Hace menos de un mes, el 15 de septiembre, la Casa Blanca hizo público un informe del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en el cual el mandatario informaba al Congreso de su país el balance mundial de la lucha contra las drogas. El informe, que hace parte del proceso anual de certificación, presenta la lista de los países productores y de tránsito de drogas que cumplieron o no satisfactoriamente en combatir el narcotráfico. De la lista de 20 países, 18, entre los que estaba Colombia, recibieron lo que se conoce como una certificación plena. Una nación, Myanmar (antes Birmania), fue descertificada, y otra, Venezuela, recibió una medida conocida como waiver (excepción) en la que se certifica ese país, pero aclara que lo hace por «considerarlo de interés nacional para Estados Unidos».
En la presentación del informe se afirmó que Venezuela «ha fracasado en forma demostrable durante los últimos 12 meses en cumplir con sus obligaciones conforme a los acuerdos antinarcóticos. El gobierno de Venezuela no ha tomado los pasos necesarios para afrontar el problema de corrupción entre militares y funcionarios públicos».
La decisión norteamericana era esperada. Durante los últimos dos meses, el tema de la lucha contra las drogas se ha convertido en un nuevo episodio de tensiones y recriminaciones entre Washington y Caracas. Esas tensiones llegaron a su punto más alto el 8 de agosto, cuando el gobierno del presidente Hugo Chávez suspendió la cooperación con la DEA, argumentando un supuesto espionaje por parte de agentes de ese organismo. Estados Unidos respondió con la cancelación de la visa de varios militares por supuestos vínculos con el narcotráfico. Tres de ellos tenían una orden de captura por parte de un tribunal venezolano. Aunque en ese momento se revelaron los nombres de los uniformados venezolanos, los estadounidenses se abstuvieron de divulgar las pruebas para tal determinación.
Esas pruebas son tan sólo una porción de las que existen y están consignadas en un documento que fue anunciado, pero no divulgado, por el Departamento de Estado el 15 de septiembre. SEMANA tuvo acceso a parte de ese documento y revela cuáles son algunas de las pruebas «fehacientes» que tiene el gobierno de Estados Unidos para cuestionar la lucha antinarcóticos de Venezuela.
El documento está compuesto por una recopilación de detallados informes de varias agencias antidrogas de Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y España. Con nombres propios y casos concretos denuncian temas de corrupción y presuntos vínculos de militares, miembros del poder judicial y otros funcionarios de ese país con organizaciones de narcotraficantes venezolanas y colombianas. El documento confidencial menciona algunos casos de años anteriores, pero hace un especial énfasis en relatar y probar hechos ocurridos entre enero de 2004 y mayo de 2005. Lo revelador es que las principales pruebas se basan en documentos e investigaciones de las propias autoridades venezolanas.
El caso Bejuma
Uno de los casos más llamativos tiene que ver con un hecho que ocurrió el 10 de febrero de 2004 en la población de Bejuma, estado Carabobo, fronterizo con Colombia. Ese día, un comando integrado por miembros de la Disip y la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegó hasta la finca el Terrón de Bejuma. En un confuso operativo murió el dueño de la propiedad, Eudo González Polanco, y siete personas más, cuatro de las cuales eran colombianas. El hecho fue presentado ante la opinión pública como un exitoso operativo antidrogas. Lo que no se conoció abiertamente, y que hace parte del dossier, es que en el lugar se encontraron carnés que identificaban a los muertos como funcionarios de inteligencia de la Guardia Nacional de Venezuela (GNV) y de la Disip (Ver fotos). Los carnés estaban firmados por el entonces director de inteligencia de la GNV, general Álex Maneiro, quien para el momento del operativo era el comandante de la Séptima Región de la GNV. No se trataba de un asunto menor.
Según un informe de inteligencia del comando antidrogas de la GNV, Eudo González tenía cargos por narcotráfico en un tribunal de Virginia, Estados Unidos. Junto con su hermano Hermágoras era señalado de ser uno de los más importantes integrantes del cartel de La Guajira, que opera desde el estado Zulia, limítrofe con Colombia.
Los hermanos González Polanco tenían como uno de sus socios estratégicos, entre otros narcos colombianos, al ex senador colombiano Samuel Santander Lopesierra, alias ‘El hombre Marlboro’, extraditado hacia Estados Unidos.
Aunque el operativo de Bejuma ocurrió en febrero de 2004, las autoridades venezolanas conocían los vínculos y las actividades con el tráfico de drogas de los hermanos González Polanco desde mayo de 2002, según el mencionado informe del comando de operaciones del Comando Antidrogas de la GNV. Ese documento, que hace parte del dossier de pruebas del gobierno de Estados Unidos, relata detalladamente las actividades y las rutas de narcotráfico de los González Polanco. «Es de hacer notar que el ciudadano Eudo González Polanco fue arrestado en Estados Unidos por conspiración e importación de una sustancia controlada», reza el informe. En otro aparte dice que «existe una finca llamada los Tres Camachos la cual es propiedad de González Polanco Hermágoras, conocido con el alias de ‘Gordito’ González y señalado por los ganaderos del Sur del Lago como un traficante que mantiene contactos con capos de la droga que operan en los departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander de la República de Colombia».
