La lista escrita a mano y puesta en la pared de la destartalada estación de policía transmite un mensaje escalofriante.
Categorías de crímenes son clasificadas en la columna de la izquierda. Al final de la lista está la palabra linchamientos. Junto a ella, bajo el día 1 de julio, hay un número uno escrito en rojo.
«Ellos pusieron el cuerpo en la parte trasera de la camioneta y lo descargaron aquí, justo afuera de la estación de policía. Lo arrojaron como si fuera un saco de papas», dice el jefe de Policía, Francisco Pérez Camo.
Este es Chisec, un pequeño pueblo rodeado por remotas aldeas en las tierras centrales de Guatemala, hogar de las comunidades indígenas mayas que viven de la agricultura de subsistencia.
La policía tiene muy poca influencia en la zona. Cuando lo creen necesario, los habitantes toman la ley en sus propias manos.
«Escuchamos que dos hombres habían ido a la estación local de radio, secuestrado a alguien y robado una cinta de grabación», explica Pérez Camo.
«Estos hombres fueron capturados por algunos pobladores y nosotros acudimos al lugar para detenerlos».
«Pero luego, la misma estación de radio comenzó a decir al aire que la policía los iba a dejar libres y a incitar a la gente para que se llevara a los detenidos y los matara».
La justicia en las propias manos
Ellos pusieron el cuerpo en la parte trasera de la camioneta y lo descargaron aquí, justo afuera de la estación de policía. Lo arrojaron como si fuera un saco de papas
Francisco Pérez Camo, jefe de la Policía de Chisec
Lo que pasó después sigue el mismo patrón de lo que ha ocurrido en los últimos años.
La policía pone a los hombres en un auto para llevarlos a una celda cerca de Coban.
Pero unos pocos kilómetros después, una turba bloquea el camino.
La policía intenta una ruta alternativa. Pero también está bloqueada. Tan pronto como el auto se detiene, los prisioneros son arrastrados por la turba fuera de él.
Uno de ellos logra escapar. El otro, un joven de 21 años, Rolando Chub Coc, es golpeado hasta la muerte.
Su cuerpo es depositado en un camión y arrojado en la calle frente a la estación de policía.
Dos semanas después, sólo hay silencio en las construcciones donde alguna vez operó la radio local.
«No hay nadie aquí. Se fueron el día después del linchamiento», dice un vecino.
La causa del linchamiento sigue siendo desconocida.
¿Fue un levantamiento espontáneo motivado por la furia popular? ¿Alguien en la radio tenía rencor por algún conflicto previo? o ¿Se trató de algo premeditado?
Probablemente nunca se sabrá la verdad. La policía en las zonas rurales de Guatemala está sobrepasada y temerosa de hacer arrestos. La justicia cuenta con mínimos recursos.
Los testigos son reacios a entregar evidencia, quizás por temor a represalias o porque simplemente aprueban los linchamientos.
Guerra Civil
Como víctimas, testigos y protagonistas de los hechos, la violencia se convirtió en algo normal para ellos
María Cristina Fernandez, jueza guatemalteca
Es muy poco probable que alguien enfrente un juicio por esta muerte.
Los linchamientos se han convertido en un hecho cada vez más común en Guatemala y sólo un minúsculo porcentaje de los casos llega a los tribunales.
Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas registran más de 400 linchamientos entre 1996 y 2000, con resultado de 200 muertes.
Desde esa época, se cree que las cosas han mejorado.
Sin embargo, según una organización de derechos humanos guatemalteca, hubo 27 incidentes en los primeros seis meses de este año, lo que da un promedio aproximado de uno por semana.
