¿Tiene Francia la ventaja en la lucha contra el terrorismo?

Análisis: Francia es un país que actualmente no tiene que recurrir a la legislación de excepción (quizá porque para la mentalidad americana todo su sistema penal parece componerse de leyes de excepción). Pero esto no se debe a que Francia sea de alguna manera la “patria de los derechos humanos”. Para convencerse de ello basta con examinar la actitud francesa durante la Guerra de Argelia. Previamente, Francia había declarado estados de emergencia y practicado la detención administrativa en unas dimensiones que hoy parecerían desorbitadas. El Conseil d’État ha aceptado la legalidad de estos centros de detención. Un miembro de esta prestigiosa institución ha admitido, con comprensión o resignación, que: “la actitud del Consejo ha permanecido constante frente a los textos legales que incumplen principios fundamentales como la presunción de inocencia y el carácter inamovible de los jueces. Incluso en 1966, los argumentos presentados por M. Galmot –en otros aspectos un letrado del gobierno de tendencia liberal– respecto al encarcelamiento por decisión presidencial en virtud del Artículo 16 [disposición sobre los poderes de excepción de la Constitución] afirmaban que los textos que se refieren a la detención administrativa son tan exorbitantes como lo era la ‘ley de sospechosos’ de 1793, y que la única diferencia con los legisladores actuales es la de evitar la dura franqueza de sus grandes antecesores cuando afirmaban que ‘el juez debe plegarse ante nuestra voluntad’, incluso cuando, en este caso, el legislador no es otro que el Presidente de la República.”[1] En Argelia, se practicaba la tortura en unas dimensiones increíbles, como auténtica política de lucha contra la guerra revolucionaria urbana, mientras que los más altos tribunales franceses permanecían silenciosos ante tales necesidades impuestas por la guerra. Algunos incluso se prestaban a ello voluntariamente.[2]
En menos de treinta años,[3] Francia ha pasado de un modelo de “medidas extrajudiciales” a un modelo de conciliación.[4] ¿Cómo se explica este cambio? ¿Porqué adoptó esta actitud en 1958 y no en 1986? En 1986, Francia pasaba a ser el primer país en sufrir una nueva forma de terrorismo islamista (sus formas primigenias todavía no se encontraban “desterritorializadas” y se centraban en el Líbano,[5] Irán[6] y Argelia[7]). Por aquel entonces, la Guerra Fría todavía no había concluido y la derecha política acababa de regresar al poder.
Francia, para su desgracia, se encontró con el terrorismo islamista relativamente pronto. Un refrán francés reza que “de todas las desgracias se extrae algo bueno”: el Estado se vio obligado a afilar su espada contra el terrorismo antes que los demás países europeos. Francia tuvo la “oportunidad” de enfrentarse antes que nadie a una forma de terrorismo que, como pudo darse cuenta, era distinta en su origen del terrorismo político y territorial interno (corso y vasco). Al no tener que enfrentarse a esta nueva amenaza, EEUU no calibró su importancia. De hecho, antes del 11 de septiembre, los norteamericanos verían los atentados del GIA argelino como una consecuencia del colonialismo francés, a los que Francia debía enfrentarse sola. Les preocupaba más el problema de las drogas, por ejemplo. Por eso, más que de un “modelo” francés, hablaremos de una “ventaja” francesa.
La opción judicial francesa
“Nuestros recursos son judiciales, no militares”, declaraba recientemente el responsable de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST).[8] Esto indica su opinión acerca del origen mismo del terrorismo, que sin duda alguna tiene ramificaciones externas, pero que es un fenómeno de naturaleza predominantemente judicial. Ver el terrorismo como un problema de seguridad interna que puede tratarse de esta manera es probablemente la principal diferencia cuando lo comparamos con el enfoque estadounidense. Para Jeremy Shapiro,[9] esta actitud es básicamente cuestión de hacer de la necesidad una razón. De hecho, luchar contra el terrorismo en el exterior resulta muy costoso (probablemente sobrepase los medios de los que Francia dispone) y también peligroso.
