Crece industria de la seguridad en Chile

Antonio Valencia
La Nación
Mayo de 2004. Ante una audiencia nutrida por empresarios y autoridades públicas, uno de los más completos estudios sobre el negocio de la seguridad privada en Chile fue expuesto con celoso detalle. Una de sus principales conclusiones resultó reveladora: “El creciente aumento de los índices de temor y delincuencia en el país es una singular oportunidad para la industria”, resumió el informe elaborado por la consultora Leemira.
La afirmación, por cierto, no era gratuita. El miedo mueve millones. Miles de millones. El estudio arrojó que las empresas que en Chile brindan seguridad a empresas y hogares -a través de personal y diversa tecnología-, facturan anualmente más de 450 millones de dólares, evidenciando una clara tendencia al alza. Se trata aún de un “mercado joven”, porque centró su crecimiento en la década de los 90.
En Chile existen más de 1.300 empresas ligadas a la seguridad privada -brindando ochenta mil puestos de trabajo-, y mil de ellas ofrecen servicios de guardias. El 84% de estas últimas fueron creadas entre 1990 y 2003.
A su vez, la seguridad ciudadana como concepto y fenómeno, como cuantificación y mediatización de las cifras de delincuencia y de miedo, también apareció y creció a lo largo de la década en que el país transitó de la dictadura a la democracia.
El desglose del citado informe entrega otros datos. Por ejemplo que, después de las industrias, los que más requieren dichos servicios de guardias son los hogares y el comercio. O que el mercado genera 62 mil puestos de trabajo de guardias donde el grueso de las remuneraciones fluctúa entre $ 120 mil y $ 200 mil.
Y más. Son tan pocas las barreras que existen para crear una empresa de este tipo, que “cualquier persona, generalmente un ex uniformado de las FF.AA. o alguna organización similar, monta su propia empresa de seguridad”, señala la consultora. O sea, nada muy distinto a lo que ocurrió en Argentina o España después de sendas dictaduras.
Alerta roja
El mercado más extendido entre la población es el de los sistemas de alarma. El 54% del total de las alarmas está instalado en los hogares. Más de 200 mil abonados en todo Chile pagan mensualmente un mínimo 1 UF (más IVA) por el servicio. El nicho es dominado por cuatro compañías. Una de ellas, una poderosa multinacional que ingresó a fines de los 90 apoderándose de la mayor parte de los clientes y facturando sobre US$ 30 millones al año. El 41,7% de las empresas venden por debajo de los US$ 180 mil cada año. Y claro, también es un “mercado
joven”. Después de 1990 nació el 70% de la firmas dedicadas a este rubro.
El negocio continúa con el transporte de valores, asesores expertos en seguridad -que viene creciendo fuertemente desde 1997-, capacitadores de seguridad e incluso investigadores privados. Lo que viene, en todo caso, es un crecimiento en áreas poco explotadas, como la tercerización de servicios, gestión de cárceles y cobros de peajes, entre otros.
Sobre otras áreas, como los cercos electrificados para residencias, basta una información entregada a la prensa poco tiempo después del publicitado caso de Roberto Martínez Vázquez, “El Tila”. Antes de esto operaba apenas una empresa de cercos. Con el paso de los meses, esta primera firma llegó a contabilizar más de veinte competidores.
Miedo real, miedo ficticio
“Mire señor, yo vivo acá, en la comuna de Lago Ranco, y fíjese que la delincuencia ha subido mucho y la verdad todos los vecinos estamos muy asustados”. La acongojada mujer levantó su reclamo delante del subsecretario de Carabineros, Felipe Harboe. “Pero señora, su comuna tiene el más bajo índice de victimización de todo el país”, respondió el personero. “Esa noche, me dijo, había visto por la TV un reportaje sobre delincuencia en Santiago. Un hecho ocurrido 800 kilómetros más al norte influenció su sensación de temor”, completó Harboe.
“Evidentemente, hay lugares donde la subjetiva sensación de temor es más alta que el objetivo índice de delincuencia”, resume el subsecretario.
Patricia Varela, directora de la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, un joven organismo nacido en 2001 dice que ”una cosa es objetivar la información, y otra cosa es cómo la comunicas a la población. Ahí, coincido en que tiende a ser exacerbado”, dice.
El tema es que hay más miedo que el verdadero riesgo real. Por una parte, Varela enfoca parte de la responsabilidad a la industria de los medios de comunicación -“es noticia que hayan muertos y delitos”, dice-, pero también a otras políticas de mediatizado impacto. “La estrategia que usó Don Graf -el perro de la Fundación Paz Ciudadana, entidad nacida en 1992-, de asustar a los niños del peligro que acechaba en el mundo urbano fue nefasto, y valoro que haya habido un cambio en ese sentido”, indica.
