ELIZABETH NÚÑEZ
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La víspera de año nuevo de 2002, el Ministerio de la Defensa suscribió un contrato para comprar más de 48 millones de municiones de fabricación bosnia que hasta la fecha no ha recibido y que costó a la Nación más de 7 millones de dólares. El lote de cartuchos de varios calibres, destinados a suplir las necesidades de la Fuerza Armada Nacional, nunca fue entregado por la empresa contratada, Tecno Industrias S.G.P., con el argumento de que la repentina suspensión de los permisos de exportación por presiones de Estados Unidos al Gobierno balcánico impidió el envío de la mercancía.
La compañía en cuestión alegó dificultad en la obtención de permisos de exportación, como también lo hizo en negociaciones que sostuvo con la Alcaldía del Municipio Libertador y las gobernaciones de Portuguesa y Yaracuy para la compra de insumos similares. Todos los casos han resultado en demandas contra Tecno Industrias S.G.P por incumplimiento de los contratos para la venta de equipos y armamento para las policías locales.
En abril de 2003 el Ministerio de Finanzas emitía los primeros pagarés de anticipo por más de 1 millón de dólares, con los términos de un convenio establecido con el despacho castrense. Contradictoriamente, desde marzo de ese año ya pesaba sobre la empresa una demanda de la Procuraduría del estado Portuguesa, que en 2005 la condenó a pagar 6 millardos de bolívares por daños y perjuicios.
Dos años y medio después de firmado el compromiso con el Ministerio de la Defensa, el titular de esa cartera, Jorge Luis García Carneiro, ordenó la apertura de una investigación acerca del caso. Como resultado, al presidente de la empresa, Silverio González Plaza, se le acusó de la presunta comisión del delito contra la administración militar, estipulado en el numeral 2º del artículo 570 del Código Orgánico de Justicia Militar. La disposición impone penas entre dos y ocho años de prisión a quienes “en los contratos u otros actos de la administración referentes a las Fuerzas Armadas, obtuvieren ilegalmente algún provecho personal”.
González Plaza fue privado de su libertad el pasado 22 de marzo y permanece detenido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. La causa ha sido conocida por varias instancias, entre ellas, las salas Constitucional y Penal del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Militar 4 • de Control, que ordenó la detención.
Sin licitación
Entre los documentos que reposan en el expediente de la Sala Penal se encuentra el contrato suscrito entre el entonces ministro de la Defensa, general de Brigada (Ejército) José Luis Prieto, y el presidente de Tecno Industrias.
La oferta establecía la compra de 48.994.030 de cartuchos calibres 9 mm, 7,65 mm, 5,56 mm, .308, .380 y .38 Special. El cargamento costó 7.249.909,90 de dólares, que al cambio de 725 bolívares de la época –según se señala en el texto a modo de referencia– eran equivalentes a 5.256.184.677,50 de bolívares.
Todo parece indicar que para seleccionar a Tecno Industrias como proveedor de las municiones no se efectuó un proceso de licitación.
En el expediente no reposan documentos que lo indiquen y fuentes relacionadas con la investigación aseguraron que la contratación se produjo mediante adjudicación directa.
Sin embargo, esta no sería la primera vez que la empresa contrata con el Ministerio de la Defensa porque, según Prieto, está inscrita como proveedor de la Fuerza Armada. El ex titular del despacho castrense afirma no acordarse de los detalles de la negociación, pero advierte: “No lo recuerdo con desconfianza”.
Un cuadro de ventas presentado por Tecno Industrias en la negociación con el estado Portuguesa confirma que en 1987 contrató con la Dirección de Armamento de la FAN (Darfa) por 10 millones de dólares, mientras que entre 1984 y 1986 lo hizo con la Guardia Nacional por 4 millones de dólares. Para ese momento, sin embargo, la compañía, constituida en 1986, tenía un capital inscrito de apenas 500 mil bolívares.
Para proveer las municiones bosnias, Tecno Industrias tenía un convenio de representación con la empresa ML Marketing Company, que opera en Estados Unidos, y a su vez comercializa el material bélico elaborado por Igman International Limited, con sede en Bosnia–Herzegovina, y Serbia y Montenegro.
Un año y tres meses después de suscrito el contrato, una comisión de dos funcionarios de la Contraloría de la FAN y otros cuatro del Ministerio de la Defensa se trasladó a las instalaciones de Igman International en ambas repúblicas ex yugoslavas para verificar el estado de la mercancía encargada y así cumplir con el procedimiento de control perceptivo.
En el acta levantada el 25 de marzo de 2004 se indica que los bienes supervisados “se ajustan a las características y especificaciones técnicas establecidas en el contrato” y añade que “no se encontraron objeciones que formular”.
Además de copias de fotografías de las cajas de municiones, el expediente incluye la conformidad con el control perceptivo firmada por el contralor de la FAN, general de Brigada (Ejército) Rafael María Román Vethencourt. No obstante, a pesar del visto bueno del ministerio, la mercancía nunca llegó al país y la razón aparece reflejada en tres documentos provenientes de Bosnia–Herzegovina.
Destino final incierto
A través de un reporte enviado el 7 de junio de 2004, el Ministerio de Tratados Extranjeros y Relaciones Económicas de Bosnia–Herzegovina le informó a la empresa Igman International la cancelación de las decisiones sobre la exportación de municiones a Venezuela. Marcado como “urgente”, el texto, cuyo original está escrito en bosnio, explica que la decisión respondió a “nueva información disponible acerca de asuntos políticos y de seguridad y la posibilidad de que las municiones sean redireccionadas a otro destino, para otro beneficiario final”.
