Santos: "Todo proceso de paz tiene una dosis de impunidad"

PATRICIA SPADARO G.
BOGOTÁ
ENTREVISTA
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Su despacho queda a poca distancia del de su jefe Álvaro Uribe. Cuando Francisco Santos quiere hablar con él puede tomar el auricular, o simplemente atravesar en pocos minutos el patio de la casa colonial, sede de la vicepresidencia, que conecta a la Casa de Nariño. Uribe a menudo hace el mismo trayecto -pero al revés- cuando quiere consultarle algo al hombre al que le ha delegado funciones de Estado clave y dado a la vicepresidencia brillo propio.
El despacho de “Pacho” Santos es amplio, sale y entra gente. No sólo sus asesores. En su escritorio de madera oscura esta sentada su hija, con uniforme de colegiala, conectada a Internet, mientras hace la tarea. Es miércoles por la tarde.
Un ¿hola, cómo estás?, sale de la boca de otro de sus cuatro hijos que está llegando del colegio, celular en mano y morral al hombro. Se le va encima al papá que le pega un frenazo, temeroso de que le roce la nariz de la cual una hora antes le retiraron unos puntos por una operación que se hizo para liberarse de una sinusitis, y que lo mantiene inusualmente tranquilo. Pide empezar la entrevista para luego irse a casa a guardar el reposo ordenado.
-El Gobierno colombiano está empeñado en el desmontaje de los grupos violentos. ¿Por qué ha hecho de ello su prioridad?
-Porque son una amenaza para la seguridad nacional y ciudadana y lo único que han producido, además de dolor y muerte, es corrupción.
Además han fortalecido y protegido el narcotráfico. Colombia sin estos grupos armados va a ser totalmente distinta. Puede convertirse en una potencia económica, social, política y moral en el continente. Lo único que nos ha impedido realizar ese sueño, son esos grupos ilegales que han obligado al Estado a distraer muchos recursos para combatirlos.
-¿Es optimista en cuanto a la posibilidad de que eso ocurra?
¿En cuánto tiempo Colombia puede alcanzar ese sueño?
-Soy absolutamente optimista.
Creo que estamos viendo el final de los paramilitares como grupo armado. Hay un problema mental que debemos quitarle a una cantidad de ciudadanos, que lo tiene, entre otras cosas, porque el mismo Estado los dejó desprotegidos. El Estado no cumplió con su deber. Y hoy ya puede hacerlo. Es un proceso que no se produce de un día para otro, pero estoy seguro que estamos viendo el final.
-¿Le fija un tiempo?
-Sería fijarse una camisa de fuerza.
Pero no me cabe la menor duda de que en los próximos cuatro o cinco años estos grupos o están desmantelados o minimizados.
-¿Se imagina ese escenario con el presidente Uribe reelegido o también con otro gobierno?
-Con el presidente Uribe se facilita porque pocas veces uno encuentra un líder carismático que tiene el don de manejar las Fuerzas Armadas, que no es cosa fácil.
-¿Cuál es la principal tranca en el proceso de desmovilización de los paramilitares y del diálogo con las FARC y el ELN?
-Con los paramilitares el tema es que ellos se vieron al final de su capacidad para presionar e intimidar y es entendible que tengan el susto ante la inminencia de un desarme y una desmovilización absolutos, la inminencia de un proceso de justicia y paz que es novedosísimo en el mundo. Por primera vez se le dice a los grupos al margen de la ley: no todo es posible en la guerra, la guerra también tiene costos, y el pasado en el que se dieron amnistías e indultos terminó, tanto para ellos como para las FARC y el ELN.
-¿No ha frenado el proceso la amenaza de extradición a Estados Unidos de algunos líderes?
-La extradición es una espada de Damocles. Ellos tienen que entender que es algo con lo que Colombia no negocia. Estamos dispuestos a asumir el costo político de suspenderla en el caso de unos pocos líderes, si cumplen todos los acuerdos de desmovilización y desarme y con lo que la Ley de Justicia y Paz los obliga. Es la única salida. No hay alternativa distinta que la de jugarle limpio a la Ley de Justicia y Paz.
-¿Y con la guerrilla?
