Aplican ley antimafia de EE.UU. contra empleadores de indocumentados

REBECCA BOONE
Associated Press
BOISE, Idaho, EEUU – Ante el costo creciente que suponen los inmigrantes ilegales, un municipio ha recurrido a la justicia, entablando un juicio por extorsión a las empresas que contratan a esos trabajadores.
El fundamento teórico legal es que un patrón de violaciones a las leyes inmigratorias por los empleadores le cuesta al condado de Canyon millones de dólares en mantenimiento del orden, la educación y los servicios sociales.
La presencia de los indocumentados «reduce el salario laboral de ciudadanos estadounidenses y elimina oportunidades para el empleo», dijo el comisionado municipal Robert Vasquez, un político ambicioso que inicia una campaña para llegar al Congreso.
«Sin duda se usa dinero de los contribuyentes para darles servicios educativos, atención médica, compensación por desempleo a los que sufren accidentes de trabajo. Drenan los recursos de los contribuyentes del Condado de Canyon, el estado de Idaho y Estados Unidos en general», añadió.
El intento de recuperar esos gastos se presentaría bajo la Ley federal de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Extorsión, llamada RICO, que se ha usado para combatir desde la mafia hasta los que venden avisos indeseados a través de la internet.
Sería la primera que vez que un gobierno inicia juicio a una empresa bajo RICO, aprobada en 1970, dicen los especialistas.
El condado firmó contrato el martes con el abogado Howard Foster, especialista en Rico, y Vasquez dijo que esperaba iniciar el juicio próximamente.
«Jamás ha habido un juicio igual en la historia de Estados Unidos», dijo Foster. «No sé si otros gobiernos municipales en el país están tan interesados como deberían estarlo en proteger los derechos de sus ciudadanos».
Idaho tiene apenas 19.000 inmigrantes ilegales, según el Servicio de Inmigración y Aduanas.
Vasquez se ha creado fama de opositor acérrimo a la inmigración ilegal. Ha tratado de cobrar al gobierno mexicano el costo de tratar con inmigrantes ilegales de ese país e intentó, sin éxito, que se declarara al condado de Canyon zona de desastre ante una inminente «invasión» de indocumentados.

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