Eleonora Gosman. SAN PABLO .CORRESPONSAL
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La aplastante victoria del «no» a la prohibición de venta de armas en el referéndum del domingo abrió en Brasil un espacio para reclamar más dureza en las políticas de seguridad. El primer efecto de los resultados del plebiscito, indicaron líderes políticos y expertos en seguridad, será el surgimiento de una fuerte corriente a favor de la sancionar la pena de muerte.
De acuerdo con el ex secretario nacional de Seguridad, Luiz Eduardo Soares, que actuó durante el primer año del gobierno de Lula da Silva, la población «legitimó con el referendo un discurso autoritario». Las corrientes políticas de derecha, sostuvo el experto, «tomarán fuerza para reducir, también, la edad en que se es mayor desde el punto de vista penal». Esta sospecha fue expresada además por uno de los líderes del Frente Parlamentario por el Derecho a la Legítima Defensa, Luiz Antonio Fleury Filho. Este legislador, que era gobernador de San Pablo cuando se produjo la masacre del penal paulista de Carandirú —con el asesinato de 111 presos— cree que llegó el momento de penalizar a los adolescentes brasileños a edades más tempranas que las admitidas por la actual legislación. «El referendo de las armas trajo al escenario el debate sobre las fallas en la seguridad y eso va a representar una mayor presión sobre el gobierno», subrayó el congresista, que defendió históricamente la estrategia de «tolerancia cero» para combatir el delito.
Desde la orilla contraria, el presidente del Instituto Soy de la Paz, Denis Mizne, se lamentó por el mensaje que significó esta votación a favor del no. «El mensaje fue: no se preocupe con la seguridad. Ya que usted, gobierno, falló, yo me cuidaré por mí mismo». Según Mizne, no hay que perder las esperanzas y preparar una reacción. «Volveremos a las calles a hacer campaña para que la población elija no comprar armas». También se le propondrá al gobierno de Lula da Silva que tome medidas para combatir el contrabando de armas de fuego y para que controle las ventas al mercado negro.
Los resultados del plebiscito del domingo impactaron, también, de forma inesperada sobre el gobierno: aliados del oficialismo y opositores concordaron que el apoyo popular al comercio libre de armas no fue «una derrota de los gobernantes» y una «expresión general de insatisfacción con las políticas en seguridad pública». Es un mensaje claro de la población que indicó así que «la seguridad no puede continuar en este estado calamitoso», opinó el senador Jefferson Peres, dirigente del centrista Partido Democrático Laborista (PDT). Para el diputado del Partido de los Trabajadores, Paulo Delgado, fue evidente que «la crisis contaminó el plebiscito»; aunque admitió que también influyó «la falta de políticas claras de seguridad». El legislador izquierdista acusó a los anteriores gobiernos de haber dejado «sólo al pueblo, matando y muriendo». Y cuestionó al presidente Lula da Silva por no jugarse en forma contundente a favor del «sí a la prohibición».
