JOAQUIM UTSET
El Nuevo Herald
La fiscalía federal del sur de la Florida anunció ayer el encausamiento del ex comisionado de Miami Arthur Teele y un ejecutivo de una compañía de electricidad, por obtener supuestamente de manera fraudulenta contratos para minorías en las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de Miami.
En un nuevo golpe para Teele, que se encuentra a la espera de ser juzgado en los tribunales estatales por otro caso de corrupción, las autoridades acusaron al ex comisionado de recibir al menos $59,000 por su participación.
Según las autoridades, Teele y el empresario afroamericano Hector Paultre consiguieron a través de la empresa FLP, certificada por el Condado como una firma de minoría desfavorecida, más de $20 millones en contratos para instalar equipos eléctricos en las obras de ampliación de la Terminal Norte y en la construcción de la nueva Terminal Sur.
Sin embargo, FLP, que prácticamente sólo existía en papel, nunca realizó labor alguna en el aeropuerto. Según el encausamiento, Teele y Paultre conspiraron con directivos de la empresa Fisk Electric de Texas para que fueran los operarios de esta última quienes en realidad realizaran el trabajo.
A cambio, la compañía minoritaria recibía entre un 3 y un 5 por ciento del monto de los contratos, a los que Fisk difícilmente hubiera podido acceder por no ser una empresa con dueños pertenecientes a minorías.
»Era básicamente lo que se ha dicho, una empresa fantasma», dijo el director de la policía de Miami-Dade, Robert Parker, cuyos agentes investigaron el caso en cooperación con el Servicio de Rentas Internas, el FBI y el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT).
Incluso, para encubrir su relación, Fisk obligó a sus proveedores de materiales que cambiaran a FLP el nombre del destinatario de sus facturas, según las autoridades.
Teele se entregó ayer alrededor del mediodía a los alguaciles federales, y quedó poco después en libertad bajo una fianza de $100,000. En total encara 25 cargos de conspiración, fraude postal, fraude en transacciones y lavado de dinero.
Su abogado, David Garvin, aseguró que el ex comisionado sostiene »inequívocamente» que es inocente.
»Lo único que puede decir es que el señor Teele se considera inocente y ansía poder defenderse en un juicio», agregó el letrado.
Junto al ex comisionado fue encausado Dewitt Jackson Maxwell, vicepresidente de Fisk y encargado de su oficina en Miami, a quien se le formularon otros 24 cargos.
Paultre y Norman »Pat» Clyne, un subordinado de Maxwell en Fisk, se declararon culpables días antes de haber participado en el fraude, informó la fiscalía federal.
Según el encausamiento, uno de los objetivos encomendados a Teele fue desviar la atención del Departamento de Desarrollo de Empresas (DBD) del Condado cuando empezaron a sospechar de la integridad de FLP.
El ex comisionado, que antes de iniciar su carrera política en Miami ocupó un alto cargo en transportes durante la administración Reagan, dictó el 5 de junio del 2003 una carta de FLP en respuesta a la investigación iniciada por el DBD.
Once días después, Teele recibió un cheque de $25,000 de la empresa fantasma.
Un año después, cuando el DBD seguía con la pesquisa abierta, Teele se acercó a la directora del departamento, Marsha Jackman, durante la celebración local del festival bahamense Goombay, para hablarle de FLP, según el encausamiento.
Un mes más tarde, el ex comisionado recibió un cheque de FLP para cubrir una deuda personal de $5,000 en una tarjeta American Express.
El encausamiento no ofrece detalles sobre la conversación ni su resultado, pero el director Parker aseguró ayer que fue una denuncia del DBD la que dio inicio a la investigación.
»Desde 1999, hemos tenido 50 casos de fraude en todo el país, pero este es el más grande», aseguró ayer Barbara Barnet, agente especial a cargo de la oficina en Miami del Inspector General del USDOT. »Este es el caso que, con toda seguridad, ha sido más decepcionante», agregó.
El encausamiento federal de Teele se suma a los 10 cargos que él encara en la justicia estatal por presuntamente recibir sobornos de un empresario a cambio de concederle contratos de la Agencia de Desarrollo Comunitario. Además, en la actualidad se encuentra cumpliendo dos años de libertad condicional por haber amenazado a unos agentes de anticorrupción que lo seguían.
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