Procurador pidió al Congreso que estudie alternativas para despenalizar el aborto
La propuesta la hizo en el concepto en el que pidió a la Corte Constitucional que deje sin sanción penal esta conducta en casos especiales.
En opinión del Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, es inconstitucional establecer una sanción penal a las mujeres que se practiquen el aborto en casos de violación, inseminación no consentida, embarazos de alto riesgo o malformaciones del feto.
Sin embargo, Maya fue más allá de estas circunstancias excepcionales y pidió al Congreso que revise la actual legislación a la luz de los tratados internacionales.
Especialmente, con base en ocho recomendaciones de organismos internacionales que precisamente cuestionan la penalización del aborto.
Maya envió el concepto, de 52 páginas, a la Corte Constitucional a raiz de una demanda presentada por la abogada Mónica del Pilar Roa, que pide dejar sin vigencia un artículo del Código Penal que tipifica el delito de aborto.
La condena actual por abortar es de uno a tres años de cárcel, pero hay reducción de pena si la mujer demuestra cualquiera de las circunstancias reseñadas anteriormente.
El concepto le dice a la iglesia católica que la legalidad de una norma resulta del análisis de esta con la Constitución y los tratados y “no de la confrontación con determinadas creencias religiosas”.
Considera que las sanciones por abortos circunstanciales vulneran los derechos de la mujer porque ella recurre a abortos inseguros que son la segunda causa de mortalidad materna en Colombia, según la Organización Mundial de la Salud.
Añade que la protección se hace a través de la educación, la asistencia y el apoyo de la mujer y no con sanciones penales, señala.
El pronunciamiento se produce en medio de un debate que, aunque no es nuevo, resurgió con fuerza este año. Unos días después de que la demandante, que trabaja en la ONG Women’s Link Worldwide, radicó sus argumentos, en abril pasado, movimientos como Laicos por Colombia lanzaron una contraofensiva para evitar la despenalización.
Por su parte, José Galat, rector de La Universidad la Gran Colombia, apareció en avisos de prensa explicando las razones en contra de la posibilidad de que esta práctica quede sin castigo penal. Eso sin contar con las críticas de los voceros de esa iglesia que pidieron proteger el derecho a la vida.
También, se presentó un hecho que aún está por aclararse. En junio la abogada Roa descubrió que alguien ingresó a su residencia, revolvió sus cosas y se llevó su computador, pero no se robó ni sus electrodomésticos ni el dinero que estaba en su escritorio.
Rifirrafe por ley
El Ejecutivo devolvió al Congreso, para que complete una documentación, el proyecto de ley 012 del 2004, que ratifica el Protocolo Facultativo de Cedaw (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).
Esta norma, según algunos congresistas, permitiría el aborto y la legalización de la prostitución.
La Cedaw, (por sus siglas en inglés, Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women), es un instrumento jurídico internacional adoptado por la ONU en 1979, que consagra una serie de garantías para reivindicar los derechos de las mujeres. El país lo suscribió hace más de 20 años, pero hasta ahora lo ratifica.
“Con este protocolo se busca darle un alcance pleno a los objetivos de la Convención”, señaló la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Lucía Vásquez.
Sin embargo, otra cosa piensan algunos congresistas. El pasado 8 de junio unos 30 parlamentarios le enviaron una carta el presidente Álvaro Uribe, en la que le piden que no sancione esa ley hasta tanto no se escuche a la Iglesia Católica y se evalúen algunas consideraciones.
Según el representante Elías Raad, el protocolo tiene un trasfondo que atenta contra la soberanía del Estado pues, de aprobarse, le daría facultades a la Cedaw para intervenir en asuntos de Colombia, a través de un comité presidido por 23 mujeres de diferentes países.
El congresista añade que casos como el aborto y la legalización de la prostitución podrían ser incluidos dentro de la legislación colombiana, gracias al poder que tendría dicho comité. Asegura que estos temas ya fueron esbozados por la Cedaw.
“El protocolo que se busca aprobar es algo adicional a la Convención y solo pretende garantizar el pleno ejercicio de las mujeres en diferentes campos”, señala Vásquez.
De acuerdo con ella, “lo que hay es una lectura equivocada de este instrumento internacional”.
Reacciones
Monseñor Fabián Marulanda
Secretario General del Episcopado
“La Corte Constitucional tiene la última palabra. Hay que esperar”, dijo ayer el secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Fabián Marulanda, sobre el concepto de la Procuraduría.
A principio de julio pasado, el arzobispo de Bogotá, Pedro Rubiano Sáenz, afirmó que “hay una conjura internacional contra la vida y la integridad de la familia”, refiriéndose a los movimientos que quieren despenalizar el aborto.
Mónica Roa
Abogada que interpuso la demanda ante la Corte Constitucional
“El concepto de la Procuraduría, así como el de la Defensoría del Pueblo y de muchos otros presentados ante la Corte Constitucional en los últimos días comprueban que en Colombia finalmente hemos logrado entender que la penalización del aborto es un problema de derechos, equidad de género, justicia social y salud pública (…) La época en que las posiciones religiosas y las encuestas de popularidad o cantidad de firmas recogidas prevalecían sobre los argumentos legales, ya es historia”.
