THE ECONOMIST
En la era industrial, las fábricas arrojaban hollín y sucio que contaminaban el ambiente; en la era de la información, las compañías también dejan escapar datos que pueden exponer al público a daños.
En el caso de la contaminación, los políticos e industriales alcanzaron un consenso para adoptar los controles necesarios.
Algo semejante ocurre ahora con las medidas de protección de la privacidad en Estados Unidos.
El Congreso trabaja en leyes para combatir el robo de identidad, que según cálculos del Gobierno estadounidense cuesta alrededor de 50 millardos de dólares anuales.
Cerca de 20 anteproyectos de ley se elaboraron en 2005, luego de una serie de fugas de información en firmas de procesamiento de datos de tarjetas de crédito y otras empresas. Esto dejó al descubierto la información personal de más de 50 millones de individuos. Estas fugas se revelaron sólo gracias a una innovadora ley de California que obliga a las empresas a decirle a la gente si sus datos personales han quedado expuestos.
Esta ley de California ahora pudiera servir como modelo para todo Estados Unidos.
El movimiento en favor de leyes nacionales sobre la privacidad recibe apoyo de un sector inesperado: los empresarios estadounidenses. Siete años atrás, EEUU estuvo a punto de iniciar una guerra comercial con la Unión Europea por su decreto de privacidad, que estipula que las compañías expliquen cuáles datos están recopilando, protejan esta información y permitan a la gente corregirla y controlar la forma en que es compartida. Las firmas estadounidenses aseveraron entonces que esto resultaría más costoso y menos efectivo que una autorregulación. Ahora las propias empresas están exhortando al Gobierno a adoptar medidas similares.
En noviembre, Brad Smith, consultor jurídico de Microsoft, declaró ante la Comisión del Congreso de Estados Unidos para asuntos de Internet que el gigante del software había cambiado de posición y ahora respaldaba una ley nacional sobre privacidad que se aplicará a todas las compañías, tanto en línea como fuera de línea. Las legislaciones vigentes en materia de protección de datos constituyen un amasijo de normas incoherentes que se solapan, indicó.
Una ley federal simplificaría las cosas para las empresas y estimularía la confianza de los ciudadanos.
Un ejemplo práctico de cómo incluso las principales marcas pueden alejar a los consumidores se observó en noviembre, cuando se reveló que millones de discos compactos vendidos por Sony BMG contenían subrepticiamente un programa de computación que impedía que el CD fuera copiado en una PC, pero a su vez dejó cerca de 500.000 computadoras vulnerables al ataque de distintos virus. Aunque inicialmente le restó importancia al problema, la compañía luego optó por recoger casi cinco millones de discos compactos y brindar una herramienta de software que resolviera el problema de la vulnerabilidad ante los ataques de virus, todo ello en medio de la indignación del público y amenazas de demandas.
Hay tantos detalles que deben ser discutidos que no se espera que el Congreso apruebe la Ley sobre privacidad sino hasta el año 2006. Aún es posible que la legislación federal _que se centra principalmente en las empresas que manejan datos_ se utilice a fin de moderar leyes estatales más severas. Entretanto, la Comisión Europea está revisando el impacto del decreto de la UE sobre privacidad, que entró en vigencia en 1998.
La Unión Europea pudiera agregar un requisito, similar a la Ley de California, que estipule que las compañías que experimenten una fuga de datos informen al público.
Los europeos, que se enorgullecían de liderar el mundo en materia de legislación sobre privacidad, pudieran terminar copiándose las normas de protección de datos que se utilizan en el otro lado del Atlántico.
Traducción: José Peralta