Esta opción se ha extraído de las conclusiones del análisis de varios casos que afectan a Francia: el terrorismo desterritorializado parece engendrarse con el encuentro entre una oferta y una demanda. Una oferta ideológica que emana del islamismo radical, pero también una demanda en nombre de un grupo de jóvenes con ansias de enfrentarse con una sociedad que consideran injusta. El director de la DST explica que “el yihadista francés tiene menos cultura, es más joven y más radicalizado”,[10] y concluye que los reclutadores no son más peligrosos que los propios aspirantes, es decir, jóvenes exaltados. Esto alimenta el fantasma del terrorismo individual, prácticamente desprovisto de organización, como lo practicaron Timothy McVeigh o las dos jóvenes que perpetraron un atentado en El Cairo en la primavera de 2005.[11] Por tanto, desempeña un papel esencial la desesperanza –el síndrome juvenil–,el elemento provocador de la delincuencia. Si se declara la guerra al terrorismo demasiado pronto, se fortalece la organización en vez de debilitarla, se refuerza su capacidad de transformar una demanda de aventura y ofrecer una solución al malestar. Por contra, si se pone el énfasis en las personalidades de riesgo y se sitúa en segundo plano a la organización y su discurso de odio, disminuye su capacidad.
Asimilar la lucha antiterrorista con la guerra también incrementa el riesgo desde una perspectiva estricta de intereses calculados, puesto que ofrece a los terroristas mayor publicidad y reconocimiento. El recurso a la fuerza ilimitada alimenta el resentimiento y el odio hacia las democracias. A este respecto, el centro de detención de Guantánamo ha resultado a todas vistas ser contraproducente, puesto que ha conseguido crear un mayor apoyo para la causa de nuestros adversarios, identificándose con sus hermanos musulmanes detenidos y deportados aparentemente fuera de cualquier marco legal. En otras palabras, Francia no ha adoptado el punto de vista opuesto basado en una cuestión de principios o en consideraciones morales, sino como resultado del cálculo político. La ética no es más que pragmatismo con un horizonte a largo plazo. Al declararle la guerra al terrorismo apresuradamente es más probable que le estemos dando ventajas a quienes queremos combatir. Por tanto, parece que el concepto norteamericano de la guerra contra el terrorismo no solo está fuera de lugar, sino que es contraproducente en el sentido de que no se trata ni de una guerra ni mucho menos de una cruzada. Este enfoque incrementa los riesgos y concede ventaja al enemigo.
El paso de una lógica de supervisión a una lógica judicial ha sido posible en Francia gracias a la unidad del concepto subyacente de la policía como “gobierno de los hombres y los objetos”.[12] Las mismas personas pueden pasar de una lógica administrativo, cuyo objetivo es supervisar la seguridad humana y el bienestar físico y moral,[13] a una lógica de investigación que aspira al procesamiento penal. Esta percepción de la unidad subyacente del papel del Estado es crucial para entender las distintas percepciones de la inseguridad a ambos lados del Atlántico.
Una interrelación adecuada entre las agencias de inteligencia y el poder judicial
La opción judicial únicamente llegará a buen puerto si logra garantizar que la interrelación entre inteligencia y justicia, para lo que se precisa una comunicación correcta en ambos sentidos, aporte un sólido conducto judicial al trabajo de la inteligencia y, en el sentido opuesto, asegure un análisis adecuado de la información recogida en los procesos penales.
En Francia, la comunicación entre los organismos de inteligencia y los judiciales la garantizan estructuras como la Unité de Coordination de Lutte Antiterroriste (UCLAT) y la 14ª División del ministerio fiscal de París (Parquet). Uno de los puntos fuertes de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) es que dispone de jurisdicción tanto en materia de contraespionaje como en la esfera judicial. Aunque es importante que cada uno de estos organismos se ciña a su esfera de actividad (Renseignements Généraux –RG– inteligencia nacional y Direction Générale pour la Sécurité Extérieure –DGSE– inteligencia internacional), la DST es el único organismo con un doble mandato judicial y de inteligencia. Esto le brinda la capacidad de garantizar una continuidad que tan ventajosa ha demostrado ser. Por tanto, este organismo proporciona un valioso nexo de unión entre el trabajo judicial y el de inteligencia.
Todo ello se ve facilitado por la tradición francesa de la centralización. A este respecto, la cultura norteamericana es diametralmente opuesta, y desconfía de cualquier concentración de poderes.[14] El caso Moussaoui puso de manifiesto la ausencia de interrelación entre la esfera judicial y la de inteligencia: fue imposible encontrar su ordenador portátil, que hubiera podido aportar datos suficientes para impedir los atentados del 11 de septiembre. El FBI no disponía de este derecho debido al restrictivo sistema jurisprudencial, fruto de la reacción contra anteriores abusos. Francia disponía de ventaja porque fue consciente del peligro antes y adoptó una estructura proporcionada a la amenaza.
