Nuevo estado de emergencia en Ecuador

Quito. El Gobierno Nacional decretó por segunda vez un estado de emergencia; en esta oportunidad para la ciudad costera de Chone, convulsionada por manifestaciones callejeras de sus habitantes que reclaman la salida del alcalde, Eliécer Bravo.
El primer estado de emergencia fue decretado el pasado miércoles por los disturbios originados en los departamentos amazónicos, productores de petróleo, informó AP.
El estado de excepción entrega facultades especiales a las autoridades y las fuerzas armadas pueden intervenir para normalizar las actividades.
Chone, 300 kilómetros al oeste de Quito, vive desde el pasado miércoles un estado de caos y violencia. Los manifestantes exigen la salida del alcalde por supuestas irregularidades financieras y administrativas.
En las protestas se han registrado cuantiosos daños materiales a instalaciones municipales y entidades privadas.
Justicia imparcial
La justicia de Ecuador inició los trámites para acusar al ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, de sedición y traición, después de que la fiscal general, Cecilia Armas, aceptara la demanda en este sentido presentada por los abogados del ex presidente del país, Lucio Gutiérrez.
La acusación señala que Gándara, de acuerdo con sus propias declaraciones públicas, hizo todos los trámites previos para ser designado ministro dos días antes de la caída de Gutiérrez, el pasado 20 de abril.
Asimismo, señala que Gándara admitió que acudió ante las Fuerzas Armadas para buscar «una salida» a la situación de crisis generada al final del gobierno de Gutiérrez.
El 4 de agosto, Fernando Larrea, uno de los abogados del ex presidente Gutiérrez, solicitó la prisión preventiva del ministro Gándara.
Larrea manifestó que aprueba la decisión de la fiscal «porque es una muestra de que el sistema jurídico no se ha politizado».
Tregua para conversar
La población de las provincias amazónicas ecuatorianas de Sucumbíos y Orellana cedió una tregua al Gobierno para conversar sobre las peticiones que esgrimen los trabajadores y la comunidad en general.
«A pesar de esta tregua, el levantamiento de la huelga depende de los acuerdos a los que lleguemos», dijo la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori. La tregua se dio, según información suministrada por Llori, porque se cumplió la primera condición que pusieron los huelguistas, que fue la liberación de los dirigentes detenidos.
Los dirigentes anunciaron que en las conversaciones participarán la Iglesia Católica y el Consorcio de Consejos Provinciales de Ecuador (Concope) para buscar una solución al paro. El Ejecutivo anunció que ayudará en el traslado de los dirigentes amazónicos hasta la capital.
La población amazónica reclama a las petroleras extranjeras el asfaltado de 200 kilómetros de carreteras y recursos para programas de desarrollo social, además del uso de mano de obra y servicios locales en las actividades.

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