Associated Press
BOGOTA – El gobierno de los Estados Unidos certificó el martes a los militares colombianos en materia de derechos humanos, informó el vicepresidente de este país andino, Francisco Santos Calderón.
El aval estadounidense libera recursos por 62 millones de dólares para los años fiscales 2004 y 2005, ayuda que Santos dijo será usada en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
«Este es un gobierno y es un Estado y es una democracia que es respetuosa de los derechos humanos y que cada vez lo hace mejor», dijo el gobernante a la prensa reunida en su despacho.
Esta certificación «nos va permitir seguir trabajando para proteger a más colombianos y para destruir la coca y combatir a las organizaciones armadas que se financian con este tráfico de drogas», afirmó Santos.
El apoyo del gobierno de Washington al trabajo de las fuerzas militares colombianas está condicionado a logros claros y convincentes en los derechos humanos. El Departamento de Estado analiza los informes presentados por el Estado colombiano y organizaciones de derechos humanos para emitir la certificación.
A pesar de la certificación, el ejército se ha visto envuelto en algunas polémicas, entre ellas la presunta ejecución de unos sindicalistas al noreste del país, a manos de cuatro militares y un civil que fueron acusados por la Fiscalía General en agosto pasado.
El ente acusador también ordenó en agosto el arresto de seis militares acusados de la muerte de un bebé, un joven de 14 años y tres campesinos, en un hecho ocurrido hace más de un año, cuando el grupo familiar intentaba llevar al infante a un centro médico, en medio de la noche, en zona rural de Cajamarca al sur del país.
El incidente fue calificado como un error militar.
Según los investigadores, los disparos ocurrieron a muy corta distancia, lo que descarta la versión oficial de que los civiles corrieron cuando los militares les ordenaron detenerse, situación que habría incidido en el error que les costó sus vidas, en abril del 2004.