También resulta esencial para los servicios de inteligencia hacer un uso integral de las investigaciones judiciales. Los investigadores americanos no pudieron hacerlo después del primer ataque al World Trade Center. El FBI llevó a cabo una investigación ejemplar, pero no pudo ir más allá. No se realizó ningún análisis prospectivo. Esto contrasta con el caso de la banda Roubaix. La policía manejaba un vulgar caso de robo a un banco, pero rápidamente percibió que algunos elementos del expediente no coincidían con los de la delincuencia habitual. Poco a poco, fueron averiguando que existían redes formadas por inmigrantes musulmanes y ciudadanos franceses conversos que contaban con células exteriores en Bélgica, Canadá y EEUU. Rápidamente se realizaron contactos con servicios de inteligencia extranjeros, lo que les condujo al único proceso hasta la fecha ante un tribunal ordinario (cour d’assises). El RG y la DST fueron capaces de reaccionar con mayor celeridad porque disponían de medios para reunir varias piezas de un mismo rompecabezas, lo que le resulta imposible al poder judicial e incluso a la policía judicial. Por tanto, también resulta importante que las esferas local e internacional dispongan de una sinergia apropiada. El mejor punto de partida de cualquier servicio de inteligencia serio es la escala local porque brinda información de proximidad.
Esta sinergia es difícil de adquirir, puesto que la recopilación de inteligencia y la búsqueda de pruebas en los procesos legales son procesos bien distintos. Ni siquiera es posible hacer ambos bien: los procesos judiciales y el código penal son demasiado rígidos. La esencia de la policía judicial es pensar en términos de tipo de delito o en función de cada caso concreto, y no realizar proyecciones o deducciones de naturaleza política a largo plazo. Una comunicación positiva dependerá, por tanto, no solo de la colaboración entre los equipos, sino también de que ambas partes sean capaces de entender la lógica del otro servicio. Por ejemplo, un alijo de armas y el tráfico a pequeña escala de tarjetas de crédito normalmente constituirán dos expedientes penales distintos. Únicamente al combinarlos podremos entender la lógica subyacente, que se pierde en aquellos expedientes que solo se concentran en las pruebas (interesados en la intencionalidad en detrimento del móvil), mientras que el otro enfoque se concentra en los móviles. La gravedad se aprecia de forma distinta. Por ejemplo, en el caso Chalabi[15] no se aprecia la existencia de delitos graves, puesto que la gravedad se sitúa en una esfera de carácter más bien político. Ha de tenerse en cuenta la incesante compensación que se produce entre las estructuras judicial y de inteligencia en torno a un mismo caso (como por ejemplo el de Chalabi), entre hipótesis y pruebas y entre entendimiento y represión, dado que la frontera entre ambos tiende a modificarse. No cabe duda de que el proceso represivo ha de contar con sus propias reglas para salvaguardar la defensa de las libertades, pero los hechos solo adquieren un sentido integral cuando se sitúan en un contexto político más amplio que el del expediente penal por sí solo. La policía debe llevar a cabo la labor de recopilar pruebas siendo consciente de que serán examinadas minuciosamente durante el juicio; no es posible entregar aproximaciones en las pruebas y dar por hecho que se aceptará su palabra.
El proceso judicial se ocupa de un acto concluido que establece los límites de la investigación; su objetivo es histórico en el sentido de que aspira a recrear una escena que ya ha sucedido. En la lucha antiterrorista es necesario anticiparse e imaginar un hecho que puede suceder. Hay que ser capaz de imaginarse a sí mismo en la piel de otra persona y adoptar su personalidad. “Una red terrorista requiere interrogatorios, investigación, personas y documentos: no puede tratarse como un acto meramente penal, basado en un cadáver y en confesiones”.
El papel central de los magistrados
La opción judicial solo funcionará cuando el sistema judicial sea capaz de desempeñar el papel central que debe cumplir. Se ha demostrado que varios elementos son decisivos en esta opción. La interrelación entre la lógica de la inteligencia y la judicial ha de doblarse a través de una fuerte sinergia entre investigadores y magistrados. Ello explica el papel central que desempeñan el juge d’instruction (juez de instrucción) y, en menor medida, el fiscal antiterrorista. Esta estrategia es un elemento básico de la cultura judicial francesa, caracterizada por una firme continuidad entre el trabajo inicial de la policía y el de los magistrados.[16]
Esta centralización no hizo su aparición de inmediato, aunque sea muy apreciada en la cultura francesa. Con anterioridad a 1986, según los criterios clásicos del proceso penal, cuatro magistrados investigaban los atentados perpetrados por Georges Ibrahim Abdallah.[17] A petición de los magistrados, que se encontraban desconcertados, los legisladores franceses decidieron centralizar todos los casos en París. De ahí surgió la creación de la 14ª División del ministerio fiscal de París (Parquet).