-Frente al ELN y las FARC los procesos no están maduros. Con el ELN se ha avanzado, hay una posibilidad real de desmovilización y desarme, así como de su ingreso a la política. Estoy seguro de que para ellos va a ser muy exitoso y para la sociedad colombiana también, porque finalmente se acaba con un grupo armado ilegal. A las FARC todavía les falta mucho. Le soy totalmente sincero. Faltan unos años de persecución implacable para que entiendan que la oportunidad histórica del Caguán la perdieron, que ese pasado jamás va a regresar y que les va a tocar hacer unas negociaciones en condiciones totalmente distintas.
– ¿Siente usted que las FARC están derrotadas militarmente?
-No, no están derrotadas. La culebra está viva. No podemos pensar en eso ni siquiera por un momento.
Se ha avanzado tremendamente, se ha controlado territorio, pero a esto todavía le falta un largo trecho.
-¿No se corre el riesgo de que las áreas que están dejando los paramilitares sean retomadas por las FARC?
-Sin duda, pero es un riesgo que tenemos que asumir como sociedad.
Aquí el único poder institucional que tiene que quedar armado es el del Estado. Hay que recuperar la institucionalidad armada y acabar con ese cuentito de que son otros los que proveen seguridad, porque eso acaba siendo tan dañino como la enfermedad misma.
-¿Y la solución debe ser sólo desde el punto de vista militar o considera que hace falta un mayor componente social?
-Hay de todo. Pero hay que recuperar primero la institucionalidad del Estado para poder intervenir con trabajo social. Ese no es un proceso de un día para otro, pero la diferencia de los últimos tres años y medio es del cielo a la tierra. Eso no quiere decir que hemos salido del atolladero. Podemos ser optimistas, lo que no podemos ser es triunfalistas.
Este país iba para el abismo y se devolvió y está caminando en el sendero correcto del desarrollo.
-¿Cómo percibe las críticas de gobiernos, grupos de derechos humanos y ONG que señalan que se le está dando un boleto de impunidad a las AUC, tomando en cuenta que sólo deben pagar penas de entre 4 y 8 años?
-El único gobierno que ha combatido a los paramilitares como toca es este. Más de 1.500 muertos en tres años de conflicto demuestra cómo los hemos enfrentado. Tratamos por igual a cualquiera de los grupos ilegales. Ahora, todo proceso de paz tiene una dosis de impunidad.
Y este es el primer proceso de paz en el mundo que tiene también dosis de justicia, de verdad y reparación.
Los líderes van a ir a las cárceles, les tocará reparar a las víctimas y confesar sus delitos. A los paramilitares les toco ser los primeros que pagan un costo por la paz.
Antes nadie pagaba. Era olvidémonos, dejemos todo de lado, amnistías, indultos, y hoy no es así. A ellos les toca caminar ese sendero, que también le tocará a las FARC y al ELN. La paz no es a cualquier costo.
No van a poder hacer la paz sin pagar una parte del costo del daño que hicieron.
-¿Usted está convencido de que tanto los paramilitares como la guerrilla tienen nexos con el narcotráfico?
-Absolutamente.
-¿Por qué si el narcotráfico es un negocio tan rentable es atractivo para los grupos violentos desmovilizarse?
-Porque el negocio ya no es tan rentable. Porque nuestra política con el narcotráfico es muy agresiva.
Más de 300 extradiciones en tres años, cambios en la ley de extensión de dominio, fumigación, interdicción.
Aquí se le está complicando la vida a los narcotraficantes de una manera muy importante. Obviamente que ellos están dando la pelea para que no sea así.
-¿Qué posibilidad real tienen los militantes de los grupos violentos de insertarse en la sociedad, si toda su vida han vivido en la clandestinidad y sin acceso a una formación?
-Esos son procesos de posconflicto que toca manejar muy bien. Son procesos costosos. La gente que está reinsertada le está costando más o menos 100 millones a este Gobierno en educación, mantenimiento.
No es fácil. Hemos cometido errores y cometeremos muchos otros pero hay que darle oportunidad y estar muy pendientes de que no vuelvan a delinquir.