Siete días después, el 14 de junio, el primer ministro bosnio, Adnan Terzic, se reunió con Paul Wolfowitz, entonces subsecretario de Defensa de Estados Unidos, para discutir “asuntos de defensa de mutuo interés”, como señala la leyenda de las fotografías que el Departamento de Defensa publicó en su página web.
Por su parte, el Consejo de Ministros de Bosnia–Herzegovina envió una comunicación a Tecno Industrias el 30 de julio de 2004. En la portada de la carta se señala:
“Anexo encontrará la carta que el jefe de Gabinete dirigió al Estado venezolano, en los niveles apropiados, y a nuestros representantes en su país”.
En la segunda página de la misma comunicación una misiva dirigida “a quien pueda interesar”, firmada por Terzic, explica que el Ministerio de Tratados Extranjeros de su país retiró el permiso de exportación para el material luego de conocer información confidencial que “fuentes relevantes de la comunidad internacional” compartieron con el gabinete bosnio.
Los datos indicaban que el material en cuestión podía no ser “entregado al destinatario referido en el certificado de uso final sino a otro comprador”.
Más adelante en el texto, Terzic especifica: “Estamos obligados a abortar todos los envíos hasta que las acusaciones que sugieren que las municiones están siendo entregadas a formaciones paramilitares en un tercer país sean examinadas a fondo, es decir, hasta que podamos estar seguros de que el usuario final de los bienes que exportamos es sin lugar a dudas el que declara el certificado de uso final”. A esto agregó la disposición del Gobierno de Bosnia–Herzegovina de discutir el asunto con Venezuela a nivel de Estado.
No obstante, las restricciones fueron comunicadas tardíamente, pues para la fecha ya Tecno Industrias había cobrado todos los pagarés emitidos por el Ministerio de Finanzas, según se aclara en una comunicación que el actual titular de la cartera, Nelson Merentes, envió al fiscal militar que lleva el caso. Además del anticipo de 15% recibido en mayo de 2003, la empresa liberó el restante 85% del monto, más de 6 millones de dólares, en abril de 2004.
Una última carta fue enviada el 7 de febrero de este año por el presidente de Igman International al ministro de la Defensa, Jorge Luis García Carneiro. En ella le comunica que por “razones de fuerza mayor” no pueden enviar la mercancía a Venezuela, pues las licencias de exportación –de noviembre de 2003 y mayo de 2004– fueron revocadas por el Gobierno de su país.
Según el documento, el Ministerio de Tratados Extranjeros obtuvo información “de la Embajada de Estados Unidos referente a supuestos alegatos de posibles reenvíos de los bienes a otros actores”. En la misiva se indica que la empresa canceló toda la mercancía –incluyendo el transporte hasta Puerto Cabello– que las municiones se encuentran en perfecto estado, almacenadas en depósitos, lo que puede ser confirmado a través de los canales diplomáticos.
LA RUTA DEL DINERO
Convenio financiero. Para pagar las municiones bosnias, el Ministerio de la Defensa se comprometió en el contrato a establecer un convenio con la cartera de Finanzas. El procedimiento es habitual en los casos de compras de armamento u otros equipos para el despacho castrense. El 31 de diciembre de 2002, el titular de Finanzas encargado, Jesús Bermúdez –quien fue capturado en Miami en diciembre de 2004 al no declarar más de 30 mil dólares en efectivo que llevaba cuando ingresó en Estados Unidos–, firmó el convenio de préstamo de proveedor con la empresa ML Marketing Company.
Aprobado por el Parlamento. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó el crédito externo por 7,2 millones de dólares para costear los cartuchos el 11 de diciembre de 2002.
Anticipo. A través de dos pagarés de igual monto a favor de la empresa estadounidense, Tecno Industrias recibió un anticipo de 15%, equivalente a 1.087.486,48 dólares, y sujeto a una fianza de 100% emitida a favor del despacho de la Defensa por Seguros Corporativos. Tecno Industrias presentó además una garantía de fiel cumplimiento de 10% del monto contratado, por alrededor de 724 mil dólares, con la misma aseguradora.
El restante. De acuerdo con el contrato, 85% del monto –un total de 6.162.423,42 dólares– debía ser cancelado en tres pagarés, luego de que la empresa presentara ante el Ministerio de Finanzas “copias fotostáticas” de la factura comercial, el acta de control perceptivo emitida por la Contraloría General de la FAN, la declaración de conformidad de esa misma instancia, el acta de precinto, el conocimiento de embarque y el acta de aceptación de bienes por parte de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (Darfa).
Finanzas pagó. Luego de abierta la investigación, el fiscal militar segundo de Caracas, teniente (Ejército) Jesús Rosales Castro, solicitó información al actual ministro de Finanzas, Nelson Merentes, sobre el estatus del convenio. El titular de la cartera respondió el pasado 1. de abril con un oficio en el que confirmó que los dos pagarés a nombre de ML Marketing correspondientes al anticipo de 15% fueron entregados al coronel (Ejército) Reinaldo Rodríguez Chávez, director de Contratos del Ministerio de la Defensa, el 29 de mayo de 2003. Los otros tres pagarés, por 2,054 millones de dólares cada uno, fueron entregados directamente a Silverio González Plaza el 29 de abril de 2004, “una vez recibida copia del acta del 25 de marzo relacionada con el control perceptivo practicado por la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional a la única entrega de los bienes objeto del contrato”.
Omisiones. Aunque en su oficio Merentes señala que se procedió a pagar “una vez obtenidos todos los requisitos” establecidos en el contrato, al enumerar los requerimientos se omitió el último:
la copia del acta de aceptación de bienes del Darfa. Según la cláusula décima de la contratación, una vez que la Contraloría de la FAN verificara la presencia de los bienes en el Centro de Distribución de Material de Guerra N. 1 (Cedimague) en Puerto Cabello, el Darfa debía emitir el certificado de aceptación final.
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