Quito. Los líderes de la huelga que desató una crisis petrolera en Ecuador se reunieron por segundo día con el Gobierno y las multinacionales para intentar hallar una solución al paro en la Amazonia, que deja millonarias pérdidas y llevó al Gobierno a pedir un préstamo de crudo a Venezuela.
Las partes retomaron las negociaciones luego de no haber alcanzado un acuerdo en una primera ronda celebrada en Quito, señaló AFP.
Los manifestantes culparon al Gobierno y a las multinacionales del fracaso, argumentando la supuesta renuencia a aceptar las demandas de los pobladores de las provincias de Orellana y Sucumbíos, en el oriente amazónico.
«El Gobierno está de parte de las petroleras, porque no quieren sensibilizarlas para que dejen parte de los jugosos recursos que se llevan de la Amazonia», indicó la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori.
La representante se quejó de que el Gobierno los convocara a diálogo para «someterlos a la burla y convertirlos en monos de circo».
Asimismo, negó las versiones que vinculan a los manifestantes con el ex presidente Lucio Gutiérrez, quien fue destituido por el Congreso en medio de una revuelta popular el pasado 20 de abril.
Llori y su colega de Sucumbíos, Guillermo Muñoz, advirtieron que seguirán con la protesta hasta tanto el «Ejecutivo se comprometa a continuar con el proceso jurídico» contra la estadounidense Occidental Company (Oxy) por haber cedido sus derechos de explotación a la canadiense Encana sin la autorización del Estado ecuatoriano.
A pesar de la tregua declarada en la huelga de las provincias amazónicas de Ecuador, en la madrugada de lunes se produjeron incidentes violentos en la población de Dayuma, en Orellana, alrededor del campo petrolero Auca.
Por otra parte, el secretario ecuatoriano de Comunicaciones, Andrés Seminario, anunció su renuncia al cargo argumentando motivos personales, en la tercera deserción ministerial que afronta el presidente ecuatoriano Alfredo Palacio en el último mes.
Entretanto, la Fiscalía de Ecuador anunció que abrió una investigación sobre la falsificación de la firma de Palacio, en un escándalo que involucra a un ex edecán y colaboradores del mandatario.
La supuesta firma presidencial apareció en varias recomendaciones para importantes cargos públicos.
