El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, adelantó que esta semana debe entregar al presidente Néstor Kirchner un «informe final» sobre una «solución» al debate sobre los indultos dictados en los 90 sobre casos de derechos humanos.
Kirchner le pidió a Rosatti un estudio sobre las posibles soluciones al conflicto planteado acerca de los indultos dictados a militares y guerrilleros. «Estuvimos conversando el tema con el Presidente», dijo el ministro, quien agregó que Kirchner le pidió que «analizara las distintas alternativas para elegir la más adecuada».
Los tres caminos posibles, según explicó Rosatti, son la sanción de una ley, un decreto presidencial o la vía judicial, que es la que él observa como la «más viable», «porque nunca se logró dar una solución definitiva a temas que siempre volvían».
En declaraciones radiales, Rosatti expresó que «estamos en el inicio del último capítulo de esta larga y terrible historia. Digo el inicio porque quienes estaban desprocesados deberán recorrer el camino inverso. Y los que estaban protegidos por el Punto Final, lo mismo».
Aunque todavía no está definido qué posición tomar con la cúpula del gobierno militar, Rosatti dijo que «éste es el capítulo final, porque evita que alguien se mantenga impune frente a delitos de lesa humanidad. Sólo la verdad puede permitirnos construir en serio frente al futuro».
Según su criterio, no se pueden distinguir los indultos dictados a favor de militares de los que beneficiaron a guerrilleros. Lo que es clave, asegura, es el delito de que se trata, no la persona. Si es un delito de lesa humanidad, que reviste carácter masivo y sistemático, no importa si fue cometido desde el Estado o por individuos que no operaban en la órbita gubernamental. «Pero la sistematicidad también es importante», señalan en su entorno. Así, casos aislados como la toma del Regimiento de La Tablada no podrían ser considerados delitos de lesa humanidad y, por tanto, Enrique Gorriarán Merlo no sería alcanzado por una eventual anulación de los indultos.
