Endurecen leyes contra agresores sexuales

. SANTIAGO y S. OLKON
The Miami Herald
El abogado de Robert Taylor, el agresor sexual que pasó 13 años en prisión por violar a su propia hija de ocho años, declaró que el individuo podría estar de regreso en las calles de Broward alrededor de las festividades navideñas.
No sería, sin embargo, la primera vez. Taylor ha estado saliendo y entrando a la cárcel por lo menos tres veces desde el 2003 por violar las leyes de vagabundeo, principalmente porque ningún dueño de casa, director de un refugio, ni jefe de empresa quiere aceptar a un agresor sexual que ha sido encontrado culpable.
Ya Taylor ha sobrevivido la experiencia de vivir sin techo, presentándose regularmente ante su oficial de libertad condicional e informándole en cuál estacionamiento, puente o casa abandonada vive, hasta que el ciclo empieza otra vez y de nuevo es arrestado por vagabundeo.
Heather Henricksen, asistante de la fiscalía estatal para delitos sexuales y abuso infantil, predice que Taylor, al igual que la mayoría de los depredadores sexuales, no estará en la calle mucho tiempo, ya que pronto regresará a la cárcel.
»Nadie quiere que una persona como Taylor viva en su barrio ni trabaje para su compañía, y realmente no los critico», afirmó la asistente de la fiscalía.
La cárcel y el desamparo de la calle son las dos cosas que parecen estar esperando siempre a un tipo de individuo como Taylor.
En todo el país, las ciudades están adoptando leyes cada vez más severas, en las que se limita dónde pueden vivir y trabajar los culpables de un delito sexual. Muchos lugares tienen ya en vigor ordenanzas que dejan pocos sitios, o ninguno, para que puedan vivir en su comunidad.
Casi todas las ciudades del Condado Broward y muchas en Miami-Dade han adoptado o considerado adoptar leyes que prohíben que los delincuentes sexuales vivan a menos de 2,500 pies de una escuela, parques, paradas de autobuses escolares, o cualquier otro lugar que frecuentan los niños.
Las propuestas más recientes podrían hacer que muchos de los agresores sexuales permanezcan sin inscribirse o se alejen rumbo a zonas del norte del sur de la Florida, en áreas que todavía no han adoptado estas regulaciones.
Mientras tanto, el estado, que en la actualidad les prohíbe a los depredadores sexuales que vivan a menos de 1,000 pies de donde los niños se reúnan, está también contemplando ampliar el alcance de su ley cuando la Legislatura se reúna en marzo.
Aunque las nuevas leyes impiden que estos delincuentes se multipliquen, algunos críticos señalan que no todos los que han sido calificados como tales son en verdad peligrosos y que ni siquiera representan una amenaza para los menores.
Funcionarios de algunos estados han observado esta cuestión y de manera agresiva notifican a las comunidades, escuelas y guarderías infantiles, al tiempo que publican en distintas páginas online información bastante específica acerca de los delincuentes más peligrosos.
En la Florida, por ejemplo, este tipo de distinción entre un delincuente y otro es un poco confusa, pero a la vez se toma cada vez más en serio después de los horribles asesinatos de la niña de tercer grado Jessica Lunsford y de la adolescente de 13 años Sarah Lunde, ocurridos este año en poblaciones del centro de la península floridana.
En todo el país, los políticos –a los que se les ha sumado un sinfín de funcionarios judiciales y defensores de los derechos de las víctimas– creen que con las nuevas leyes se crea una medida adicional de protección contra los agresores sexuales cuyas presas favoritas son los niños.
Por su parte, el doctor William McEchron, que atiende a depredadores sexuales, testificó ante un tribunal argumentando que para este tipo de personas hasta ahora no se ha encontrado una cura y es justamente debido a eso que «nunca hay una garantía absoluta de que no vuelvan a repetir su delito».
A principios de septiembre, casi todas las ciudades de Broward, con la excepción de Hollywood, Hillsboro Beach, Southwest Ranches y Lauderdale-by-the-Sea han puesto en vigor o están considerando adoptar ordenanzas en contra de los agresores sexuales.
La Comisión del Condado Broward está planeando revisar si pone en práctica este tipo de ordenanza en el resto de las ciudades que aún no la han adoptado.
La propuesta inicial de Miami-Dade podría prohibir que los culpables de delitos sexuales vivan en los límites del condado, pero con posterioridad los comisionados eliminaron las cláusulas que hubieran creado barreras de media milla alrededor de miles de guarderías infantiles y de paradas de autobuses escolares.
La propuesta ahora tiene una restricción de 2,500 millas alrededor de las escuelas. Harry Boreth, presidente del Capítulo de Broward de la Unión de Libertades Civiles. dijo que su oficina está en espera de los documentos legales para impugnar estas ordenanzas, pero que cree que les resultará una batalla muy dura.
»Hasta ahora, estamos perdiendo en los tribunales. La medida sigue en vigor. Los tribunales conservadores y las ordenanzas que protegen a los niños de los agresores sexuales son muy difíciles de derrotar», señaló Boreth.
A partir del 1ro. de septiembre, los agresores sexuales que han sido puestos en libertad serán electrónicamente monitoreados, una medida que se aprobó a principios del presente año.
Sin embargo, para algunos las leyes dejan a un lado lo que debería constituir la verdadera preocupación.
»El problema no es dónde viven los agresores sexuales, sino qué lugares frecuentan», precisó Ernie Allen, presidente del Centro Nacional para Niños Desparecidos y Explotados.
Allen dijo que de los 563,000 que fueron excarcelados en todo el país, hay 100,000 de los que no se tiene un control estricto.
»Esos son los que tienen más posibilidades de volver a cometer el mismo delito», observó.

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