Corte Suprema de Estados Unidos autoriza el ‘suicidio asistido’ en Oregon a pacientes terminales
La administración de George W. Bush había demandado la constitucionalidad de la ley que lo permitía alegando que violaba normas federales.
Según esa demanda, del 2004, es el Gobierno y no las autoridades estatales las que tienen el poder de regular las prácticas médicas en el país.
Argumentaba, por lo tanto, que los doctores que prescribían drogas para terminar con la vida de un paciente podían ser enviados a la cárcel por “traficar” con una sustancia mortífera. En particular, citaban violaciones al Acto para el Control de Sustancias ilícitas, ley de 1970 destinada a combatir el tráfico y uso de drogas ilícitas.
De acuerdo con el Concepto de la Corte, si bien es cierto que las normas federales se imponen sobre las estatales, la ley de Oregon no pretendía modificar los estándares médicos del país. Además, dice que la Administración, al invocar la ley sobre sustancias ilícitas, se había equivocado pues esta no tiene relación alguna con la práctica en ese estado.
El Acto de Oregon para una Muerte Digna, ratificado en dos ocasiones por el electorado del estado, está dirigido a pacientes muy graves, con enfermedades incurables y frente a las que al menos dos doctores coinciden que no tienen más de dos meses de vida. Desde que se estableció, en 1997, 208 personas han muerto por esta vía.
Seis de los magistrados de la Corte votaron a favor y tres en contra, entre ellos John Roberts, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que fue nombrado por Bush el año pasado. El voto de Roberts fue interpretado como una confirmación de las credenciales conservadoras del jurista y prueba de que la Corte se moverá hacia la derecha una vez el Senado ratifique a Samuel Alito, el otro nominado de Bush como su nuevo miembro.
“Es realmente un fallo muy importante viniendo de la Corte Suprema, que confirma el derecho de los pacientes en fase terminal a controlar sus cuidados al final de su vida”, declaró Robert Kenneth, portavoz de la asociación Morir con dignidad, con sede en Oregon.
Un fallo a medias
No obstante, la Corte Suprema de Justicia no se pronuncia en su fallo sobre el derecho del conjunto de los estadounidenses a recurrir a la eutanasia.
El fallo, de 28 páginas, subraya sobre todo la ilegalidad de una decisión de noviembre del 2001 del entonces fiscal general, John Ashcroft, en la que consideró que la prescripción de “sustancias reglamentadas” con fines de eutanasia no es una “práctica médica legítima”.
“Este caso no se refiere al derecho a morir (…) es simplemente un caso sobre la posibilidad o no del gobierno federal de interferir en las prácticas médicas en nombre de la ley sobre las sustancias reglamentadas”, explicó Kenneth.
“El fallo está redactado de manera muy restrictiva (..) no evoca ningún derecho constitucional a morir”, destacó el portavoz de Morir con dignidad Los servicios de salud de este Estado estiman además que no se debe hablar de “eutanasia”, sino más bien de “suicidio asistido”, ya que las sustancias letales son ingeridas por el paciente y no inyectadas por los propios médicos.
Según los defensores de la legislación de Oregon, luego de esta decisión de la justicia federal otros estados que son considerados liberales, especialmente California (oeste)y Vermont (noreste), podrían adoptar textos similares.
[*]* Con información de Sergio Gómez Maseri, corresponsal de EL TIEMPO en Washington, y AFP