Resultó que la personalidad de los magistrados especializados en la investigación, que desde entonces contaron con una gran repercusión en los medios de comunicación franceses e incluso internacionales, fue decisiva en el éxito de varios casos. De hecho, se corre el riesgo de que se conviertan en “estrellas mediáticas”.[18] Este es un marcado contraste con el concepto que impera en EEUU de los jueces como árbitros generalistas que no conocen ningún aspecto de la causa en cuestión antes de que comience la vista. Uno de los secretos de la eficacia en la lucha antiterrorista es el vínculo personal entre los protagonistas, concretamente entre la policía y los magistrados. Sin embargo, estos vínculos resultan muy difíciles de construir y resultan más difíciles aún de institucionalizar.
Además de la centralización en París, en manos de unos pocos magistrados, el segundo criterio esencial es la especialización. El perfil específico del magistrado antiterrorista resulta tanto más eficaz cuanto se trata de un juez que está en permanente contacto con la policía, gracias a lo cual adquiere experiencia en tales asuntos y un ingente conocimiento personal. El juez también puede recibir información a través de conversaciones informales con la policía.
Adaptación de la ley en lugar de leyes de excepción
La clave del “éxito” francés no reside únicamente en su capacidad de adaptación de los mecanismos administrativos, de procedimiento y policiales, sino también en la realización de esfuerzos coherentes para ofrecer a la policía y los tribunales la legislación criminal necesaria para atajar un problema. Francia lo logró con una ley de 1986 que, entre otras cosas, introducía el delito de association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (conspiración criminal en relación con una acción terrorista). Esta ley fue fruto del desconcierto policial tras un atentado en el Aeropuerto de Orly el 15 de julio de 1983.[19] La DST era consciente de que un grupo extremista armenio, ASALA, preparaba un atentado, aunque no disponía de los mecanismos legales necesarios para detener a sus miembros antes de que cometieran el atentado. La ley de 1986 lo hizo posible gracias a la incriminación preventiva de la conspiración.
La creación de un tribunal especializado en casos de terrorismo debe analizarse desde esta misma perspectiva. Como hemos mencionado anteriormente, la izquierda política había disuelto el cour de sûreté de l’Etat (este tribunal para la seguridad del Estado estaba demasiado ligado con la Guerra de Argelia y la lucha contra el OAS, que también era un movimiento terrorista[20]). Sin embargo, cuando otro movimiento terrorista de extrema izquierda, Action Directe, empezó a amenazar a miembros del jurado, el gobierno se vio forzado a crear un tribunal especial en el que el jurado se sustituía por nueve magistrados profesionales. Esta ley no provocó protesta alguna, quizá debido al contexto político, pero también porque quien presentaba la ley para crear el tribual[21] especial era Robert Badinter, que gozaba de gran autoridad moral por ser el ministro que impulsó la abolición de la pena de muerte en 1981.
Los legisladores franceses han sido capaces de mantener el tratamiento judicial del terrorismo al ir adaptando regularmente la legislación. Han reaccionado caso por caso para enriquecer su arsenal legislativo con todas las disposiciones que consideran necesarias. A este respecto, han demostrado disponer de la clase de pragmatismo que suele atribuirse a los países con sistemas basados en el derecho consuetudinario inglés (aunque éstos habían mostrado cierta rigidez al respecto). No dudaron en introducir técnicas de procedimiento típicas de la cultura judicial norteamericana cuando era necesario, como por ejemplo, permitir que los delincuentes “declarasen como testigos de la acusación” (le repenti), algo totalmente contrario a nuestra cultura y que ciertamente ha sido motivo de preocupaciones.[22] De la misma forma, al reconocer que el debilitamiento de las fronteras dificulta la distinción entre lo nacional y lo internacional, los legisladores franceses autorizaron que la policía jurídica emplease técnicas antes reservadas al espionaje. Se trata de un proceso continuo en que el se siguen realizando cambios. Por ejemplo, el Código Penal francés sigue haciendo referencia al “estado de sitio”,[23] a pensar de que el concepto, que implica una invasión armada, no es apropiado para las amenazas terroristas. Benjamin Shapiro[24] observa que estos cambios operan en ambos sentidos, siendo así que cuando hay, por ejemplo, un nivel inferior de amenaza se pueden reevaluar las garantías judiciales (aporta el ejemplo de la disolución del tribunal de seguridad del Estado en 1981 en un momento en el que el terrorismo no ocupaba un lugar predominante en la agenda política).
