A un año de la muerte del cofundador y editor del semanario «Zeta», Javier Ortiz Franco, la organización internacional con sede en París, Reporteros sin Fronteras (RSF), lanzó una crítica al gobierno mexicano por las «duras condiciones» que enfrentan los periodistas de investigación en el país.
Ortiz Franco, quien fue asesinado en presencia de sus hijos mientras manejaba su auto por el distrito Marrón de la ciudad de Tijuana, había hecho una serie de denuncias sobre el narcotráfico.
RSF señaló que su muerte «significó el punto de partida de un año negro para la prensa mexicana» en el que murieron cinco reporteros.
La asociación agregó que 16 reporteros mexicanos fueron asesinados en los últimos cinco años, la mayoría mientras investigaban delitos relacionados con el narcotráfico en la frontera con Estados Unidos.
Según RSF, en algunos casos las autoridades mexicanas locales estuvieron involucradas directamente en los homicidios o no condujeron las investigaciones de los crímenes de forma apropiada.
Violencia en la frontera
Reporteros Sin Fronteras también señaló que algunas publicaciones en la zona fronteriza se han visto obligadas a «autocensurarse para sobrevivir».
Ortiz Franco fue asesinado en presencia de sus hijos mientras conducía su auto en Tijuana,
Sólo en el mes de abril de este año fueron asesinados dos periodistas: Guadalupe García Escamilla, de la emisora Radio Stereo 91 de la ciudad de Nuevo Laredo, y Raúl Gibb Guerrero, director del diario La Opinión del estado de Veracruz.
El clima de inseguridad en la frontera se puso de manifiesto nuevamente la semana pasada cuando el gobierno se vio obligado a enviar efectivos del ejército y la policía federal a la ciudad de Nuevo Laredo para tratar de contener la ola de violencia relacionada con el narcotráfico.
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A pesar de los refuerzos, las fuerzas de seguridad no pudieron impedir durante el primer fin de semana del operativo que la ciudad fuese una ve más escenario de varios tiroteos, aparentemente entre bandas criminales rivales, y dos asesinatos.
Entretanto, más de 700 agentes de la policía municipal continúan suspendidos a la espera de que una investigación aclare si tienen vínculos con el narcotráfico.