En general, existe buena sintonía entre la División de Seguridad Ciudadana y la Fundación Paz Ciudadana acerca de los datos sobre delincuencia en el país. “Se han estabilizado las denuncias, ha disminuido la victimización y ha aumentado la percepción de temor”, confirma Varela.
Pero el abundante y constante juego de índices de percepción del miedo es otro punto debatible, incluso desde la metodología usada.
Paz Ciudadana basa sus datos en encuestas telefónicas y el Gobierno sobre la base de denuncias. Allí la crítica no es menor, y así está asumida. “Sí, tenemos esa deficiencia: medimos denuncias, no delitos realmente cometidos. Pero no creo que eso necesariamente altere la percepción del fenómeno”, responde Varela.
Falsa alarma
Carlos Lafferte, director del Programa de Mediación Social de Conflictos del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, critica la política de seguridad ciudadana desde sus fundamentos hasta sus resultados. “Si uno llevara al límite la seguridad ciudadana se puede llegar a un Estado policial con alta represión, cárceles, imputabilidad a menores de edad o un 70% de los maridos presos, cientos de rejas y miles de alarmas”, dice.
La seguridad extrema, al margen de invalidar los espacios públicos, “finalmente termina negando la participación de la comunidad, del barrio, de la comuna. Los municipios equivocan el rumbo cuando destinan más presupuesto a la seguridad que a la participación”, acota Lafferte. “La delincuencia y la violencia es una realidad que existe, pero otra cosa es la manipulación efectiva que hay de las cifras. Es cosa de ver que desde que opera la reforma procesal penal en Santiago, los delitos efectivos son una dato muy menor”, advierte el académico.
Eduardo Sepúlveda, Defensor Público de la Región Metropolitana Sur, entrega los datos globales para una población cercana a los seis millones de habitantes. En los primeros quince días de aplicación del nuevo sistema de justicia se han realizado audiencias -que buscan determinar la existencia real del delito y sus probables responsables-, por quince homicidios, trece delitos sexuales, 26 infracciones de tránsito, 134 robos violentos, 110 robos no violentos, entre otros.
“En total, en los primeros quince días hubo 1.143 audiencias en toda la Región Metropolitana, unos 70 imputados diarios, una cifra bastante menor a la presupuestada cuando se habla de cerca de seis millones de habitantes. Estamos preparados para un porcentaje mayor de judicialización, pero no se va a acrecentar de manera significativa”, anticipa Sepúlveda.
¿Hay más pánico que delitos? Otro dato lo entregan las propias compañías de seguridad. Entre 2001 y 2003, el 99,3% de los casos registrados sobre activación de alarmas resultaron ser falsas alarmas. “En 2003, el Estado gastó $ 700 millones en falsas alarmas”, el doble que en 2001, según el informe de la consultora Leemira. La paranoia privada tiene un precio público. No es nada barato movilizar recursos humanos y materiales de la policía.
Ganancia política
A buenos dividendos económicos, buenos dividendos políticos. Ambos flancos son cuestionados. “El miedo es un buen negocio a corto plazo para las empresas, y eso es inaceptable. Lucrar con el temor de la gente me parece poco ético. Se debe avanzar en la regulación de este mercado”, sentencia el subsecretario de Carabineros, Felipe Harboe.
“Las empresas de seguridad han crecido y profesionalizado, en parte, porque también se ha profesionalizado la delincuencia”, señala Patricia Varela, de la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, pero agrega que respecto de la percepción del temor y su fenómeno mediático tiene mucho que ver el tema político.
“La oposición, en Chile y en Europa, ha utilizado la seguridad ciudadana como permanente tema electoral. La derecha ha motivado la percepción de inseguridad en la población como estrategia de debilitamiento de los últimos gobiernos”, enfatiza Varela.
Harboe complementa: “La utilización política de las estadísticas de la delincuencia es uno de los hechos más deleznables. Generan una opinión pública atemorizada y no ayudan a la solución. Aquellos que hacen de la delincuencia su campaña política deben tener claro su responsabilidad. El intento de reemplazar carabineros por guardias y de vender una imagen de seguridad que no era tal, era parafernalia propagandística. Lavín como alcalde gastó miles de millones para reforzar sistemas y los índices en su comuna no variaron”.