Para las autoridades estadounidenses, el caso Bejuma dejó un gran interrogante que nunca se resolvió. ¿Por qué Eudo González y sus acompañantes tenían carnés auténticos de agentes de inteligencia firmados por el general Maneiro? Hasta hoy ni el oficial ni el gobierno venezolano han aclarado la situación.
Uno de los pocos que intentaron pedir explicaciones públicas sobre el caso fue el concejal y periodista de la ciudad de Maturín Mauro Marcano. Fue asesinado en septiembre de 2004, el día en que iba a efectuar las denuncias por radio y televisión contra lo que llamó «el cartel de los soles», en una alusión a las insignias que usan los generales venezolanos. En un artículo del pasado 5 de julio sobre el asesinato de Marcano, el diario The Miami Herald dijo que «un diplomático extranjero en Caracas, familiarizado con las operaciones antidroga, describió al cartel como ‘un considerable grupo de generales del Ejército y la Guardia Nacional, especialmente. Ellos controlan cierto número de los envíos que salen de Colombia, y reciben una porción de dichos envíos’. El funcionario, que pidió permanecer en el anonimato, estimó que el grupo podría ser responsable por un tráfico de tres a cinco toneladas de cocaína al mes, y de 20 a 30 kilogramos de heroína».
La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras ha criticado la falta de avances en la investigación. Hoy, no hay nadie detenido por el crimen.
El general en su laberinto
El general Maneiro no es el único general venezolano cuestionado por las agencias antidrogas estadounidenses y europeas. El ex comandante general antinarcóticos de la GNV, general Frank Joaquín Morgado, es señalado de tener vínculos con el narcotráfico. Esta afirmación aparece en un documento de inteligencia británico al que tuvo acceso SEMANA: «Nuestra agencia y la DEA han obtenido información y evidencias de la gran escala de corrupción con narcotráfico entre la Guardia Nacional de Venezuela (GNV). Esta información y evidencia indican que el comandante general antinarcóticos de la GNV, Frank Joaquín Morgado G (nacido el 04-01-59,) ha utilizado su cargo en la GNV para proveer protección a organizaciones narcotraficantes y personas traficantes hacia Europa y Estados Unidos?».
«Las autoridades competentes de la justicia civil venezolana han identificado que algunos integrantes de la GNV le brindan protección a cargamentos de droga que salen de Venezuela. Estos oficiales de la GNV proporcionan esta protección en coordinación directa con Morgado», dice otro aparte del informe. «En agosto y septiembre de 2004, la Dirección del Servicio de Inteligencia y Prevención de Venezuela (Disip) incautó 50 y 40 kilos, respectivamente, de cocaína que salían en vuelos de la aerolínea española Iberia. Las investigaciones posteriores de la Disip permitieron obtener la emisión de órdenes de captura contra oficiales de la GNV? Consecuentemente se conoció que Morgado fue informado acerca de los arrestos pendientes y notificó a los oficiales de la GNV quienes intentaron salir de Venezuela».
Este informe se apoya, entre otras pruebas, en copias de las órdenes de captura expedidas el 2 de diciembre de 2004 por el Tribunal Cuarto del estado Vargas en contra de varios miembros de la Guardia Nacional sindicados, según la investigación de la Disip, de haber participado en redes de narcotráfico. De acuerdo con el informe, la advertencia de Morgado a sus hombres sobre la inminente captura evitó su arresto. Tres de estos GNV continúan activos y simplemente fueron reasignados a nuevos cargos, a pesar de tener vigentes órdenes de captura. (ver facsímil).
«La DEA recibió información confiable indicando que Morgado y funcionarios de la GNV bajo su supervisión estuvieron vinculados en envíos de droga. Esta información ha sido corroborada a través de investigaciones aisladas de autoridades competentes venezolanas y a través de fuentes confiables de información y evidencia física..», dice el informe al relatar otro caso en el que, según una investigación que adelantó en noviembre de 2004 el Cuerpo de Investigaciones Criminales Penales y Científicas (Cicpc), hombres de la GNV bajo el mando de Morgado estuvieron involucrados en la pérdida de 175 kilos de cocaína.
Morgado hoy ya no ocupa la dirección antinarcóticos de la GNV, la cual dejó a comienzos de septiembre. Está por definirse qué cargo ocupará.
Sobre los señalamientos contra los generales y los documentos de la Disip, SEMANA se comunicó con la embajada de Venezuela en Bogotá y con la oficina del vicepresidente, José Vicente Rangel, pero no fue posible obtener una respuesta.
Los casos de los generales no son los únicos que hacen parte del dossier que mantiene en reserva el Departamento de Estado. No dejan de ser intrigantes, sin embargo, las razones por las cuales el gobierno estadounidense no ha hecho público el documento, a pesar de que, aparentemente, tiene acusaciones sustentadas en pruebas y documentos contundentes.
Por el lado venezolano las cosas tampoco son muy claras. SEMANA preguntó a miembros de la Guardia Nacional y miembros del gobierno las razones por las cuales no había tomado correctivos en algunos de los casos denunciados que fueron descubiertos e investigados por las propias autoridades venezolanas. La respuesta fue que los estadounidenses nunca les comunicaron oficialmente estas irregularidades.
El documento se basa en investigaciones de las propias autoridades de Venezuela
