MARK SHERMAN
Associated Press
WASHINGTON – El FBI tiene en sus archivos miles de páginas de documentos relacionados con la vigilancia de grupos defensores de los derechos civiles, grupos ambientalistas y organizaciones similares, admitió el Departamento de Justicia.
Las organizaciones, que incluyen a la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por su nombre en inglés) y al grupo ambientalista Greenpeace, han presentado una demanda para que se difundan esos documentos.
Los grupos sostienen que el material mostrará que han sido vigilados por grupos del FBI creados para combatir al terrorismo.
El FBI ha identificado unas 1.173 páginas relacionadas con ACLU y otras 2.383 sobre Greenpeace, pero necesita por lo menos hasta febrero para procesar los documentos de ACLU y hasta junio para revisar los de Greenpeace, dijo el gobierno en una presentación ante un tribunal de Washington.
La agencia estatal no ha aclarado qué contienen esas páginas.
El director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, manifestó que la revelación indica que el FBI está supervisando a organizaciones que respetan las leyes.
«Sé con total seguridad que no hemos participado en nada relacionado con terrorismo y aún así el gobierno ha juntado casi 1.200 páginas sobre nuestras actividades», declaró Romero. «¿Por qué ahora es ACLU objeto de una vigilancia del FBI?».
John Passacantando, director ejecutivo de la filial estadounidense de Greenpeace, expresó que su grupo es un crítico enérgico, aunque pacífico, de la guerra y las políticas ambientales del gobierno de George W. Bush.
«Esta administración tiene un historial de usar sus poderes contra sus críticos pacíficos. Si, de hecho, el FBI se ha involucrado para ayudar en ese esfuerzo, eso sería bastante terrible», indicó Passacantando.
Los portavoces del Departamento de Justicia y del FBI se negaron a efectuar declaraciones.
EL FBI ha negado estar vigilando a individuos o a grupos que estén realizando actividades protegidas por la Constitución.
Las autoridades han expresado que los agentes respetan estrictamente los lineamientos del Departamento de Justicia que requieren evidencias de actividad delictiva o indicios de que una persona podría saber algo sobre un crimen.
ACLU ha buscado acceder a los archivos del FBI sobre una gran gama de personas y grupos entrevistados, investigados o sujetos a pesquisas.
Los pedidos también incluyen información sobre cómo son financiadas las comisiones investigadoras para determinar si son recompensadas con dinero del gobierno si presentan más casos que consideran relacionados con el terrorismo.
El gobierno difundió un documento sobre el grupo Unidos por Paz y Justicia que según Romero, refuerza sus temores. La organización se describe como una coalición de más de 1.300 grupos opuestos a la guerra.
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