La flamante canciller alemana, Ángela Merkel, inició ayer su primera visita oficial a Washington en medio de una tensa expectativa sobre el rumbo que tomarán las relaciones entre Berlín y la superpotencia estadounidense, después de los años de desencuentros durante el gobierno de su antecesor, Gerhard Schroeder.
No era para menos. Antes de salir de Alemania, Merkel había enviado una señal que tuvo que causar inquietud en la Casa Blanca. En una entrevista con la prestigiosa revista Spiegel dijo que el campo de prisioneros de Estados Unidos en Guantánamo “no puede ni debe existir”, y que abordaría el tema con el presidente Bush.
Merkel matizó su declaración con el anuncio de que su gobierno aportará fondos a la ONU para financiar el entrenamiento de trabajadores sociales y policías iraquíes, como una contribución a la reconstrucción de Irak. Fue un obvio intento diplomático orientado a mejorar las relaciones entre Berlín y Washington, pero no evitó que la sombra de Guantánamo flote sobre el encuentro y capture titulares a ambos lados del Atlántico.
La gobernante alemana tiene razones específicas para hablar de Guantánamo con Bush. Hace meses que se ventila en Alemania el caso del turco-alemán Murat Kurnaz, preso desde hace cuatro años en el tristemente célebre ‘Campo Delta’, donde, según su abogado, ha sido torturado. Los gobiernos de Turquía y Alemania han manifestado su preocupación por la suerte del prisionero y, según publicaciones que no han sido desmentidas, pedirán conjuntamente que sea puesto en libertad.
El de Kurnaz dista de ser el único caso que preocupa, ya no digamos a Berlín o a Ankara, sino a toda la comunidad internacional. En vísperas del viaje de la canciller alemana a Washington, y con motivo de cumplirse cuatro años de la llegada del primer preso islamista a Guantánamo, Amnistía Internacional publicó anteayer un informe que pone otra vez en evidencia los maltratos, torturas y arbitrariedades sufridos por los centenares de ‘combatientes enemigos’ (como los bautiza E.U., para no darles el tratamiento de prisioneros de guerra que estipulan las convenciones de Ginebra) recluidos en aquel campo.
Abundan en el informe testimonios de acciones ignominiosas. Como meter serpientes y escorpiones en las celdas de los presos, negarles la comida, insultarlos constantemente, prohibirles rezar y golpearlos tan brutalmente que algunos quedaron hemipléjicos como consecuencia de fracturas en la columna vertebral. Toda semejanza con la cárcel de Abu Ghraib no es mera coincidencia.
Por lo demás, el maltrato no es solo físico, sino también judicial.
Apenas 9 de los 500 prisioneros que hay en Guantánamo han sido acusados formalmente. Y en estos casos, los procesos son adelantados por tribunales militares ad hoc que ni siquiera reconocen la autoridad de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Esto quedó en evidencia el miércoles, cuando abrieron los juicios de dos presos (el yemení Alí Hamza al Bahbul, señalado como guardaespaldas de Osama Ben Laden, y el canadiense Omar Khadr, acusado de matar a un médico del ejército estadounidense en Afganistán en el 2002), a pesar de la decisión de la Corte, dictada en junio, de que los prisioneros de Guantánamo, como cualesquiera otros, tienen derecho a apelar ante los tribunales ordinarios de Estados Unidos.
La Corte Suprema, por otro lado, admitió una demanda contra la competencia de Bush para establecer los tribunales militares y en marzo abrirá audiencias sobre ella. Es posible que entonces se despeje el camino para que la justicia estadounidense restablezca el imperio de la ley y de los tratados internacionales que hoy se niega en Guantánamo, con consecuencias tan negativas para la ya deteriorada imagen de Estados Unidos.
