Quieren derogar indultos a militares dictados por Ménem

Guido Braslavsky.
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El Gobierno nacional quiere que sea la Justicia la que decida si se derogan o no los indultos a los jerarcas de la dictadura militar. El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, afirmó ayer a Clarín que «el ámbito judicial es el que garantiza una resolución definitiva» para anular los indultos ya que de otra manera «tarde o temprano la cuestión terminaría en la Justicia».
Rosatti dijo que el tema sigue siendo analizado en el Gobierno y que «aún no hay decisión de un camino definitivo». Como alternativas mencionó la posibilidad de una ley del Congreso o la derogación a través de un nuevo decreto. Pero el análisis que le llevó ayer al presidente Néstor Kirchner se inclina por el camino judicial. «Es mi criterio como constitucionalista», afirmó.
La polémica por la derogación de los indultos quedó instalada después que el martes último la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucionales las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), cuya sanción permitió desprocesar a centenares de represores.
Tras el fallo, el propio jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, pidió que los indultos sean derogados, para que no sólo sean juzgados y condenados los militares de menor jerarquía, sino también los máximos responsables. El ministro de Defensa, José Pampuro, reiteró ayer su aval a esta posición, que también había sido expuesta por el ex presidente Raúl Alfonsín, en cuyo gobierno se concedieron las leyes del perdón, en el contexto de una enorme presión militar.
Rosatti dijo que «la reflexión de Bendini es razonable y yo coincido con lo que dijo. Los indultos deberían correr la misma suerte que las leyes. La lógica del fallo (de la Corte) va en el sentido de descalificar los indultos. Ya hay planteos judiciales y ese ámbito sería el propicio para hacerlo».
—Cuando se habla de derogar los indultos, ¿cuál es el alcance? Porque hubo casi 300 personas indultadas en 1989 y 1990. Jerarcas de la dictadura y jefes guerrilleros, pero también carapintadas, y responsables del desastre militar de la Guerra de Malvinas.
—Estamos hablando de los delitos de lesa humanidad: torturas, desapariciones, privación ilegítima de la libertad. Los ex comandantes estarían alcanzados.
—¿Y los ex jefes guerrilleros?
—Si se les imputara delitos de lesa humanidad, sí.
—¿El Gobierno quiere que la Justicia derogue los indultos?
—El Gobierno ha mostrado su conformidad plena con el fallo por las leyes y la lógica jurídica lleva a hacer caer los indultos. La voluntad del Gobierno es que se haga justicia. En delitos de lesa humanidad, el indulto me parece inconstitucional. Y desde la reforma constitucional de 1994 los tratados de derechos humanos están por encima de cualquier ley o decreto.
Además, Rosatti dijo que desde la Secretaría de Derechos Humanos se iba a colaborar con los organismos de derechos humanos y las personas que estén «legitimadas» para acudir a la Justicia.
El tema de los indultos es muy polémico, porque se trata de una facultad presidencial. Incluso, algunos jueces de la Corte Suprema deslizaron ayer que Néstor Kirchner podría definir el tema por decreto y que luego se pronuncie el máximo tribunal. Cerca del ministro Pampuro dicen que este también se inclinaría por la variante de derogar los indultos por decreto, por eso acuñó el término «desindultar».
Los indultos fueron dictados en dos tandas. La primera, el 7 de octubre de 1989 (decretos 1.002 al 1.005) favoreció a los jefes militares no alcanzados por las leyes del perdón, a acusados de subversión, a carapintadas y responsables de la Guerra de Malvinas.
La segunda tanda se produjo el 30 de diciembre de 1990. Benefició a los miembros de las Juntas Militares, como Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti; montoneros como Mario Firmenich y otros procesados como José Alfredo Martínez de Hoz y Guillermo Suárez Mason.
De la Rúa crítica
El ex presidente Fernando de la Rúa opinó ayer que la ley de Obediencia Debida «era una ley necesaria». Y dijo, para completar: «No comparto que se dé marcha atrás con lo que fue una decisión tomada en su momento».
Ahora se habla de un millar de citaciones
El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, estimó que podrían ser entre 900 y 1.000 los militares que deberían responder ante la Justicia por su actuación durante la represión de la dictadura. La cifra muestra diferencias con los 400 que maneja el CELS y que coincide con el cálculo del Ejército, la fuerza más comprometida. Rosatti recordó que hubo 400 desprocesados por la Obediencia Debida, a los que sumó otros 700 por el Punto Final. Su estimación llegó luego de restar medio centenar de fallecidos y nombres repetidos.
A cuarenta y ocho horas de caídas las leyes, el clima es «tranquilo» en el Ejército, sostuvo ayer su jefe, Roberto Bendini. En el Edificio Libertador hubo ayer —y continuará esta mañana— una reunión de mandos que ya estaba programada. Si bien trascendió poco de lo que allí se conversó, se supo que con los generales y coroneles con mando de brigadas, Bendini analizó el escenario abierto con la anulación de las leyes del perdón y reiteró que los responsables de delitos deben ser «juzgados y condenados».
También el ministro de Defensa, José Pampuro, evaluó ayer las repercusiones en sendas reuniones con los máximos jefes militares.
Por lo anunciado del fallo de la Corte, el impacto se atenuó en el ámbito castrense. La incertidumbre se proyecta para cuando empiecen a llegar las citaciones de la Justicia.

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