WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald
La documentación presentada por el gobierno estadounidense contra el militante anticastrista Luis Posada Carriles, no incluye los materiales sobre su presunta culpabilidad en acciones terroristas que habían sido entregados por Cuba a agentes del FBI en 1998. «Ninguno de los materiales que contiene el expediente del caso está relacionado con información proveniente de Cuba», dijo ayer el abogado Eduardo Soto. «No hay nada de eso en la documentación del gobierno».
El expediente de más de 300 páginas de alegaciones -conformado por el Departamento de Seguridad Territorial- fue entregado al juez de inmigración William L. Abbott en un tribunal de El Paso, Texas, con el fin de impedir la permanencia de Posada en Estados Unidos. La argumentación del gobierno se sostiene en los antecedentes violentos de Posada como combatiente anticastrista, concentrando la atención en su supuesta responsabilidad en la voladura de un avión cubano con 73 pasajeros a bordo en 1976. Pero Soto considera que los documentos presentados son improcedentes en el caso.
«Estamos solicitando al tribunal que se prohíba el uso de esa documentación», indicó el abogado. «Hay mucho material de archivos con fuentes confidenciales que no se identifican o están ya fallecidas, y una voluminosa cantidad de artículos de prensa».
Pero la revelación más notable es la aparente exclusión del caso de las pruebas aportadas por el gobierno cubano durante una reunión con agentes del FBI en La Habana, los días 16 y 17 de junio de 1998. A fines de mayo, el gobernante Fidel Castro hizo público un informe sobre esos encuentros conjuntos de oficiales cubanos de inteligencia y agentes del FBI en 1998, en los cuales se analizaron supuestos planes terroristas de activistas exiliados.
Castro indicó que en esa oportunidad se entregó a la delegación norteamericana abundante información documental y testimonial, incluyendo las grabaciones de 14 conversaciones telefónicas de Posada que lo comprometían en actos terroristas contra Cuba. Las conversaciones fueron grabadas en varios países de Centroamérica y República Dominicana.
También la inteligencia cubana entregó al FBI las transcripciones de ocho conversaciones de detenidos bajo acusaciones de terrorismo en la isla, quienes sacan a la luz sus vínculos con Posada.
Sin embargo, Soto enfatizó que «esa información no cuenta en las alegaciones del gobierno’. Una fuente gubernamental en Washington dijo semanas atrás a El Nuevo Herald que «se estaba considerando» los informes entregados por Cuba al FBI.
«Esos reportes [de Cuba] van a revisarse y podrían incorporarse al caso», manifestó el funcionario bajo condición de anonimato. Soto pidió ayer al tribunal de El Paso la postergación de la audiencia fijada para este viernes con el propósito de evaluar el otorgamiento de una fianza a su cliente.
«Hemos pedido 30 días para analizar meticulosamente los documentos entregados por el gobierno y solicitar a la corte que los refute en su totalidad», explicó Soto.
El juez Abbott negó esta semana el traslado del caso a un tribunal de la Florida. La audiencia para determinar la deportación de Posada será el 29 de agosto.
Para el abogado José Pertierra, quien asesora al gobierno de Venezuela en el pedido de extradición de Posada, la solicitud de Soto es «indicativa de su preocupación».
«Está muy claro que el señor Posada no califica para ser liberado bajo fianza y que tienen que enfocarse en el caso de extradición, que va a dejar en un segundo plano al caso de inmigración», consideró Pertierra en conversación telefónica desde Washington. Venezuela solicitó oficialmente la extradición a EEUU el pasado 10 de junio. El expediente incriminatorio de 520 páginas contiene información de Venezuela, Barbados y Trinidad-Tobago exclusivamente relacionada con el atentado al avión cubano.
Anoche el Departamento de Estado declaró que, según el procedimiento establecido, la petición había sido remitida ya al Departamento de Justicia.
Soto está consciente del reto que representa la solicitud venezolana, pero «hay que esperar por una decisión oficial en los próximos 45 días».
Posada, de 77 años, fue arrestado el pasado 17 de mayo durante un operativo federal en Miami-Dade, luego de retirar una petición de asilo político.
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