MATTHEW I. PINZUR
The Miami Herald
Funcionarios estatales están interpretando de manera diversa una nueva ley que requiere verificaciones de antecedentes penales a los miles de contratistas de los distritos escolares que tienen acceso a las escuelas, según guías que fueron publicadas ayer por el Departamento de Educación de la Florida.
Los líderes de distrito de los condados Miami-Dade y Broward declararon que las nuevas disposiciones requerirán movilizaciones masivas para poder tomarle las huellas digitales a los trabajadores de la construcción que trabajan en las escuelas, al igual que funcionarios de deportes y comerciantes que venden diferentes artículos en el perímetro escolar, todo esto antes que la ley entre en vigor el 1ro. de septiembre.
En todo el estado, miles de estos trabajadores tendrán que presentar sus huellas digitales a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y al Departamento de Policía, lo que costará miles de dólares.
»La ley es muy clara en ese sentido», indicó Pamela Stewart, funcionaria del Departamento de Educación, quien agregó que »no podría ni siquiera tratar de estimar los miles de trabajadores» que quedarían afectados por la medida.
Portavoces de los condados de Miami-Dade y Broward tampoco pudieron ofrecer ningún cálculo, pero los distritos aseguraron que se trata de una tarea ardua.
»Estamos hablando de miles de personas que están en estrecho contacto con nuestras escuelas», comentó Joseph García, portavoz del condado Miami-Dade. «Esas cifras aumentarán a medida que tengamos más lugares donde hacer construcciones».
La verificación de antecedentes es exigida por la Ley Jessica Lunsford, que este año fue firmada por el gobernador Jeb Bush, con el fin de hacer más severo el control y castigo a los depredadores sexuales. La ley toma su nombre de la niña de nueve años, residente en Homosassa, que este mismo año fue secuestrada, violada y asesinada, al parecer por un sujeto con antecedentes de agresión sexual que trabajó en labores de construcción en la escuela donde estudiaba la pequeña.
»Quizás parezca algo extremo, pero sin duda es necesario», dijo Eileen Segal, presidenta del Concilio del Condado Miami-Dade PTA/PTSA. «Será difícil para las compañías constructoras, pero si estos hombres van a estar cerca de los niños diariamente, pienso que deberán verificarse sus antecedentes».
El distrito y los grandes contratistas, sobre todo constructores, han expresado su preocupación sobre el costo, ya que cada verificación cuesta alrededor de 65 dólares por persona.
»Lo verdaderamente triste de todo esto, es que el dinero vendrá directamente de las aulas de los muchachos», observó Evelyn Greer, miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade.
Por otra parte, algunos constructores dijeron que sus empleados preferirían trabajar en otro proyecto en vez de arriesgarse a que salgan a la luz delitos pasados o una determinada situación migratoria. La explosión urbanística brinda oportunidades para todos.
»Estaremos en total cumplimiento a petición del estado de la Florida», dijo Julie Goetz, administradora de comunicaciones para Jostens, la compañía de Minneapolis que vende los anuarios, diplomas y otros documentos. «Apoyamos la ley y creemos que los costos valen la pena».
No quiso revelar cuántos vendedores de Jostens visitaron las escuelas del sur de la Florida y agregó que la compañía negociará los costos de las investigaciones de antecedentes con distritos individuales.
Los líderes de Broward dijeron que quieren que los legisladores vuelvan a estudiar la regulación para, si es posible, proveer alternativas a las huellas digitales.
»No creo que estemos arriesgando a los niños si ponemos un área cercada [para los trabajadores de la construcción] o proveemos supervisión directa de estas personas», dijo el portavoz del distrito escolar de Broward, Keith Bromery.
Las nuevas pautas requieren que los distritos sean los que conduzcan las investigaciones, en lugar de dejarlo a los contratistas. También instruyeron a los distritos a usar tarjetas de identificación, diarios para firmar salida y entrada, puntos de chequeo y otros métodos para asegurar que sólo los trabajadores ya investigados tienen acceso a las escuelas.
Los distritos pueden compartir los resultados de la investigación –un trabajador que fue investigado en Miami-Dade no tiene que pasar otra pesquisa en Broward– pero el estado no está planeando crear una base de datos de trabajadores investigados.
