Ultimátum del Gobierno a paramilitares provoca nueva crisis en proceso de desmovilización
El Gobierno dijo que antes del 31 de diciembre deben estar desarmados. «Es imposible cumplir con esa fecha», respondieron las autodefensas.
Mientras el Gobierno piensa que las autodefensas están dilatando injustificadamente los desarmes de sus estructuras y que están interfiriendo indebidamente en la campaña al Congreso, los ‘paras’ le reprochan la falta de claridad en temas como la extradición, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, la reinserción y la participación de los desmovilizados en política.
La tensión entre las partes se hizo más fuerte tras las quejas de varios parlamentarios, que en una reunión le dijeron la semana pasada al presidente Álvaro Uribe que los paramilitares los estaban vetando en sus zonas.
Esas denuncias, la muerte de un vecino de Uribe a manos de reinsertados, las presiones de los Estados Unidos por la extradición y el congelamiento de los desarmes coincidieron para que el Ejecutivo se plantara y advirtiera que no va a aceptar dilaciones en el cronograma del proceso de paz, que debería culminar el próximo 31 de diciembre.
La semana pasada el Presidente le ordenó al comisionado Luis Carlos Restrepo que reactivara contactos con las Auc y les entregara su mensaje. Este tenía dos componentes: para el Gobierno no hay razón válida para la congelación de los desarmes.
Y no va a aceptar ninguna interferencia en la próxima campaña política. Aparentemente, las autodefensas pretenden mantener, e incluso ampliar, la influencia que lograron sobre el Legislativo en las elecciones del 2002.
Pero las gestiones del Comisionado no dieron resultados. El sábado, Restrepo se reunió con los comandantes militares y de Policía y les comunicó que el Presidente no descartaba una ofensiva contra los paramilitares que sigan activos después del 31 de diciembre.
Y el lunes, tras regresar del entierro del maestro Emiliano Zuleta, en Valledupar, Uribe le ordenó a Restrepo grabar la corta intervención con el ultimátum, revelado ayer.
Crisis recurrentes
Aunque la gravedad del momento es evidente y la Fuerza Pública dice estar lista para combatir a los paramilitares, esta nueva crisis no significa necesariamente la ruptura de las negociaciones. De hecho, el proceso ha tenido varios momentos críticos. En la lista se cuentan la desaparición de Carlos Castaño, el secuestro del ex senador José Gnecco, la filtración de las conversaciones de la mesa de paz y la captura y el traslado de cárcel de ‘Don Berna’.
Se trata, según el analista Alfredo Rangel, de la recurrente “falta de claridad” del proceso, que pasa por el manejo de temas como la extradición, la ocupación de zonas despejadas por los ‘paras’ y la demora en la aplicación de Ley de Justicia y Paz. También, el politólogo León Valencia piensa que “si el proceso llegara a acabarse, el Presidente se quedaría sin una de sus principales banderas, por la que se ha jugado a fondo. A los ‘paras’ tampoco les serviría, porque han logrado figuración política, una ley de paz favorable y la posibilidad de mantener sus estructuras económicas y armadas”.
El senador Carlos Moreno de Caro, que ha sido interlocutor permanente de las Auc, afirma que las “bravuconadas del Comisionado” y la respuesta de los ‘paras’ pueden afectar la credibilidad del proceso de paz, “pero no acabarlo”.
Las autodefensas pretenden reabrir la mesa de diálogo porque, según lo ha dicho ‘Ernesto Báez’, hasta ahora las desmovilizaciones han sido una muestra de “generosidad” de las Auc.
Hombres como ‘Báez’, ‘Jorge 40’, ‘Macaco’ y el mismo ‘Don Berna’ esperan una garantía sólida de que no serán extraditados, más allá de la discrecionalidad del Presidente para suspender esa medida a quienes participen en el proceso. Y hay otros como Ramón Isaza, que advierten que no se desmovilizarán si no les aseguran que la cárcel será en su zona de influencia y que la Fuerza Pública ocupará las áreas que dejen sus paramilitares.
Puntos de tensión
El fantasma de la extradición. La representante Rocío Arias dice que “nadie se va a desmovilizar para que lo extraditen o lo metan en una cárcel”.
La Ley de Justicia y Paz. La demora para aplicarla es vista con desconfianza por los ‘paras’, que creen que no tienen garantías –entre ellas, la opción de participar en política– mientras no sean incluidos oficialmente en los listados del Gobierno. Hay sectores que dicen que los jefes de las Auc salen ganando, pues el tiempo del proceso se descontará de las eventuales condenas.
Las fallas en la reinserción. La falta de proyectos productivos para la mayoría de los 11.119 desmovilizados les ha servido de pretexto a las Auc para frenar los desarmes de otros bloques.
