Las ordenanzas que permiten el libre cultivo de la hoja de coca en zonas de Cusco y Huánuco, y que fueron aprobadas por sus respectivos gobiernos regionales, fueron declaras contrarias a la Constitución. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda del Poder Ejecutivo pero llamó la atención a su política antidrogas.
El presidente del Tribunal, Javier Alva Orlandini, explicó que la sentencia del colegiado se basa en que las atribuciones del Gobierno Central no pueden ser asumidas por el Gobierno Regional, tal como lo pretendieron Cusco y Huánuco al intentar legalizar el cultivo de la hoja de coca en su jurisdicción.
La celeridad con que el TC evacuó su sentencia ante este caso fue explicada por su presidente al señalar que dicho tema era de mucha importancia por lo cual se dedicaron a su inmediata resolución.
En comunicación con Radioprogramas, Alva Orlandini dijo que los gobiernos regionales aludidos deberán acatar el fallo toda vez que la sentencia tiene carácter vinculante y si pretenden desconocerlo serán objetos de las sanciones que contempla la ley.
La sentencia
La sentencia del TC también exhorta al presidente de la República a reevaluar la política nacional e internacional antinarcóticos de conformidad con los artículos 3 y 11 del artículo 118° de la Constitución a efectos de que sea más eficiente y acorde al derecho y a la realidad nacional y regional.
En se sentido, el colegiado advirtió que dichas políticas no están alcanzado los resultados esperados y no resulta plenamente afín con la realidad nacional y regional sobre la materia. Además precisa que «la débil capacidad de gestión de ENACO S.A., sería la principal razón del comportamiento inercial de las compras de hoja de coca».
El TC observó además que -según Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)- el programa desarrollo alternativo que realiza DEVIDA hasta el momento tampoco ha obtenido los resultados constitucionalmente exigibles de incorporar a los cocaleros a las políticas agrarias alternativas, en el marco del desarrollo agrario y de la lucha contra el narcotráfico.
«En otras palabras, no es plenamente constitucional que el combate preventivo contra el tráfico ilícito de drogas (TID) sólo se dirija contra uno de los estadíos que permiten su perpetración, y no contra la oferta y la demanda de drogas y la comercialización de insumos químicos, lo que podría generar resultados más efectivos y menos costosos», añade el TC.
Las reacciones
El presidente de la Región Cusco aceptó de mala gana la resolución del TC y aunque dijo que lo acatará anunció que recurrirá a instancias supranacionales para apelar la decisión que declara ilegal las ordenanzas sobre el cultivo de hoja de coca.
Carlos Cuaresma señaló que esta decisión viola los derechos de los agricultores y que espera que su demanda sea admitida y prospere en el fuero internacional.
Estadísticas sobre siembra
Por su parte, el consejero regional de Huánuco, Antonio Pulgar, dijo a la agencia Andina que la norma del TC será «evaluada para hallar mecanismos legales que les permita apelar el fallo ante instancias internacionales».
Los cocaleros le venden a Enaco 3 mil toneladas de las 110 mil que producen al año. Según el MEF, 6 mil de ellas se destinan al mercado informal y 100 mil van al narcotráfico
El Perú está entrando a su segundo ‘boom’ cocalero. Así lo confirman las cifras. Ha crecido el número de hectáreas sembradas (para el 2004 se verificaron 50.300 contra las 44.000 del 2003), aumentó la productividad de la coca (dos toneladas por hectárea, el doble de lo que producía el ‘boom’ de los años ochenta) y se incrementó notablemente la elaboración de cocaína (que hoy representa el 70% de la droga incautada -7 toneladas el 2004-, cuando hace tres años representaba solo el 25%).
En tan azaroso contexto, ha surgido un movimiento cocalero que se viene radicalizando y que ahora exige la «liberalización de la hoja de coca», pues sus dirigentes consideran que su consumo es parte de «nuestra herencia cultural».
Ante este argumento, diferentes estudios (Instituto Nacional de Estadística -INEI- y otros) han determinado que solo 4 millones de peruanos consumen coca de manera tradicional.
Para satisfacer la demanda de estos ciudadanos se necesitan unas 9.000 toneladas (datos del INEI), pero en el Perú se producen, según las Naciones Unidas, entre 96.000 y 123.000 toneladas anualmente (110.000 en promedio).
¿Hacia dónde va el excedente? ¿Qué se hace con esas otras cien mil toneladas? La respuesta es obvia: las usa el narcotráfico. La prueba es que, entre el 2003 y el 2004, las incautaciones de cocaína han crecido un 104%, y que en agosto en Lima se incautaron 586 kilos de cocaína y 16 kilos de pasta básica.
A pesar de esta realidad, los dirigentes cocaleros se presentan como productores tradicionales, aun cuando la notable cantidad de cultivos solo tenga una explicación: los altos precios de la hoja de coca (50 dólares por arroba -11 kilos-) impuestos por la demanda de los cárteles de narcotraficantes.
Es evidente que el narcotráfico ha encontrado en nuestro país un campo fértil. Comparado con Colombia, el Perú tiene una gran ventaja: aquí existe un mercado legal generado por una tradición de consumo ancestral.
Tal situación le permite a los cocaleros disfrazar las 100.000 toneladas de sobre producción de hoja de coca como si estuvieran destinadas al consumo tradicional.
Aunque los dirigentes esconden sus verdaderos motivos, detrás de la careta del cocalero tradicional los datos del padrón de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), que paga por arroba 60 soles, algo más de 18 dólares, los desenmascara por completo (ver el recuadro adjunto).
Así lo demuestra un estudio de junio del 2005, realizado por el MEF a través del Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), el cual concluye que 31.886 campesinos (que cuentan con 34.245 licencias -algunos tienen más de una-) producen unas 39.484 toneladas de hoja de coca. Es decir, la producción total de estos agricultores es cuatro veces más alta que la demanda legal existente (9.000 toneladas).
Peor aun. Según Fonafe, de los 31.886 empadronados, solo 8.453 le vendieron de forma regular a Enaco entre el 2001 y el 2004. Y aunque parezca increíble, ni siquiera toda la producción de estos ‘cumplidos’ campesinos fue a parar a Enaco. Solo le vendieron a esta institución la cuarta parte (2.927 toneladas) de su producción total (10.426 toneladas).
El estudio de Fonafe ha permitido identificar con nombre y apellido a estos 8.453 cocaleros que le venden regularmente a Enaco. Si tomamos en cuenta que su producción total es de 10.426 toneladas, lo que debe hacer el Estado es comprarle solo a ellos su producción (que sobrepasa en una tonelada la del consumo tradicional) y el resto debiera ser erradicada, pues evidentemente está destinada al narcotráfico.
