Andrea Machain
BBC Mundo, Paraguay
El 1 de agosto se cumple el primer año del peor incendio registrado en la historia de Paraguay.
Un pequeño museo recuerda a las víctimas en el estacionamiento del supermercado.
Aquella hermosa mañana, más de mil personas hacían sus compras de fin de semana en un moderno supermercado del tradicional barrio Santísima Trinidad, de la capital, cuando en pocos minutos el supermercado entero ardió en llamas.
El incendio dejó 396 muertos, cerca de la mitad menores, y más de 500 heridos, 56 de ellos con quemaduras de tercer grado.
A un año de la tragedia los familiares de las víctimas y los sobrevivientes, siguen reclamando justicia.
Hubo una explosión
María del Carmen Cristaldo perdió a sus dos hijas y a su marido.
Entre los sobrevivientes está María del Carmen Cristaldo, Lili, quien perdió a sus dos hijas y su marido. Su cuerpo quedó atrapado debajo de una masa de personas que intentaban huir del fuego. Estos cuerpos la protegieron.
Lili debe someterse a varias cirugías reconstructivas y los médicos creen que su rehabilitación tomará varios años. Hasta ahora no puede hacer tareas tan simples como barrer y debe usar permanentemente unas vendas compresoras sobre sus heridas. Recuerda lo que sucedió como si fuera una pesadilla terrible.
«Estábamos entrando al supermercado cuando hubo una explosión. Pude ver cómo cuerpos, sobre todo pequeñitos, volaban por el aire, brazos, piernas», relató.
«Mientras corríamos hacia la salida sentía el humo y el viento. Luego vino el apagón. Creo que unas 200 personas se hubiesen salvado si lográbamos salir. Logré tocar los barrotes de hierro pero el portón estaba cerrado. Luego se nos cayó una avalancha de gente encima y nos quedamos abajo».
Las causas
El incendio dejó 396 muertos y más de 500 heridos.
El moderno edificio era una verdadera bomba de tiempo. Luis Escobar Faella, defensor del dueño principal del supermercado, Juan Pío Paiva, detalló a la BBC lo que dijeron los peritos.
«Tres de los ductos de la parrilla, de la panadería, de la confitería y la rotisería, no salían al exterior. Lo que significa que había una gran cantidad de humo y gases que desde la misma inauguración del supermercado se iban acumulando en la cámara que se formó entre el cielo raso y el techo del edificio que permitió una acumulación de gases de 9.000 metros cúbicos», dijo Escobar Faella a la BBC.
El techo no contaba con extractores eólicos, un error de construcción, dice la defensa, que también responsabiliza a la Municipalidad por haber habilitado el edificio en esas condiciones.
Tres de los ductos de la parrilla, de la panadería, de la confitería y la rotisería, no salían al exterior
Luis Escobar Faella, defensor de Juan Pío Paiva
Posiblemente, una chimenea tapada inició el fuego (que podría haber estado latente por días o semanas) provocando una explosión y una reacción en cadena. Materiales inflamables altamente tóxicos en el cielo raso, produjeron gases como el cianuro lo que también contribuyó al gran número de muertos.
Las alarmas de humo no funcionaron. No había rociadores. Las llaves de paso de las mangueras contra incendios estaban cerradas y el personal del supermercado no sabía qué hacer en situaciones de emergencia.
Juan Pío Paiva y su hijo Daniel, quien estaba a cargo del supermercado, están acusados por la fiscalía de haber ordenado el cierre de las puertas del supermercado, aparentemente para evitar «que nadie saliera sin pagar». Ambos niegan las acusaciones, mientras aguardan juicio en la cárcel de Tacumbú en Asunción.
La responsabilidad
La investigación sobre los grados de responsabilidad de los dueños y los guardias estuvo a cargo del fiscal Edgar Sánchez. Sánchez dice que su vida en lo personal y lo profesional quedó marcada por la tragedia.
El fiscal Edgar Sánchez trabaja en uno de los procesos. La causa se dividió en tres.
«Evidentemente mi vida ha cambiado rotundamente desde el 1 de agosto del 2004. He acompañado a las víctimas en su dolor. A casi un año seguimos entregando cadáveres, identificados por el ADN, y en cada situación se presenta el mismo cuadro», afirmó el fiscal.
«Realmente es una situación muy dolorosa, un hecho cargado de sentimientos y de muchas situaciones ‘extra procesales’, porque uno no puede decir ‘voy a investigar esto fríamente’. Es imposible abstraerse del sentimiento y del dolor de esa gente».
El caso se subdividió en tres procesos. El fiscal Sánchez intentará probar la responsabilidad de los dueños y los guardias, otro fiscal deberá establecer el grado de responsabilidad de los constructores y en un tercer proceso se juzgará la actuación de la Municipalidad de Asunción. Se cree que, debido a la sobrecarga en los Tribunales, el primero de los juicios podrá realizarse recién a principios del año próximo.
Un país en estado terminal
Esta tardanza llena de frustración a los familiares de las víctimas y los sobrevivientes, quienes reclaman justicia rápida y un mayor apoyo de las autoridades.
El médico Roberto Almirón es uno de los dirigentes de este movimiento. Hace un año, mientras intentaba reavivar a los quemados que llegaban a su clínica – que está a solo tres cuadras del supermercado – ignoraba que su propio hijo Eric, estaba entre los muertos.
El país de siempre. Donde el poder judicial y la propia municipalidad son edificios que no tienen escalera de incendios. Un país carente de valores, en un estado terminal
Roberto Almirón
«Este es el país que tenemos, donde las instituciones no cumplen su función, donde los empresarios son capaces de hacer un crematorio de inocentes, un cajón con dos puertas, como techo una garrafa, encerrada con cercas y rejas tipo cárcel, por unos dólares. Justo en un país con un Estado ausente donde la asistencia a las víctimas solamente fue mediática y pasajera. Después todo siguió igual. El país de siempre. Donde el poder judicial y la propia municipalidad son edificios que no tienen escalera de incendios. Un país carente de valores, en un estado terminal».
En respuesta a los reclamos, el director del Comité de Emergencia Nacional, un organismo gubernamental, anunció que la ayuda económica continuará para los heridos que necesitan rehabilitación. Las autoridades también proveen víveres a aquellos que por razones médicas aún no pueden volver a trabajar. Pero para los sobrevivientes y los familiares esto no es suficiente.
No entienden por qué a un año de la tragedia que marcó para siempre sus vidas, deben seguir peleando para que la sociedad no olvide lo que sucedió el 1 de agosto. En medio de su dolor, Doña Francisca Giménez vive rodeada de las fotos de sus nietitos y su hija muertos en el estacionamiento del supermercado.
«El daño ya está hecho. Fueron 400 los muertos. El Poder Judicial ya se debería haber encargado de establecer cómo sucedieron las cosas y tratar de lastimarnos menos. Tengo sesenta años pero me siento de 90. Estoy muy cansada. No quiero que nos mientan. Solo pedimos justicia. No pedimos más que eso».
