Agence France Presse
QUITO
El tráfico ilegal de emigrantes se ha convertido, después del narcotráfico, en el delito más lucrativo en Ecuador con ganancias cercanas a los $60 millones al año, según estimados oficiales difundidos ayer por la prensa.
El fiscal de la ciudad de Azogues
(suroeste), Edgar Palomeque, denunció que en promedio unas 500 personas intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos con la ayuda de traficantes o »coyoteros», como se les conoce popularmente.
»Si la travesía se pacta por mar cuesta $10,000 dólares y si es por tierra $15,000», afirmó el funcionario en declaraciones reproducidas por el diario El Comercio.
Las redes de tráfico ilegal están compuestas, además del ‘coyotero’, por el »chulquero», quien presta a intereses altos el dinero al emigrante y el »enganchador», que se encarga de reclutar a las potenciales viajeros, según ONG’s dedicados al tema.
‘El `coyotaje’ es más lucrativo y menos complejo (que el narcotráfico) porque participan varios actores que facilitan el delito», afirmó monseñor Luis Luna, presidente de Derechos Humanos en la provincia de Azuay, de la que Azogues es capital.
El prelado aseguró que los traficantes actúan con la complicidad de policías, miembros de la Marina, diputados, fiscales, jueces y funcionarios de embajadas y de la propia Cancillería ecuatoriana.
Uno de los emigrantes detenido por las autoridades reveló a El Comercio que un policía puede cobrar hasta »$10,000 por ofrecerle seguridad a los viajeros en su trayecto a los puertos donde se embarcan hacia Centroamérica», de donde salen hacia Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades, la Marina ha rescatado en alta mar a 7,599 emigrantes que pretendían llegar a Estados Unidos en pesqueros en los últimos cinco años.
El pasado 12 agosto, una embarcación con 113 emigrantes ecuatorianos naufragó cerca de las costas colombianas, cuando intentaba llegar a Centroamérica.
Nueve de los ocupantes sobrevivieron y los demás se encuentra desaparecidos, según la Marina.
A raíz de ello, el presidente Alfredo Palacio anunció un combate frontal contra el »coyoterismo» a través de un aumento de penas y una acción coordinada de los organismos de seguridad.
