NELIDA FERNANDEZ ALONZO
EL UNIVERSAL
La organizaciones no gubernamentales Compromiso y Combate contra el VIH/sida, Comvih y Acción Solidaria introdujeron la mañana de ayer dos demandas de nulidad y amparo ante las cortes Primera y Segunda en lo Contencioso Administrativo en contra de actos realizados por la Superintendencia de Seguros.
Víctor Cróquer, abogado y director de Comvih, informó que el organismo demandado es el encargado de chequear y validar las pólizas de las diferentes compañías de seguros y ha aprobado las pólizas presentadas por las empresas Mapfre y Universitas de Seguros, instituciones que contienen entre sus excepciones la cobertura de siniestros por VIH/sida y por enfermedades de transmisión sexual, respectivamente.
«Cuando se hace la salvedad de que no se cubren los gastos generados por personas que viven con VIH, hay una evidente discriminación», dice Cróquer y reitera que actualmente muchas aseguradoras «no cubren a la persona en un siniestro que tenga que ver con VIH/sida ni tampoco le cancelan la póliza automáticamente».
El activista subraya que las compañías de seguros pueden diseñar las pólizas de acuerdo con sus particulares intereses, pero que es la Superintendencia de Seguros el órgano que debería poner un freno a las exigencias discriminatorias de esos contratos y rechazar las que atenten contra los derechos de los venezolanos.
«Es por eso que descartamos desde un principio intentar una demanda contra las empresas aseguradoras, pues están funcionando con autorización. La demanda que presentamos se hace contra el acto de autorización de las pólizas por parte de la Superintendencia de Seguros, y se pide la nulidad del acto administrativo», dice y agrega que esta acción está acompañada de un amparo constitucional «por violación de derechos humanos».
Según el abogado, existen más de 45 aseguradoras registradas en la Superintendencia y la mayoría contienen estas disposiciones discriminatorias, por esta razón los representantes de las ONG piden la aplicación de tres principios: principio de autotulela de la administración, para que el ente señalado corrija su error y principios de celeridad y economía procesal.
Se solicita que el tribunal «ordene la inmediata revisión de todas las pólizas existentes y que a futuro no tengan disposiciones discriminatorias».
