KETTY RODRIGUEZEl Nuevo HeraldDos tenientes venezolanos detenidos por Inmigración, José Antonio Colina y Germán Varela, suspendieron ayer la huelga de hambre que iniciaron el 1 de diciembre del año pasado porque la salud de ambos estaba en serio peligro.
»Me hicieron varios exámenes y el médico aseguró que mi cuerpo había perdido mucha sal y los latidos de mi corazón estaban fallando… Si seguía así [en huelga] corría el riesgo de un infarto», declaró Colina a El Nuevo Herald en conversación telefónica.
La decisión se produjo en momentos en que el Departamento de Estado se dispone a dar una respuesta sobre el pedido de extradición hecho por el gobierno venezolano, y de cuya respuesta depende la liberación de los militares, afirmaron los abogados de Colina y Varela.
Además, una vocera del Servicio de Aduanas y Deportación (ICE) aseguró: »Estamos revisando el caso de los militares», afirmó escuetamente Jamie Zuieback desde Washington.
»Ellos [los tenientes] estaban muy disgustados por las condiciones de encarcelamiento y porque el gobierno no había prestado atención al caso… pero ahora el Departamento de Estado lo ha tomado en serio y dará una respuesta pronto», afirmó Matthew Archambeault, el abogado de Antonio Colina.
Los tenientes venezolanos, acusados de haber participado en atentados explosivos contra las sedes diplomáticas de Colombia y España en Caracas, viajaron a Miami el 19 de diciembre del 2003 y solicitaron asilo argumentando persecución por parte del gobierno de Hugo Chávez.
Sus abogados afirman que sus clientes son inocentes y que no existen evidencias contundentes contra ellos. Un juez de inmigración prohibió su deportación alegando que podrían ser torturados si regresaban a Venezuela, pero les negó el asilo político.
Más de dos años después siguen presos por Inmigración, pese a que el FBI determinó que no son terroristas y que «no son un peligro para la sociedad americana».
»Lo más importante es que fueron trasladados a un centro de detención con mejores condiciones y donde reciben atención médica», señaló Federico Maciá, el abogado de Varela.
Los militares fueron trasladados de una cárcel común del condado Wakulla, Florida, al Centro de Procesamiento de Inmigración de Houston, Texas, el pasado 30 de diciembre cuando la salud física de ambos se estaba deteriorando.
»Las condiciones de esa cárcel [Wakulla] eran deplorables. Estábamos con presos comunes y nos trataban como criminales», comentó Colina.
Al parecer, durante seis meses estuvieron comiendo todos los días pan con bologna en el almuerzo, y en oportunidades sufrieron burlas y vejaciones de los guardias.
Tras 33 días en huelga de hambre, ambos militares aseguran haber perdido entre 38 y 40 libras cada uno, y haber sufrido daños irreversibles en sus cuerpos. La portavoz Zuieback indicó que estaban haciendo todo el esfuerzo para proteger la vida de los militares, proporcionándoles atención médica adecuada.