Con todo, más allá de la discusión acerca de la seguridad ciudadana como fenómeno político y económico, círculos académicos vienen advirtiendo desde hace años su preocupación no sólo por los orígenes estructurales del problema, sino también por la consecuente estigmatización y marginación de sectores completos de la sociedad.
En 1998, tras el violento tiroteo en una popular población del sur de Santiago, el sacerdote Mariano Puga lanzó su sentida protesta, según se lee en el libro “La guerra y la paz ciudadana” (LOM, 2000). “El único delito masivo que se comete en La Legua es el ser pobre”, dijo.
MÁS GUARDIAS QUE CARABINEROS
8 En la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior levantan una seria crítica a la empresa privada que incentiva el consumo de alarmas, guardias en condominios, rejas, casetas, botones de pánico y sistemas cerrados de televisión. Dicen que de nada vale enrejarse si no existe coordinación entre vecinos ni organización ciudadana para prevenir los delitos.
“La seguridad no se compra. No por tener dinero para una alarma y una reja la gente va a estar más segura”, sentencia Patricia Varela. “La gente estará mejor mientras más organizada esté: eso es el plan Comuna Segura”, añade. A la fecha, el Estado ha destinado a Comuna Segura más de $ 14 mil millones. Desde que partió, en 2001 con 12 comunas y $ 1.200 millones de presupuesto, en 2005 cuadruplicó la cifra hasta $ 4.585 millones, con cerca de 70 comunas.
“Comparado con otros países, este gasto es irrisorio”, apunta Varela. En otro plan realizado, denominado “Barrio Seguro”, para 2005 se han comprometido $ 2.375 millones. “No entendemos la seguridad ciudadana desde la represión, sino desde el profundo respeto de los derechos humanos”, completa la directora de Seguridad Ciudadana.
El trabajo comunitario es la clave, como también acercar de nuevo a la gente a carabineros, en capacitar, prevenir, recuperar espacios públicos y organizar a la población. Otros planes estatales para el control de la delincuencia son abordados desde el Ministerio de Defensa.
La cultura del miedo ha llevado, por ejemplo, a una realidad contrapuesta. Hoy, en Chile existen más guardias que carabineros: 62 hombres de azul mil frente a 36 mil hombres de verde. Desde 1990 a la fecha, el presupuesto de Carabineros se ha más que duplicado, la dotación de personal aumentó en 31% y el parque vehicular policial creció en 147,7%. “En 2005 se batió el récord de asignación de recursos a Carabineros. Si el país creció un 6,1%, el presupuesto lo hizo en 12,5%”, apunta el subsecretario Felipe Harboe. Para el año 2005 éste es de $ 289.120.330. “El remedio no es reemplazar carabineros por guardias, sino fortalecer las policías legalmente consituídas”, insiste.
El ‘Plan Cuadrante’ es otra arista crucial. Nació en 1999 para la Región Metropolitana con un presupuesto de $ 81 millones, ya en 2001 había ascendido a $ 3.800 millones y en 2005 alcanza los $ 8.500 millones. A la fecha abarca cuatro regiones (Metropolitana, V, VIII y IX) y, desde 1999, el total de dinero asignado llega a los $ 17.700 millones.
“Nuestros presupuestos no son asignados ni pensados en base al temor ni a la ‘sensación térmica’ del miedo”, advierte Harboe. “Responde a planificaciones y estrategias a largo plazo en torno a la prevención social, a la organización, recuperación de espacios de encuentro urbano, de menor densificación, de educación”, puntualiza Harboe.
“LA GUERRA Y LA PAZ CIUDADANA”
En 1997 el investigador del Instituto Libertad y Desarrollo concluyó que el negocio delictual, basado en el número de denuncias de robos y hurtos, ascendía a $ 23 mil millones por año. Pero era poco considerando la doctrina de Paz Ciudadana, que enseña que sólo un tercio de los delitos son denunciados. Con esa variable, la cifra subía a $ 65 mil millones, un tercio de lo que hasta entonces facturaban las empresas de seguridad.
En la década de los 90, el año más lucrativo para el negocio del miedo fue 1999, el peor año de la crisis asiática. Miles de cámaras y alarmas, rejas eléctricas y botones de pánico. Entonces, la facturación anual de las empresas de seguridad se estimaba en $ 50 mil millones, “casi lo mismo que roban los delincuentes”. Sumando transporte de valores y número de guardias, la facturación de dichas firmas alcanzaba los $ 200 mil millones.
*Datos extraídos del libro ‘La Guerra y la Paz Ciudadana’, de los periodistas Marcela Ramos y Juan Guzmán de Luigi, editado por LOM en octubre de 2000.

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