Ecuador dio luz verde a convención contra la corrupción

Naciones Unidas. Ecuador se convirtió en el trigésimo país en ratificar la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, lanzando de este modo la cuenta atrás para que el tratado entre en vigor en un lapso de 90 días.
La Convención es «una innovación fundamental», dijo en conferencia de prensa Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención de la Droga y el Crimen (Unodc), quien también agregó que la misma «es una victoria para millones de ciudadanos que habitan en el mundo» actualmente, destacó AFP.
Esta medida anticorrupción dota de un marco legal internacional a la lucha contra este crimen pero, al mismo tiempo, compromete a los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a recuperar los fondos que hayan sido captados por funcionarios corruptos, políticos o contratistas.
«Las personas obligadas a pagar sobornos por servicios básicos, y que fueron víctimas de extorsión o forzadas a vivir en la pobreza debido a que sus líderes corruptos agotaron los recursos naturales del país, tendrán una oportunidad de mejorar sus vidas», añadió Costa.
El tratado «se ocupa, más que todo, de la corrupción en el sector público» y su capítulo más destacado se refiere a la recuperación de los bienes sacados del país por funcionarios corruptos que los adquirieron ilícitamente.
La ONU ha aprovechado la multitudinaria presencia de jefes de Estado y de Gobierno en Nueva York para recabar adhesiones a las convenciones que se han elaborado en los últimos años, que requieren un número determinado de ratificaciones para estar vigentes.
Hasta la fecha, más de 100 países han firmado el tratado. Sin embargo, sólo 30 de ellos lo han ratificado, entre los cuales se encuentra México, Brasil, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Ecuador.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Antonio Parra Gil, mostró su satisfacción de que su país haya sido el que ha permitido que el tratado sea una realidad.
Costa enfatizó que «la corrupción es un problema de amplitud mundial, no sólo de un continente o el otro», si bien centró su respuesta sobre Latinoamérica en la corrupción derivada del narcotráfico.
Al mismo tiempo valoró positivamente la actitud de los países latinoamericanos, que «han sido extremadamente abiertos» en los trabajos de la Convención.
«El hecho de que la Convención haya pasado de un concepto a un instrumento en menos de dos años demuestra que llegó el fin de la época de los líderes corruptos», dijo Costa.
Esta convención ofrece a las naciones las herramientas legales necesarias para transformar sus economías. Los fondos recuperados pueden ser reutilizados para el desarrollo.
En los países que suscriben la Convención ningún banco puede privilegiar el secreto bancario si existen sospechas fundadas de que un cliente tiene en su cuenta dineros obtenidos en forma ilegal.

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