– Hace unas semanas se hicieron dos denuncias: una que dentro del DAS existía una red que vendía datos de inteligencia a los paramilitares, y otra que se había conformado una agencia de inteligencia privada al servicio de las AUC. ¿Qué tienen de cierto?
-Obviamente las organizaciones ilegales tratan de infiltrar las entidades del Estado. Estoy seguro de que las FARC están tratando de hacer lo mismo con el DAS y la policía. Eso es parte de la lucha de los grupos ilegales.
-Preocupa que los grupos armados -con gran experticia y formación militar- una vez desmovilizados formen bandas especializadas en secuestros, como pasó por ejemplo con los contras en Nicaragua.
-Si lo hacen van a enfrentar a la ley. Los costos de convertirse en criminales organizados van a ser altísimos. No quiere decir que no vaya a pasar, pero estoy seguro que aquí no vamos a tener un posconflicto tan violento como el de Centroamérica.
-¿Cómo ha afectado a los países vecinos, especialmente Venezuela, la mano dura del Gobierno colombiano con los grupos violentos?
¿Han buscado esos grupos alivio en los países vecinos?
-Nosotros hemos sido buenos socios de todos los países vecinos y les hemos dicho: Miren, si necesitan ayuda estamos dispuestos a darla. Lo que sí es cierto es que nuestra política de mano dura contra la violencia no va a parar. Por el contrario hay que fortalecerla. País que se descuide, país que se lo tragan vivo.
-¿Qué considera que se debe hacer para evitar eso?
-Ser igualmente duro. Al terrorismo y al delincuente no se le apacigua, se le combate, se le derrota, se le mete a la cárcel y si opone resistencia se le mata. Es así de claro.
-¿Están satisfechos en la manera en que el Gobierno venezolano trata a los grupos violentos colombianos?
– (Largo silencio). Yo prefiero no comentar sobre ese tema.
-¿Tiene estadísticas sobre cómo ha traspasado ese problema la frontera?
-Tenemos mucha información pero la manejamos de manera reservada.
-¿Funcionan los mecanismos de intercambio de información entre los militares, por ejemplo?
-No tanto como quisiéramos.
-¿Y a qué se lo atribuye?
-Por parte de Colombia la apertura es absoluta y total. No le voy a decir más.
¿Qué responde a las duras críticas hechas al Plan Colombia?
-El Plan Colombia ha sido fundamental en la capacidad de combatir el narcotráfico y a los grupos ilegales.
Independientemente de los errores, ha sido fundamental. Estados Unidos ha asumido su corresponsabilidad como uno de los países consumidores de droga más importante. Nadie va a pelear nuestras peleas. Ahora que estamos viendo la luz al final del túnel no es el momento de quitarle el pie al acelerador.
“Nos interesa esclarecer el caso Anderson”
La idea de hablar sobre el caso Anderson no le seduce para nada. Su rostro se vuelve serio y las respuestas son cortas y cortantes.
Quiere despachar el asunto lo antes posible. Recuerda las declaraciones del presidente Chávez de hace unos meses, en las que dijo que existía un complot por parte de los paramilitares para asesinarlo. “La primera llamada que recibió fue la del presidente Uribe. Aquí lo único que existe es acabar con el paramilitarismo, acá, allá o donde sea. Y en eso el Gobierno venezolano tiene todo el apoyo del colombiano. Que no le quepa la menor duda”.
¿Ha llamado el presidente Chávez para solicitar información sobre el caso Anderson?
-No conozco, pero estoy seguro de que si se comunica, el presidente Uribe le dará todo lo que necesite para que la investigación fluya.
A nosotros nos interesa esclarecer este tipo de hechos de arriba hasta abajo. Aquí hay unas informaciones sobre este señor que son materia de investigación y sobre lo cual no quiero hablar públicamente.
Pero el presidente Chávez tiene que tener la claridad absoluta de que cualquier intento, cualquier locura, cualquier acusación de esa, será investigada hasta el fondo.
-¿Descarta que el caso Anderson enturbie las relaciones entre Colombia y Venezuela?
-Espero que no. Espero que manejemos el caso a través de los canales judiciales y diplomáticos.

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