Masacre en Venezuela precipita depuración policial

Agence France Presse
CARACAS
Los ajusticiamientos extrajudiciales y sobornos protagonizados por policías, revelados recientemente en Venezuela, generaron investigaciones en los cuerpos policiales y la aceleración de los pasos hacia una polémica Ley de Policía Nacional.
El asesinato de tres estudiantes universitarios el 27 de junio por policías y militares con rostros cubiertos, por el cual son investigados 26 uniformados, obligó al ministro del Interior, Jessy Chacón, a reconocer que hubo »exceso policial» y prometer su «depuración».
»Espero sirva como punto de partida, para lograr una transformación cultural dentro de los organismos de seguridad del Estado», dijo Chacón, quien también aprovechó para impulsar la Ley de creación de una Policía Nacional centralizada, cuya formación es rechazada por opositores.
El Fiscal General, Isaías Rodríguez, reconoció este jueves que el asesinato de los estudiantes »corresponde a una práctica sistemática de todos los cuerpos de seguridad del Estado» y aseguró el compromiso de la Fiscalía a establecer »responsabilidades penales» a los implicados en excesos policiales.
El funcionario apuntó al diario El Universal que el asesinato de los universitarios forma parte de una larga cadena de agresiones policiales que fue sacado a la luz pública, porque «los hechos fueron demasiado burdos».
»Yo le he venido dando la cara a ese problema. En algunas oportunidades no me han creído. Han pensado que yo estoy exagerando la situación. Que estoy tapando un hecho con otro hecho », señaló el Fiscal.
En el último informe de la organización humanitaria Provea, de septiembre 2004-octubre-2003, se registraron 231 violaciones al derecho a la vida, 201 de ellas corresponden a víctimas de »ejecuciones», 10 por »negligencia», 8 por »torturas o tratos crueles», 7 al »uso excesivo de la fuerza» y 5 al «uso indiscriminado de la fuerza».
Para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) las policías regionales concretaron el mayor número de denuncias de violación de derechos humanos al sumar 120 víctimas, que representó 52% de los casos denunciados.
No obstante, grupos regionales de familiares de víctimas dan cifras mayores y hasta autoridades locales, como el actual gobernador del oriental estado Anzoátegui, el oficialista Tarek William Saab, denunció recientemente más de 500 casos, aún no verificados.

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