El Tribunal Constitucional de España dictó una sentencia este miércoles por la que establece que los tribunales de ese país pueden juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en otras naciones, aunque no haya víctimas españolas.
La sentencia responde a un recurso presentado en 1999 por la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, solicitando que España investigara los asesinatos, torturas y detenciones ilegales cometidas en el país centroamericano entre 1978 y 1986.
El tribunal juzgó, en otras palabras, la prevalencia de la jurisdicción universal sobre la existencia o no de intereses nacionales.
Dicha resolución dio por tierra con fallos anteriores de la Audiencia Nacional y el Supremo, que ataban la jurisdicción universal a casos donde hubiera víctimas españolas.
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Menchú demandó a los generales retirados Romeo Lucas García, gobernante entre 1978 y 1982, su hermano Benedicto, jefe del estado mayor de Defensa durante ese período, y a Efraín Ríos Montt, militar que derrocó a Lucas García en 1982.
También cayó en la denuncia el militar Oscar Humberto Mejía Víctores, ministro de Defensa de Ríos Montt que lo derrocó y se alzó con el poder en 1983.
El documento de Menchú también señala a otros militares y civiles guatemaltecos, e incluye el ataque contra la embajada española en ese país de enero de 1980.
En ese incidente murieron 37 personas, entre ellas tres españoles y el padre de la premio Nobel, Vicente Menchú.
