EDUARDO DAVIS / EFE
BRASILIA
El Congreso brasileño creó ayer una comisión especial que investigará escándalos de corrupción que tienen en jaque al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mientras el laborismo se debatía entre seguir o no en la coalición de gobierno.
La comisión, integrada por 16 senadores e igual número de diputados, deberá de investigar irregularidades en la empresa de Correos y en el Instituto de Reaseguros, que involucran al diputado Roberto Jefferon, presidente del Partido Laborista.
Jefferson, hasta ahora sin pruebas, ha denunciado que el Partido de los Trabajadores (PT), en el gobierno, sobornó a legisladores durante los dos primeros años de gestión de Lula para garantizar apoyo al Ejecutivo.
Pero ese asunto quedó al margen de la comisión instalada ayer, que se centrará sólo en los dos casos que salpican a Jefferson, mientras se debate la creación de otro grupo para tratar las denuncias del líder laborista.
En otro frente de la crisis, el Partido Laborista no decidió ayer si se mantendrá o no dentro de la coalición de gobierno.
El jefe de la bancada parlamentaria del laborismo, José Múcio Monteiro, ha instado a sus compañeros a renunciar a sus cargos en el gobierno, lo que incluye al ministro de Turismo, Walfrido Mares Guia, quien aún no se manifestó sobre esa petición.
La derecha se mostró preocupada por las dimensiones del asunto y el senador Jorge Bornhausen, presidente del Partido del Frente Liberal, pidió »protección policial» para Jefferson, pues se trata de «un caso muy grave y toda precaución es necesaria».
La gravedad de la crisis también fue expuesta por el diputado Raúl Jungmann, del Partido Popular Socialista (PPS, en la oposición), quien rechazó que la investigación parlamentaria se limite al caso de Correos.
La creación del grupo investigador en el Congreso no detuvo la acción de la Policía, que desde hace tres semanas intenta dar con la pista de posibles involucrados en la corrupción denunciada en la empresa de Correos.
Poco antes de que el Parlamento instalase la comisión, la Policía detuvo a cuatro personas que han sido mencionados en las denuncias.
Uno fue identificado como Mario Fortuna Neves, capitán retirado de la Policía Militar, quien tiene un hijo que trabaja en el gabinete del presidente de la Cámara Baja, Severino Cavalcanti.
El caso del servicio postal también es investigado en los tribunales.
