Cubanos acusados por espionaje irán a nuevo juicio

RUI FERREIRA
El Nuevo Herald
En una decisión que resonó fuertemente en Miami, el Onceno Circuito de Apelaciones,en Atlanta, anuló ayer por voto unánime las sentencias impuestas en el 2001 a cinco cubanos acusados de espiar para el gobierno de La Habana, y ordenó que se les realizara un nuevo juicio.
En los argumentos, un panel de tres jueces indicaron que el juicio realizado en el 2001 a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, René González y Antonio Guerrero, estuvo plagado de »problemas procesales por parte de la fiscalía», y tuvo lugar en un ambiente donde la comunidad se sentía muy prejuiciada hacia los acusados, por lo cual el proceso se debió haber realizado en otra parte.
El tribunal consideró, además, que la necesidad de un nuevo juicio está dada por »la perfecta tempestad creada por los sentimientos de una comunidad y la amplia publicidad [que recibió el caso en la prensa] antes y durante el juicio». Por ende, el tribunal halló también que la formación de un jurado en ese ambiente no fue del todo correcto.
La decisión, plasmada en 93 páginas, sostuvo que la extensa cobertura mediática estuvo prejuiciada contra los acusados, y que la prensa siguió a los jurados; a la vez, tuvo en cuenta las declaraciones de potenciales jurados quienes aseguraron que no podían ser imparciales en un juicio que relacionado con el gobierno cubano.
Los jueces presentaron como ejemplo de ese ambiente de prejuicio, la exclamación que profirió en una de las sesiones del juicio el líder de Hermanos al Rescate, José Basulto, cuando acusó a uno de los abogados defensores de ser «un agente del gobierno cubano».
Los cinco acusados, quienes nunca negaron que trabajaban para La Habana, encararon acusaciones de complicidad en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate que ocasionó la muerte de cuatro voluntarios de la organización, de espiar instalaciones militares estadounidenses y la organización del exilio, así como de tratar de infiltrarse en el Comando Sur. Las sentencias oscilaron entre cadenas perpetuas y 15 años de cárcel.
»Este tribunal tiene conciencia de que se trata de una decisión impopular e incluso ofensiva para muchos ciudadanos. Sin embargo, el tribunal también tiene en cuenta que esos mismo ciudadanos apoyan y protegen las libertades que este país disfruta y que no están al alcance de los residentes de Cuba», expresó el fallo del panel de tres jueces, de los 18 que integran el Onceno Circuito.
Según la corte, «la comunidad cubanoamericana es un bastión de los valores tradicionales que hacen a Estados Unidos un gran país, y en esos valores se incluye los derechos de los criminales acusados a tener un juicio justo. Por ello, confiamos en que cualquier desilusión con nuestra decisión sea atenuada y balanceada por el reconocimiento de que somos un país de leyes donde cada acusado, no importa cuán impopular, debe ser tratado con justicia. Nuestra constitución lo exige».
Ayer, la portavoz de la fiscalía, Alicia Valle, dijo: «Estamos revisando la sentencia y no tenemos más comentario ahora».
Pero Guy Lewis, entonces el fiscal federal al tiempo del juicio, dijo que la decisión fue básicamente »injusta» y que se siente «decepcionado».
»Respeto la decisión, pero me opongo fuertemente a ella», dijo Lewis ayer a El Nuevo Herald.
En su opinión, «ellos tuvieron un juicio justo, los abogados de la defensa pudieron cuestionar al jurado y sacaron a todos los cubanoamericanos del mismo. Este jurado fue constituido por la defensa, y la jueza Joan A. Lenard trabajó duro para que no fuera influenciado por la prensa. Los cuestionaba diariamente sobre eso».
»No hay duda de que estos hombres estaban aquí trabajando a favor de [el gobernante cubano, Fidel] Castro y tratando de destruir nuestro modo de vida», añadió Lewis.
Al amanecer del 14 de septiembre de 1998, la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) arrestó en el condado Miami-Dade a ocho hombres y dos mujeres bajo cargos de integrar la »Red Avispa», la cual presuntamente realizaba labores de espionaje a favor de Cuba.
En los días inmediatos, cinco de los arrestados hicieron una negociación de cargos con la fiscalía y, tras testimoniar contra los demás, fueron condenados a penas de cárcel que no excedieron los cuatro años. Paulatinamente, han sido puestos en libertad y han ingresado al programa de protección de testigos, dijeron fuentes conocedoras del caso.
Pero los otros cinco rehusaron un acuerdo y fueron juzgados por un tribunal de Miami. Tras las sentencias, el gobierno de la isla los declaró héroes y desplegó una campaña por su liberación.
»Mi cliente es un hombre inocente hoy. Ha estado en prisión durante siete años y voy a pedir su libertad bajo fianza», manifestó ayer el abogado Paul McKenna, quien defendió a Hernández, quien fue condenado a dos cadenas perpetuas.
McKenna, quien se manifestó sorprendido por los argumentos de los jueces, dijo a El Nuevo Herald que la decisión fue »muy estadounidense», ya que «refleja los verdaderos valores de la justicia de este país».
»Están diciendo claramente que debe haber otro juicio porque éste no fue el correcto; esa es una oportunidad que tiene todo el mundo aquí», señaló McKenna.
De momento, los cinco hombres, separados en prisiones de diferentes partes del país, permanecerán presos hasta que la fiscalía federal decida si va apelar o no.
Si lo hace, los cubanos serán traídos a Miami, donde todo el proceso »vuelve al punto cero. Ellos ahora son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad», destacó otro abogado defensor, Joaquín Menéndez.
La defensa piensa pedir a la justicia que los cinco hombres sean liberados bajo fianza, pero admiten que sería casi imposible lograrlo, porque ellos no tienen lazos en este país.
Según otros abogados, la fiscalía dispone ahora de varias opciones. Pudiera pedir al Onceno Circuito una audiencia con el pleno de los jueces, apelar al Tribunal Supremo o realizar un nuevo juicio.
En este último caso, si se realiza fuera de Miami, el aspecto financiero no debe ser despreciado. Juzgar a los cinco hombres en Miami-Dade en el 2001 costó $20 millones a las arcas federales, de los cuales $5 millones fueron dedicados a pagar los gastos de la defensa, cuyos abogados nombrados de oficio cobraron $60 la hora.
»Hay que ver que tenemos un nuevo fiscal federal en el sur de la Florida. El tomará la decisión sobre el futuro de este caso», añadió McKenna, refiriéndose a Alex Acosta.
Según Lewis, la fiscalía debe conducir un nuevo juicio, ya que «las pruebas [contra los cubanos] son abrumadoras».
Ese juicio sería presidido nuevamente por la jueza Lenard, pero pudiera realizarse fuera de Miami, dijo el ex fiscal federal.
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rferreira@herald.com

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