La Corte Suprema de España determinó que el gobierno de este país debe pedir a Argentina la extradición de 39 nueve militares retirados y un civil por violaciones a los derechos humanos.
El pedido de extradición había sido
La sentencia de la máxima instancia judicial revierte una decisión del entonces gobierno de José María Aznar, en agosto de 2003, de no continuar con el proceso de extradición de los solicitados por crímenes durante el gobierno de facto en Argentina.
El Consejo de Ministros de Aznar tomó esta determinación con el objetivo de permitir que fuese la justicia argentina la que pudiera tener la competencia de juzgar a los señalados de las violaciones a los derechos humanos.
No obstante el Tribunal Supremo consideró que esta decisión no estuvo «conforme a derecho».
Y expresó claramente que las solicitudes de extradición deberían ser «entregadas al gobierno argentino a través de los canales diplomáticos».
La larga mano de la justicia
El sistema judicial español permite juzgar crímenes de lesa humanidad aún si estos fueron cometidos fuera de su territorio.
Los presuntos responsables son solicitados por el juez Baltasar Garzón, quien lleva varios casos de presuntas violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983 en Argentina.
La sentencia del Tribunal Supremo surge a raíz de una serie de recursos jurídicos interpuestos contra la decisión del gobierno de Aznar en 2003 por agrupaciones políticas como Izquierda Unida e Iniciativa por Cataluña.
También presentó uno Graciela Palacios de Lois, quien estuvo casada con un ciudadano español que estuvo detenido en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) y que habría sido lanzado al mar en los llamados «vuelos de la muerte».
La lista de personas solicitadas por Garzón incluye a Alfredo Astiz, Jorge Isaac Anaya, Antonio Domingo Bussi, Carlos Capdevilla, Carlos Daviou, Adolfo Donda Tigel, Armando Lambruschini, Basilio Lami Dozo, Luis María Mendía, Carlos José Pazo, Antonio Pernías, Jorge Perrén y Pablo García Velazco entre otros, además del abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el único civil entre los reclamados
Todas estas personas son requeridas por la justicia española, que en 1999 emitió un auto de detención, por haber llevado a cabo «un plan sistemático de desaparición y eliminación física de ciudadanos».
