Delincuente común quiso colarse entre guerrilleros desmovilizados

Un delincuente común se coló entre los 39 guerrilleros sometidos a ley de Justicia y Paz
Ludwin González fue condenado por asesinato y secuestro pero en ninguna parte de su expediente se menciona que sea miembro de las Farc.
En las dos sentencias en su contra, firmadas por jueces diferentes y que le valieron condenas por 30 y 37 años, es mencionado como miembro de un grupo de delincuencia común.
Ludwin González Rodríguez fue detenido por la Policía como uno de los responsables del asesinato de un profesor universitario en 1999 –que fue arrojado al Salto del Tequendama– y del secuestro extorsivo de una odontóloga en Bogotá.
Incluso, en el caso del plagio, la sentencia indica que González, cuando fue detenido por la Policía, se identificó como paramilitar. Luego, dijo que pretendía vender la secuestrada a un grupo, que a su vez la iba a entregar a la guerrilla.
Ante estos hechos, lo que no está claro es en qué momento este hombre se convirtió en un guerrillero declarado, que ahora busca desmovilizarse y acogerse a una norma que podría reducir su pena máxima a 8 años.
Aunque el Gobierno no ha enviado oficialmente a la Fiscalía la lista de los 39 guerrilleros que se acogen a la Ley y está a tiempo de depurarla, la pregunta es si no existió un riguroso control previo para disminuir el riesgo de colados.
EL TIEMPO consultó la oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre el tema, pero al cierre de esta edición no había emitido una respuesta.
¿Solo con levantar la mano?
Según la ley, los desmovilizados individuales pueden acogerse a sus beneficios, siempre y cuando “ en las providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo”.
Sin embargo, este requisito no se cumple en el caso de González.
Por eso, jueces y fiscales consultados por este diario se preguntan hasta dónde el Gobierno está corroborando la información entregada por estas personas.
De hecho, en la resolución 5289 del Inpec que ordena el traslado de los presos, que estaban en la cárcel de Cómbita (Boyacá), se señala que estas personas “dicen pertenecer a las Farc”.
Este es uno de los puntos que ha criticado el congresista liberal Rodrigo Rivera, pues a juzgar por el documento parece que estos hombres están siendo considerados para estrenar la ley porque simplemente levantaron la mano.
A sus cuestionamientos se sumó ayer un pronunciamiento de Amnistía Internacional. De acuerdo con la ONG, la aplicación de la norma a presos de las Farc “no garantizará la desmovilización del grupo guerrillero, ni su adhesión al derecho internacional humanitario”.
Otras críticos han señalado que la ley fue concebida para impulsar procesos de paz y no para beneficiar a presos.
Por su parte, fuentes del Gobierno han sostenido que este hecho, que además le sirve para dejar en claro ante la comunidad internacional que la ley no fue solo hecha para las Auc, demuestra su voluntad de paz y reduce la lista de eventuales ‘canjeables’ de las Farc.
La resolución
“El Gobierno Nacional ha recibido 40 comunicaciones suscritas individualmente por sendas personas que dicen pertenecer a las Farc, quienes manifiestan su voluntad de acogerse a las disposiciones de la ley de Justicia y Paz”. Aparte de la resolución del Inpec sobre el traslado de los presos.
Las condenas contra Ludwin
‘Lo lanzaron vivo’
El 29 de septiembre de 1999, el profesor Aureliano Ramírez se encontró en Bogotá con Ludwin González, de 19 años, estudiante universitario, quien estaba con dos compañeros.
Los jóvenes subieron al carro del catedrático, quien accedió a que uno de ellos conduciera. En el recorrido, otro de los muchachos tomó por la corbata al profesor y los demás lo golpearon.
Tomaron su billetera y sacaron el dinero de las tarjetas. Luego fueron hasta el Salto del Tequendama. Lo amarraron y, sin importar las súplicas del profesor, lo arrojaron al vacío. La Fiscalía ordenó la captura de los jóvenes porque seguían utilizando las tarjetas y el carro. Un juez lo acaba de condenar a 30 años.
‘Mire, yo soy ‘para’’
Cuando la Policía detuvo a Ludwin González, el 26 de abril del 2002, él atinó a decirles: “Mire, yo soy un paramilitar”, y les ofreció dinero para que lo dejaran libre y no dijeran nada de la subametralladora y el revólver que le encontraron en su carro.
González, prófugo por el crimen del profesor, fue detenido, junto con dos cuñados, en Sopó. La Policía investigaba el secuestro, el día anterior, de una odontóloga.
Al día siguiente, el suegro de González se presentó y contó que los jóvenes habían salido en un carro prestado, porque la camioneta de Ludwin estaba dañada. La Policía descubrió que se trataba del carro de la secuestrada. González fue condenado a 37 años.
Crímenes de los que buscan estrenar la Ley
José Nicolás Hurtado Buriticá, ‘Carlos Huevo’, procesado por el plagio del niño Vitys Karanauskas, ocurrido el primero de abril del 2003. Además aparecen Rodrigo Obando Viva, considerado como el jefe de las milicias bolivarianas del bloque oriental; Duván Alberto Cartagena, jefe del frente 31; Fabio Gil Forero, ‘Norbey’, jefe del frente 38.
Jairo Manco Zapata: 37 años de prisión por secuestro extorsivo y rebelión por el juzgado segundo penal del circuito especializado de Antioquia. CASO: El 23 de abril de 1999 en la vereda Carrizales, del municipio de El Retiro, oriente antioqueño, secuestró al señor Camilo de J. Rojas Rodríguez. Al parecer el plagiado recobró la libertad pocos días después tras el pago de 5 millones de pesos.
La Policía capturó por este hecho a dos personas.
Cristóbal Beltrán Luna. 24 años 4 meses por secuestro extorsivo por juzgado primero penal del circuito especializado de Antioquia. El caso tiene el radicado 19942A y se trata del secuestro del señor Carlos Saúl Lozano Ceballos ocurrido en 1995. En marzo de 1996 llegó la investigación a la Fiscalía.
John Mario Chaverra Acevedo. 432 meses por homicidio y conformación de grupos ilegales. Juzgado primero penal del circuito especializado de Medellín. De este solo se sabe el radicado 00793 del juzgado pero el juez pidió una solicitud para conocerlo.
Robinson Céspedes Calderón: Fue condenado por la toma guerrillera de Roncesvalles (Tolima), el 15 de julio del 2000, en la que las Farc asesinaron a sangre fría a 13 policías que se rindieron.
Dayro Rodríguez: Condenado por la toma guerrillera de San Antonio (Tolima), el 23 de febrero del 2001, en la que murieron 2 policías. Fue sentenciado a 40 años de prisión.
Ramiro Mejía Garzón: Fue capturado en una inspección de San Antonio (Tolima), el 9 de julio del 2000. Fue condenado por rebelión a 48 meses.

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