RICK VECCHIO
Associated Press
LIMA – La jueza Miluska Cano López ordenó el arresto de 118 militares, retirados y en actividad, por su presunta participación en la matanza de Cayara, un pequeño pueblo andino de Ayacucho, en 1988, informó el martes un tribunal en un comunicado.
La jueza Cano López dictó las órdenes de arresto con relación a las torturas y asesinatos de más de dos docenas de pobladores en Cayara el 14 de mayo de 1988, y otras violaciones de derechos humanos en dos caseríos vecinos en el departamento de Ayacucho, 395 kilómetros al sudeste de Lima.
El ataque inicial fue hecho en respuesta a una emboscada a una patrulla del ejército por integrantes del grupo maoísta Sendero Luminoso que operaban en la zona.
La orden de Cano López tiene lugar un mes después que otro juez ordenara los arrestos de 29 militares, activos y en retiro, por la matanza de 72 campesinos de Accomarca cometida en circunstancias similares en 1985, otro pueblo de la región de Ayacucho, donde se inició el movimiento senderista.
Las órdenes de arresto enfrenta al fuero civil del Perú contra su sistema de justicia militar, que históricamente tenía jurisdicción sobre su personal implicado en casos de abusos de derechos humanos y rara vez aplicaba duras sanciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en febrero de 1992 que el ejército peruano asesinó a por lo menos 26 campesinos en Cayara, a la semana siguiente ejecutó a otros tres campesinos, antes de dedicarse al sistemático exterminio de ocho testigos.
Un noveno y último testigo, una enfermera de 22 años fue asesinada en septiembre de 1989, dijeron grupos de derechos humanos. Los padres y vecinos de la enfermera dijeron que vieron sin poder ayudarla, como ocho hombres en uniformes del ejército, con los rostros cubiertos por pasamontañas, derribaron la puerta de su vivienda en Ayacucho, la arrastraron hasta la calle y la mataron de tres balazos a la cabeza y al pecho.
El caso fue reavivado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada por el gobierno, que en su informe final en el 2003 responsabilizó a las fuerzas de seguridad por casi mitad de los 70.000 muertos durante los años de insurgencia 1980-2000, en el Peru.
