Acusados alegaron indefensión en juicio por videoconferencia

El juicio por el motín de la prisión de Fontcalent se celebrará del 30 de enero al 22 de febrero de 2006 en el salón de actos del palacio de Justicia de Benalúa. La Audiencia Provincial de Alicante ha señalado esas tres semanas para la repetición de la vista oral de un proceso en el que se juzgará a 11 personas por su supuesta participación en el motín de dos días, organizado en 1990 en la prisión de Fontcalent. La sentencia fue revocada al alegar la supuesta indefensión de los acusados al celebrarse el primer juicio por videoconferencia.
La sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante ya celebró a finales de 2002 un juicio oral por estos hechos, en el que se sentaron en el banquillo diecinueve presos procesados por asesinato, detención ilegal, atentado, lesiones y robo.
Durante el juicio, se utilizó la videoconferencia como Publicidad
sustitutivo de la presencia física de los acusados en la sala de audiencia «debido a la peligrosidad de algunos de ellos».
La resolución de la Audiencia Provincial fue recurrida en casación por algunos de los condenados, y la sala segunda del Tribunal Supremo resolvió el pasado mes de mayo que la sentencia del tribunal provincial debía de ser anulada y había que celebrar un nuevo juicio en el que se posibilitase la asistencia a los acusados de sus defensores, «en comunicación con ellos, presentes en la misma sala de Audiencia».
El próximo mes de enero sólo se sentarán en el banquillo once de los diecinueve acusados inicialmente, ya que la sala ha decidido no volver a juzgar a los que fueron absueltos en la primera resolución, aunque éstos sí deberán comparecer como testigos.
El presidente del tribunal que verá de nuevo el caso, José Daniel Mira Perceval, y el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, solicitarán en breve una reunión con la subdelegada del Gobierno en Alicante, Etelvina Andréu; el comisario provincial, José Luis Villalobos, y el coronel de la Guardia Civil de Alicante, Julio Quiles, «para estudiar las medidas oportunas a fin de garantizar la seguridad durante la vista, debido a la peligrosidad de muchos de los acusados».
Sentencia revocada
El 2 de diciembre de 2002, la sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante dictó la sentencia, ahora revocada, por la que condenó a 12 de los 19 procesados por el motín ocurrido en la cárcel de Fontcalent de Alicante en 1990 por los delitos de asesinato, asesinato frustrado, detención ilegal, quebrantamiento de condena, atentado, lesiones y robo.
El tribunal consideró que Antonio C.E. fue el iniciador del motín, y le condenó a una pena de prisión de 138 años y cinco meses, -de los cuales cumplirá un máximo de 30 años-, como autor material del asesinato de un recluso de origen argelino, así como de otros nueve delitos de detención ilegal, un delito de quebrantamiento de condena en grado de tentativa y un delito de atentado.
Antonio C.E., Vicente G.C., Salvador E., Francisco S.G. y Miguel Angel A.Q., fueron condenados a indemnizar a los hermanos del reo asesinado con 60.101 euros, cantidad que será abonada por el Estado.
Los hechos probados, según la sentencia, establecen que estos cinco presos empezaron a pinchar al preso argelino hasta que creyeron que estaba muerto. No obstante, «alguien dijo que todavía se movía», por lo que Antonio C.E «se puso de horcajadas sobre él y le propinó una serie de puñaladas en el pecho y zona del cuello, envolviéndolo a continuación en una manta y dándoselo a Manuel P.S y a otro recluso, que lo subieron al tejado de la prisión».
Desde el tejado en el que se encontraban diversos amotinados, Manuel P.S., a quien la sentencia condena a cumplir una pena de un máximo de 18 años, se dirigió a las autoridades que se encontraban fuera de la prisión y, antes de dejar caer el cuerpo del muerto, dijo «¿Queríais un muerto?, pues ahí lo tenéis».
El súbdito argelino, según la sentencia, recibió 11 heridas punzantes en la zona de los pulmones junto a otras diez en el tórax, abdomen, hipocondrio y costados. La resolución judicial apuntó que fue asesinado para forzar las negociaciones, cuyo objetivo era la huida, además de que el reo fue confundido por Francisco S.G. con un preso turco con quien tuvo anteriormente un problema de droga. Panorama-Actual.es

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