Ultimátum del Gobierno
‘No existe ninguna razón válida para que se suspendan las desmovilizaciones de estos grupos. Quienes se nieguen a desmovilizarse de manera voluntaria serán enfrentados militarmente’.
“El cronograma de desmovilizaciones acordado con los grupos de autodefensas debe cumplirse a cabalidad.
“Según el Acuerdo de Santa Fe de Ralito del 15 de julio del 2003, la fecha máxima de desmovilización es el 31 de diciembre del 2005.
“No existe ninguna razón válida para que se suspendan las desmovilizaciones de estos grupos. Quienes se nieguen a desmovilizarse de manera voluntaria serán enfrentados militarmente.
“Los miembros de los grupos de autodefensas deben abstenerse de cualquier participación en política.
“Sólo cuando dichas estructuras se hayan desmovilizado en su totalidad y sus miembros hayan respondido ante la justicia por los delitos cometidos, se podrá establecer si cumplen los requisitos de ley para intervenir en el debate democrático”.
El desafío de las Auc
“Que no nos amenacen con el aparato militar del Estado, porque ese aparato no ha podido solucionar el problema del conflicto armado de Colombia en 40 años”.
Declaración de Iván Roberto Duque, ‘Ernesto Báez’, del estado mayor de las Auc:
“Gastamos más de un año para desmovilizar a 10 mil combatientes en medio de la improvisación y la carencia de recursos. Ahora pretenden meterle el cuento a la Nación de que en dos meses vamos a desmovilizar 10 mil personas cuando hay 10 mil desocupados expuestos a la torta del narcotráfico, 10 mil desocupados que no se han beneficiado con proyectos productivos que están paralizados. La gente se siente engañada y los temas puntuales que planteamos hace 20 días no se han resuelto.
“Ahora vienen a decirnos que el 31 de diciembre. Eso es imposible. Nosotros desde hoy declaramos, pase lo que pase, que es imposible cumplir con esa fecha. Ahora, si el Gobierno quiere que desmovilicemos dos frentes y el resto siga en el monte, eso es otra cosa”.
Activos en política
Jairo Andrés Angarita
Ex subcomandante del Bloque Sinú-San Jorge. Aspira a una curul en la Cámara de Representantes como fórmula de Zulema Jattin.
“Que nos diga (El Gobierno) si los desmovilizados somos ciudadanos o qué somos entonces.
“Que me digan si me equivoqué al haber aceptado el llamado para reincorporarme a la vida civil con plenos derechos”.
Giovanny Marín
Ex combatiente del Bloque Cacique Nutibara. Aspira a la Cámara por Antioquia como fórmula de la representante Rocío Arias.
“Si hay que echar un reversazo en esto (la candidatura de Marín) lo echamos, pero que el Gobierno nos diga por qué”, dijo Rocío Arias, al responder por su fórmula política.
Un as bajo la manga
El Gobierno podría aplicar una herramienta contenida en el artículo décimo de la Ley de Justicia y Paz para limitar los beneficios de esta norma a quienes interfieran en actividades políticas o desacaten al Gobierno, en primera instancia.
Se trata de la facultad discrecional que tiene el Ejecutivo para elaborar la lista de beneficiarios que debe remitirse a la Fiscalía General con el fin de ser procesados dentro de este marco.
Así lo señaló anoche el ministro Sabas Pretelt, al citar el artículo como un instrumento eficaz para dicho propósito.
Al parecer, el Gobierno tendría la intención de no incluir en la lista a quienes desacaten sus decisiones como la de no intervenir en política.
Tanto el presidente Álvaro Uribe como el ministro Pretelt han dicho en diversas oportunidades, sin entrar en los detalles de la norma, que quienes interfieran en la actividad política podrían perder los beneficios de la Ley.
Por otra parte, el Ministro dijo que no aceptan el anuncio de los ‘paras’ de prorrogar el plazo para la desmovilización.
“Si no se desmovilizan, el Gobierno entendería que no les interesa la paz y los atacaría con armas”, puntualizó Pretelt.
Faltan unos 10.000
El ‘Bloque Central Bolívar’. Es la estructura más grande de las autodefensas, con cerca de 6.000 combatientes.
El ‘Bloque Mineros’. Tiene 2.000 integrantes y opera en Antioquia.
El ‘Bloque Norte’. Estaba en proceso de desmovilización, pero congeló los contactos. De él depende el ‘Frente Resistencia Tayrona’, de Hernán Giraldo.
Otros grupos ‘paras’ no desmovilizados son las Autodefensas del Magdalena Medio, de Ramón Isaza; el bloque ‘Élmer Cárdenas’, de ‘El Alemán’, y las disidencias del ‘Centauros’.
