Los narcotraficantes buscarían crear un bastión político para sus intereses durante las elecciones. Consultados sobre este tema, algunos candidatos señalaron que harán un seguimiento de las donaciones que reciban para sus campañas a fin de descar- tar un lavado de dinero. Sin embargo, desco- nocen las técnicas que emplean la policía y el Poder Judicial para este propósito.
El narcotráfico y el lavado de dinero son problemas que socavan al país en lo económico y moral. Los capos de la droga se han metido en el bolsillo a muchos funcionarios del Estado y sus tenazas seguramente ya merodean los partidos políticos para introducirse en la campaña electoral.
La experiencia del Caso Zevallos, que hace poco puso al descubierto las relaciones que puede tejer una mafia con el poder y los políticos, debe servir de alerta.
El Comercio pudo entrevistar por teléfono a muchos de los postulantes a Palacio de Gobierno y comprobó que ese problema no es precisamente una prioridad para ellos. En lo que sí coincidieron los candidatos consultados fue en señalar que el narcotráfico podría intentar ingresar a la campaña con su ilícito dinero.
Algunos de los candidatos que ya invierten sumas considerables en viajes y publicidad no mostraron la mejor disposición para responder nuestras preguntas directamente. Unos incluso pidieron hacerlo por escrito.
La pregunta principal fue: «Sabiendo que el narcotráfico usa testaferros y contactos, ¿qué acciones ha previsto su partido para evitar el ingreso de dinero ilegal a su campaña electoral?».
La mayoría de respuestas fue imprecisa. Incluso ciertos aspirantes a Palacio de Gobierno buscaron camuflar su desconocimiento atacando a sus contrincantes y calificando sus campañas de sospechosas.
mejor hable con mi asesor
Ninguno se refirió a usar las bases de datos de Sunat, Infocorp y la Superintendencia de Banca y Seguros a fin de evaluar a los posibles donantes de dinero. Y tampoco hubo mayor referencia a los archivos de la Policía Nacional o de Registros Públicos de Lima.
Todas ellas constituyen posibles maneras de fiscalización que mencionó al Diario el coronel PNP Carlos Pércovich Mallea, ex jefe de la División de Investigación Financiera de la Dirección Antidrogas (Dirandro).
Al parecer los candidatos tampoco conocen que, entrando por la puerta posterior del Palacio de Justicia, a la derecha, existe un registro electrónico que ayuda a conocer si una persona ha sido investigada, procesada o sentenciada y por qué tipo de delito.
Algunos entrevistados manifestaron que esos «detalles menudos» eran conocidos por los tesoreros o secretarios generales del partido, dado que «ellos se encargan de ese rubro».
La Ley de Partidos Políticos precisa que los jefes de finanzas o tesoreros son los responsables de recibir el dinero donado, ¿pero acaso eso impide a los aspirantes presidenciales empaparse de esos rudimentos, considerando que podrían ser ellos los primeros en ser investigados si se destapara un hecho irregular?
Jaime Salinas (Justicia Nacional) sostuvo que todos los movimientos financieros de su grupo se hacen en las cuentas bancarias registradas ante la ONPE y el JNE. «Además, todos los aportes se registran con nombres y apellidos», añadió.
¿Y qué procedimiento ha establecido su movimiento para cuidarse las espaldas? «Si alguien se nos acerca con dinero, le haríamos un ‘chequeo’ para conocer los orígenes de ese dinero y las actividades del colaborador».
Le preguntamos si conocía los pasos concretos de esa verificación: «Es un procedimiento establecido por la comisión de economía del partido, que yo no integro. Pero implica -supongo- conocer los antecedentes profesionales y financieros».
Al pedirle dialogar con la jefa de esta comisión, Nella Lozano Salazar, dijo que no había problema, pero se excusó puesto que iba «a responder lo mismo».
Valentín Paniagua (Frente de Centro) le dijo a El Comercio que cumplirán con la ley para garantizar la transparencia de su financiamiento. Sin embargo, cuando se le preguntó si habían previsto acciones para evitar en lo posible la filtración de dinero sucio, dijo que «seguramente algún procedimiento tiene que establecer la secretaría de economía».
La segunda pregunta fue si su partido político iba a recibir contribuciones de dinero en efectivo o en una cuenta bancaria.
Respondió: «No conozco con detalle ese tema… ¿Por qué no habla con el secretario general?».
Se intentó hablar con Alan García, candidato del APRA, pero no fue posible debido a que se encontraba dedicado a «asuntos familiares».
Luis Giampietri Rojas, segundo en la plancha del partido de la estrella para las elecciones del 2006, comentó brevemente que «no había conversado de ese tema» con el ex mandatario.
necesaria asesoría
Nuestra inquietud también fue alcanzada a los grupos políticos que (hoy por hoy) ) no aparecen en las encuestas de opinión. Así, José Cardó Guarderas, de Reconstrucción Nacional, sostuvo: «Hasta ahora los gastos han salido de mi bolsillo. Una campaña electoral es muy cara, por eso vamos a necesitar ayuda, pero dentro de la ley».
Se le planteó el siguiente caso: Si una persona llega a su local para entregar una suma de dinero, ¿le dicen que no?
El candidato respondió: «No le decimos que no. Le decimos que deposite el dinero en el banco y con su nombre para poder ubicarlo».
Y añadió, tal vez sin saber que las mafias suelen usar testaferros: «Si viene alguien que sabemos que es traficante de drogas, ya sabríamos de su real motivación y no nos convendría recibir su apoyo por ir contra la moral».
Finalmente, José Cardó se mostró a favor de incorporar en los equipos de campaña electoral a especialistas que «ayuden a investigar el origen del dinero donado por terceros».
Otro entrevistado fue Javier Diez Canseco, del Partido Socialista, quien afirmó que antes de recibir algún dinero, primero se rastrea el origen de la donación.
«Agradecemos el gesto y le decimos al donante que vamos a aplicar nuestro proceso de verificación, teniendo en cuenta si es una persona natural o jurídica».
A Diez Canseco también se le preguntó si su equipo de finanzas ha recibido capacitación para detectar dinero ilegal. A secas respondió que no.
En seguida admitió que «sería interesante conocer los mecanismos de otros países para evaluar el dinero que ingresa a las campañas. Sabemos del caso de Ernesto Samper en Colombia y otros, pero la verdad es que no conocemos los detalles. Eso sería muy útil para nosotros».
