By Luis Felipe ArangoEspecial Diario La EstrellaAsí tituló Amnistía Internacional su informe sobre el proceso de negociación con los paramilitares del narcotráfico.
Saltan a la vista muchas dudas sobre las consecuencias de un fenómeno delincuencial complejo que ha desplegado sus tentáculos por muchos frentes de la vida legal.
Se ha comprobado la influencia paramilitar en los juegos de azar, en el control de algunas de las multimillonarias empresa administradoras de la salud subsidiada y en la injerencia sobre el manejo presupuestal de muchos municipios.
En Medellín, donde han tenido un control omnipresente desde los tiempos de Pablo Escobar, los ‘paras’ se han camuflado tras diferentes modalidades operativas. Algunas de esos escuadrones desmovilizados están cooptando reconocidos líderes barriales para que atiendan sus intereses y saquen ventaja de algunos beneficios ofrecidos para los desmovilizados. En otros casos, sin desmovilizarse completamente, ejercen un dominio de ‘patrones’ de la seguridad con armas cortas. Los menos se han bandolerizado, operando como grupos delincuenciales que utilizan la intimidación para controlar espacios colonizados.
Lo más grave de este proceso es que la Ley de Justicia y Paz diseñada para desmovilizar a estas organizaciones, no va a garantizar una reparación ni una pena contra quienes incurrieron en crímenes de lesa humanidad. Las víctimas no serán redimidas con una reparación integral.
El gobierno está ambientando el trámite de una ley que permita a los cabecillas de estos grupos participar en la actividad proselitista y aspirar a cargos de representación y administración pública.
La participación legal en política de personajes que se enriquecieron de manera ilícita a punta de tráfico ilegal de estupefacientes y ejerciendo violencia rampante para apoderarse de las mejores tierras del país, es un antecedente de impredecibles consecuencias para la estabilidad del régimen democrático.
El paramilitarismo ha sido una difusa amalgama de contrainsurgencia, delincuencia común y capos de la mafia. Desmovilizar esos grupos cual montonera, sin sancionar el prontuario de los cabecillas, significa legalizar la actividad de un poder inseparable del narcotráfico, además de legitimar el statu quo de una creciente acumulación de tierras alrededor del latifundio. Pero además representa la posibilidad casi inminente de una «traquetización» cultural.
Es una experiencia perturbadora ver cómo las calles, los restaurantes y las discotecas de las principales ciudades del país están siendo invadidas por ‘traquetos’ a bordo de flamantes camionetas burbuja, rodeados de una corte de matones que intimidan a cualquiera que se atreva a pisar el área circundante de su territorio.
Me correspondió ser testigo en Medellín de cómo en una discoteca levantaron a patadas y puñetazo limpio a un joven decente, sencillamente porque se atrevió a bailar en el corrillo donde estaba bailando uno de estos ‘traquetos’ con su novia, y se negó a retirarse ante la amenaza de uno de los guardaespaldas del «señor».
¿Es éste el nuevo poder real en Colombia?
Luis Felipe Arango, escritor y politólogo colombiano. Para comentarios: luisfelipear@hotmail.com.