Sea como fuere, sería erróneo creer que estas medidas no son motivo de preocupación para las organizaciones de derechos humanos, que han alzado su voz contra posibles violaciones de derechos fundamentales. El peligro es real, pero no suficiente para justificar la afirmación de que nos encontramos en un estado de excepción, ya que las medidas en cuestión introducen derogaciones permanentes del procedimiento de la jurisprudencia (extensión de la detención policial, extensión de la detención previa al juicio y composición del juzgado de instrucción). Muchos analistas han insistido en el hecho de que la puesta en práctica de estas medidas, concretamente los procesos contra conspiración criminal en relación con una acción terrorista, suelen ser cuestión del juicio discrecional del tribunal. También resaltan que el control sobre los tribunales es tenue. Aunque estos temores están bien fundados, son sencillamente un ejemplo agravado de las tendencias presentes en todo el sistema penal francés. Por lo tanto, se trata más de una cuestión de grado que de naturaleza. La flexibilidad y libertad personal de la que disfrutan los tribunales es una característica de la cultura judicial francesa en términos generales.
Conclusiones: La adaptación permanente es de especial importancia en la lucha contra el terrorismo radical islamista. El terrorista islamista desterritorializado y particularmente desformalizado supone un reto a las instituciones, cuya naturaleza es estática. Son estáticas principalmente porque están ancladas en un territorio específico y se basan en sólidos cimientos legislativos, pero también por su lógica interna específica, que actúa como un freno considerable y crea obstáculos a la comunicación con otros. Ello explica la importancia de la fluidez entre las instituciones y la rapidez de la respuesta, circulación y ejecución. La globalización provoca una cierta relación homotética entre las formas del terrorismo y las instituciones que lo combaten: si hubo un tiempo en que se necesitaban grandes organismos para afrontar el reto de la confrontación entre Estados, ahora los servicios antiterroristas necesitan unos organigramas más planos, cadenas de mando más cortas (quizá, incluso, no jerárquicas) y operaciones en red que imiten las de las organizaciones terroristas.
La relación homotética entre las nuevas formas de terrorismo internacional y los organismos encargados de perseguirlo explica la importancia que han cobrado los servicios de inteligencia. Su modus operandi permite teóricamente lograr la misma ubicuidad y anonimato que los terroristas (aunque esto habrá que demostrarlo en la práctica). Puede que incluso sea posible dar un vuelco a esta propuesta y definir a los terroristas como soldados que se “infiltran” en su propia sociedad civil. Los servicios de inteligencia llevan al límite la acción de desformalización del Estado al funcionar fuera de cualquier marco legal. Están sometidos a una jerarquía y a un control muy estricto por parte de las autoridades políticas, aunque fuera de una legalidad normal. Aunque esto implica claramente la suspensión de la ley, sigue sin equivaler a un estado de excepción. Se trata más bien de un ejemplo paradigmático de la “infraley” que amplía la capacidad internacional de un Estado. Ofrecen un buen ejemplo de acción desterritorializada y de distorsión del nexo entre las esferas nacional e internacional.
Los jefes de policía explicaban que “tanto en 1980 como en 1990, los servicios de inteligencia francesa fueron capaces de identificar a los terroristas gracias a que se impregnaron constantemente de los aspectos específicos de la amenaza”.[25] La impregnación cultural se ve favorecida en Francia por la proximidad con la cultura árabe y musulmana que le ha aportado un pasado colonial y la mayor comunidad árabe del mundo Occidental, lo que ha favorecido el intercambio cultural. No parece que este sea el enfoque adoptado por EEUU, que parece estar mucho más encerrado en su propia cultura. Esta impregnación se basa en los vínculos humanos y en el entendimiento de una realidad que no es accesible a través de medios puramente técnicos. Los mecanismos técnicos, que someten su funcionamiento a modelos, únicamente encuentran lo que buscan: todo aquello que identifican como comportamiento peligroso. Se limitan a actos del pasado y a la imaginación del usuario.
