Agence France Presse
LA PAZ
Miles de universitarios mantenían ayer tomada la ciudad de La Paz, sede del gobierno de Bolivia, en demanda de mayores recursos derivados de los impuestos a la producción petrolera.
En el segundo día de protestas, los estudiantes de la estatal universidad de San Andrés bloquearon las más importantes calles y avenidas capitalinas. La protesta se incribe en el marco de una serie de cortes de ruta, al menos 12, y una veintena de piquetes en huelga de hambre en diversos puntos del país, promovidos por una organización que agrupa a 327 municipios.
Pasado el mediodía el centro de La Paz se había tornado intransitable, también por la movilización de varios miles de vendedores al menudeo y trabajadores de la vecina de ciudad de El Alto.
Los vendedores reclamaron mejores condiciones de vida y exigieron la nacionalización de hidrocarburos, mientras que la Central Obrera Departamental de El Alto (COR) la contrucción de nuevo aeropuerto y hospital público, además de la asignación de recursos derivados de los impuestos petroleros para la Universidad Pública (UPEA) de esa ciudad.
»Demandamos urbanizar el corazón de la ciudad para generar empleos», dijo el líder de la COR, Edgar Patana.
Las tres marchas confluyeron en La Paz, sacudida por fuertes descargas de fulminantes de dinamita detonados por los manifestantes, mientras el presidente Eduardo Rodríguez y los titulares de las Cámaras de Senadores y Diputados, Sandro Geodano y Norah Soruco respectivamente, tanteaban soluciones a los reclamos municipales y del sistema universitario nacional. Las alcaldías demandan una participación de 25 por ciento en los ingresos del IDH, mientras las universidades estatales reclaman 5 por ciento, como establece la ley de hidrocarburos promulgada en mayo pasado por el Congreso.
Producto de la aplicación del IDH, el Estado podría recaudar unos $500 millones en el 2005, en virtud de la legislación que eleva de 16 a 32 por ciento el pago de impuestos por concepto de explotación de hidrocarburos y que además grava, a operadores privados, con el 18 por ciento de regalías del valor de la producción destinado a regiones productoras.
El Gobierno pidió enmarcar la conversación con los inconformes en lo que prescribe la norma petrolera.
