Liliana Alcántara
El Universal
Miércoles 26 de octubre de 2005
A pesar de que el número de menores infractores retenidos por la Secretaría de Seguridad Pública aumentó de 40 mil 251 en 1990 a 49 mil 532 en 2004, la delincuencia juvenil en México apenas representa 2 por ciento de los delitos cometidos a nivel nacional, aseguró la Red por los Derechos de la Infancia en México.
En su informe «Infancias mexicanas, rostros de la desigualdad», la red informó que el estado de México y el Distrito Federal son las entidades donde ocurre el mayor número de detenciones debido a la densidad poblacional pero también a que 65.6 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 25 años no asiste a la escuela.
Además, sólo 33.4 por ciento de los jóvenes tiene instrucción media superior completa e incompleta, 11.9 por ciento no estudia ni trabaja y 63.1 por ciento se concentra en unidades territoriales clasificadas como de media, alta y muy alta marginación.
La Red por los Derechos de la Infancia en México, dirigida por Gerardo Sauri, está integrada por 58 organizaciones civiles de 13 estados de la República dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez.
Este informe fue elaborado con el propósito de presentarlo ante el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en mayo próximo evaluará en una audiencia lo que ha hecho el Estado mexicano en favor de la infancia.
Naciones Unidas recomendó a México en 1999 en materia de justicia para menores que aplique de manera efectiva los principios de la Convención de los Derechos del Niño; que garantice el mejoramiento de las condiciones de los niños que viven en las cárceles y centros de detención; que cree centros de rehabilitación para niños que están en conflicto con la ley; que prohíba el uso de la violencia por parte de la policía y se cerciore de que la privación de la libertad sólo se usa como el último recurso.
Al respecto, la red aseguró que el Estado mexicano incumple con esas recomendaciones debido a que se sigue usando la privación de la libertad como solución a la delincuencia juvenil en varios estados de la República, las condiciones de los consejos tutelares son deficientes y el tratamiento que se les brinda a quienes están detenidos no está apegado a los principios de la Convención, «pues no se basan en un modelo de protección integral sino en uno basado en la doctrina tutelar».
En un análisis comparativo sobre la legislación, la red detectó que sólo en tres estados se establece la edad mínima para aplicar sanciones, es decir, los 12 años y una edad máxima para determinar la falta de responsabilidad penal que es a los 18 años, «lo que indica que 29 leyes estatales violan las disposiciones internacionales».
Además, citó el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dado a conocer en el 2003 en el que se advierte que en 19 centros de internamiento para menores existen pésimas condiciones, en 4 los niños duermen en el piso y reportaron golpes y maltrato y en 15 los niños carecen de servicio médico.
Por ello, la red propuso, entre otras medidas, reglamentar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para asegurar su cumplimiento y mejorar las condiciones de vida de los menores infractores.