Se necesita imaginación para establecer un análisis regular del nivel de amenaza. Para rastrear la transformación del terrorismo, hay que ser capaz de proyectarse al futuro con una mentalidad distinta, ponerse en el lugar del terrorista y anticipar su evolución; en resumen, todo esto implica una apertura cultural hacia los demás. La cultura americana es más tecnófila que la francesa y también desconfía de la influencia individual, que es percibida como un vestigio aristocrático. Puede que sea necesario vincular la aptitud de la cultura francesa para la inteligencia humana con el lugar en el que las relaciones se forjan en la cultura francesa. La fuerza convincente del nexo es explotada por los agentes de inteligencia. Más allá de cualquier análisis de la ventaja comparativa de ambas estrategias para recopilar datos de inteligencia, también hay que anotar la disparidad de los medios disponibles (la tecnología es costosa) y las diferencias en cuanto a la aptitud cultural.
Antoine Garapon
Secretario Ejecutivo del Institut des Hautes Etudes sur la Justice (Paris)
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[1] Jean Massot, ‘Le rôle du Conseil d’Etat’, La Guerre d’Algérie et les Français, Jean-Pierre Rioux (dir.), Fayard, París, 1990, p. 271.
[2] A este respecto véase, Oren Gross, ‘Chaos and Rules: Should Responses to Violent Crises Always be Constitutionnal?’, Yale Law Journal, 112, marzo de 2003, notas 94 y 95.
[3] No abarco las políticas no represivas francesas (como la de convertir un país en refugio a cambio de paz).
[4] Oren Gross, art. cit.
[5] Caso de Ibrahim Abdallah.
[6] Caso de Walid Gordji.
[7] Caso de Boualem Ben Saïd.
[8] Entrevista con Pierre de Bousquet en Le Monde, 25/V/2005.
[9] Benjamin Shapiro, Bénédicte Suzan, “The French Experience of Counter-terrorism”, Survival, vol. 45, n° 1, primavera de 2003, p. 91.
[10] Le Monde, 25/V/2005.
[11] François Thuillier llega a la misma conclusión: “Aunque el terrorismo siga siendo una puesta en escena de la violencia, distanciarse aporta una forma de tregua identitaria que permite que el grupo se defina y una sus fuerzas. Si la organización sigue ofreciendo sus servicios, el acceso generalizado a tecnologías peligrosas nos obliga a percibir los argumentos de un solo individuo. Especialmente porque la persona no sufre la fragilidad estructural de la red debido a la necesidad de comunicarse con los miembros, y es ahí donde esperan los servicios de inteligencia.”
[12] Paolo Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, La Découverte, París, 2003, p. 11.
[13] Ibid, pág. 12.
[14] Véase a este respecto, Robert Kagan, Adversarial Legalism, The American Way of Law, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2001.
[15] Se trata del primer “macro-juicio” de este tipo en Francia.
[16] Sobre esta cuestión, remítase a Antoine Garapon y Ioannis Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, Odile Jacob, París, 2003.
[17]“La France et le terrorisme international. Les racines historiques et organisationnelles du savoir policier”, mesa redonda entre Louis Caprioli y Jean-Pierre Pochon publicada por Cahiers de la Sécurité intérieure, Reconstruire la sécurité après le 11 septembre, n° 55, p. 160.
[18] Este “star system”, que afecta a todo el sistema judicial, y que se sitúa en el centro de la democracia de la opinión, adopta un significado específico en el contexto del terrorismo. De hecho, desplaza “el campo de batalla hacia las imágenes y los símbolos”, y las democracias se ven tentadas a responder al mismo nivel explotando los recursos de la escena judicial. “La especialización de los jueces, fiscales y la policía en esta esfera puede fortalecer un fenómeno que ya de por sí está lo suficientemente supeditado a un contexto político” (François Thuillier, “La menace terroriste: essai de typologie”, Revue politique et parlementaire, n° 1028, 2004, p. 42), en otras palabras, aumenta las probabilidades de que el terrorismo se alimente de la cobertura mediática.
[19]“La France et le terrorisme international…”, art. cit., p. 157.
[20] Un grupo de militares descontentos con la política de De Gaulle crearon la Organisation de l’Armée Secrète.
[21] Ley del 21 de julio de 1982 (artículo 698-6 del Código penal francés).
[22] Algunos profesionales de la justicia se opusieron a este cambio en la cultura judicial francesa.
[23] Artículo 414-1 del Código Penal francés.
[24] B. Shapiro y B. Suzan, art. cit., p. 90.
[25]“La France et le terrorisme international…”, art. cit, p. 150.

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