WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald
En una decisión que allana el camino para su permanencia en Estados Unidos, un juez de inmigración decidió ayer que el militante anticastrista Luis Posada Carriles no será enviado a Venezuela ni a Cuba argumentando la probabilidad de actos de tortura en ambos países.
El veredicto del juez William L. Abbott posterga la deportación de Posada, de 77 años, en virtud del Convenio contra la Tortura (CAT), que impide el envío de prisioneros a países donde pudieran recibir tratos denigrantes o violatorios de un debido proceso legal.
Basándose en informes oficiales del Departamento de Estado y organizaciones no gubernamentales, así como en el testimonio del abogado venezolano Joaquín Chaffardet, Abbott concluyó que «el procesado ha podido establecer que muy probablemente sería sometido a tortura si es enviado por EEUU a Venezuela».
El dictamen de siete páginas fue sorpresivamente divulgado en la tarde del martes, apenas 24 horas después de concluido el juicio de inmigración que se siguió a Posada en un tribunal de el Paso, Texas.
»De hecho, no existe un estatuto que prohíba la postergación de deportación de acuerdo con la ley vigente», escribió Abbott en su argumentación. «El más odiado terrorista o genocida calificaría para una postergación de deportación si es capaz de mostrar pruebas suficientes acerca de la probabilidad de tortura en el futuro. Esta es nuestra posición colectiva como nación, que nadie, no importa cuál sea su pasado, será deportado a un país donde exista una clara probabilidad de tortura».
El fallo judicial significa que Posada no será deportado temporalmente, aunque el gobierno estadounidense podría designar otro país adonde enviarlo. Los representantes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) tienen un plazo de 33 días para apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones de Inmigración (BIA), con sede en Virginia.
»La decisión judicial no descarta la opción de que el señor Posada sea enviado a otro país», dijo ayer Dean Boyd, un vocero de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). «Estamos revisando cuidadosamente la decisión para determinar cómo vamos a proceder en cumplimiento de este fallo».
El gobierno estadounidense ha explorado desde un comienzo otras alternativas de deportación, pero al parecer no ha hallado un país que quiera aceptarlo.
Mientras, Posada continuará indefinidamente en el Centro de Detención de El Paso, donde ha cumplido ya 135 días desde su arresto el 17 de mayo en el suroreste de Miami. Sin embargo, sus abogados planean solicitar su liberación, por razones humanitarias, luego de que transcurran 90 días de la decisión judicial.
»Este es un día histórico para la justicia en este país», afirmó ayer el abogado Eduardo Soto minutos después de conocer la decisión. «Indudablemente es un momento emocionante, porque hemos ganado el primer escalón de esta batalla legal… esto fue lo que vislumbramos desde un comienzo en el caso».
Soto indicó que pedirá la liberación de su cliente ante un juez federal, invocando una reciente decisión del Tribunal Supremo que prohibe la detención indefinida de ciudadanos extranjeros no deportables.
El asistente legal del gobierno de Venezuela, el abogado José Pertierra, criticó de inmediato la decisión judicial, aunque enfatizó que el proceso inmigratorio nada impide la extradición solicitada por las autoridades venezolanas desde el pasado 15 de junio.
»Es realmente preocupante la forma en que el DHS le sirvió en bandeja de plata la decisión al juez Abbott», comentó Pertierra desde Washington. «Y lo que más molesta es que los representantes del gobierno tenían la obligación de presentar evidencias y testigos de que Posada no va a ser torturado en Venezuela, y no lo hicieron… ¿es imcompetencia profesional o un guiño de ojo al juez?»
Pertierra recordó que está aún en pie la solicitud de extradición, todavía en proceso por el Departamento de Justicia.
»Esta decisión del juez Abbott no impide que proceda el caso de extradición», enfatizó el abogado. «El DHS no tiene vela en este entierro y no puede obstruir que un juez federal ordene que Posada sea extraditado».
Venezuela también hizo un pedido al Departamento de Estado para la detención preventiva de Posada. Según Pertierra, el Departamento de Justicia ha reiterado al gobierno venezolano que el caso de inmigración es paralelo e independiente de la solicitud de extradición, que será oportunamente respondida.
Por el momento, el veredicto judicial y la demora en el procesamiento de la extradición refuerzan las tensiones entre Caracas y Washington. El presidente Hugo Chávez ha expresado ya que reconsiderará los vínculos diplomáticos con EEUU si Posada no es extraditado a Venezuela.
Los argumentos de Abbott no pasaron por alto las acusaciones de terrorismo que pesan sobre Posada, pero tampoco las referencias a la situación de Venezuela y sus estrechas relaciones con el régimen de Fidel Castro.
»El DHS declaró que mientras el gobierno estadounidense no tiene ninguna información específica sobre posibles planes de tortura hacia el procesado, los crecientes vínculos políticos y económicos entre Venezuela y Cuba podrían conducir a un ambiente favorable a que agentes cubanos viajen a Venezuela para interrogarlo», observó el juez.
