ministro de la Coordinación Política, Aldo Rebelo, confirmó que Lula había ordenado en marzo investigar un comentario hecho por Jefferson, acerca de remesas recibidas por diputados, sin mayores especificaciones, pero que el caso fue archivado en la Cámara por falta de méritos.
Entre las administraciones manejadas por el PTB estaba la operadora estatal de electricidad Eletronorte, cuyo director, Roberto Salmeron, presentó ayer su renuncia, convirtiéndose en la principal víctima de la crisis hasta el momento.
Lula convocó a sus principales ministros, para tratar el asunto. También se reunirá con el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos.
El presidente nacional del PT, José Genoino, emitió un comunicado diciendo que se enteró »con sorpresa e indignación» de las declaraciones de Jefferson, que «no tienen el más mínimo fundamento».
Las denuncias de Jefferson tuvieron un impacto sobre el índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo, que concluyó la jornada con una fuerte caída de 3.07 por ciento, cerrando en los 25,556 puntos; y la moneda brasileña, el real, que sufrió una de sus más agudas devaluaciones, al depreciarse 0.95 por ciento, cotizándose a 2.45 unidades por dólar.
La revista Veja publicó el mes pasado un video que muestra a un director de Correos pidiendo coimas a empresarios, a quienes dice que cuenta con el aval de Jefferson.
El escándalo se amplió con denuncias de que el PTB y Jefferson exigían a través de un amigo la suma de 400,000 reales (unos $166,000) mensuales al presidente del estatal Instituto de Reaseguros de Brasil (IRB).
El gobierno quiere que las investigaciones se limiten al área policial y está empeñado en bloquear la instalación de una comisión parlamentaria de investigación (CPI) sobre el caso Correos; para ello recurre a maniobras de procedimiento en la Cámara que tras las denuncias de Jefferson se hacen más difíciles.
Cuando estalló el caso Correos, Lula expresó su confianza total en Jefferson, diciendo que podría «darle un cheque en blanco y dormir tranquilo».
Pero algo debió haber cambiado en la relación, porque Jefferson dijo a Folha que el gobierno estaba tratando de «aislar al PTB».
Afirmó, asimismo que el PT quería comprar la lealtad de los diputados porque »es más barato pagar un ejército mercenario que compartir el poder» y «es más fácil comprar un diputado que discutir un proyecto de gobierno».
Queda por ver si el PTB sigue a su líder en el camino de la ruptura.
El PTB es un aliado importante del PT en la Cámara, con 49 diputados (sobre 513) y tres senadores (de 81).
Tiene también un ministro (Wilfrido Mares Guia, de Turismo) y ocupa ahora las direcciones de dos importantes organismos públicos: el Instituto de Reaseguros y Eletronuclear, así como el directorio financiero de Embratur (Turismo).
Jefferson, diputado desde hace 24 años, lideró el grupo de más fieles aliados del presidente Fernando Collor de Mello, que renunció en 1992 antes de ser destituido por una investigación parlamentaria sobre corrupción en las elecciones de 1990.
Según el politólogo David Fleischer, de la Universidad de Brasilia (UnB), esta crisis tendrá »un impacto muy negativo para el gobierno de Lula», dado que su determinación de luchar contra la corrupción «parece detenerse cuando las investigaciones le tocan de cerca».
Lula mantiene en sus cargos, en nombre de la presunción de inocencia, al ministro de la Previdencia, Romero Jucá, y al presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, investigados por la justicia por supuestos dolos financieros.
El mandatario brasileño inaugurará hoy martes el IV Foro Mundial contra la Corrupción, donde representantes de un centenar de países, de organismos internacionales y de varias ONGs discutirán cómo combatir ese flagelo que amenaza a las democracias.
