Se desmovilizaron 2.500 paramilitares del bloque Mineros de las Autodefensas
La entrega de hombres y armas es la más grande desde el inicio del proceso de diálogo de los paramilitares con el Gobierno Nacional.
Esta vez entregaron sus armas y un helicóptero los integrantes del «Bloque Mineros» de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos 40 mujeres, en una finca de Tarazá, localidad de la zona bananera de Urabá (Antioquia).
Los rebeldes se rindieron con su jefe Ramiro Vanoy Murillo (alias «Cuco Vanoy»), solicitado en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.
La ceremonia se efectuó en la hacienda «La Ranchería» en el sitio Pecoralia, con la presencia del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, autoridades regionales y delegados de la Misión Observadora de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Estos alzados en armas operaban en once municipios de las regiones del río Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia.
La de hoy fue la vigésimo quinta desmovilización colectiva desde noviembre de 2003 y la primera de este año, tras la del «Bloque Vencedores de Arauca» (nordeste) el pasado 23 de diciembre.
En el proceso se han entregado más de 11.000 paramilitares de los 20.000 que se calculaba que tenían las AUC y los restantes tienen plazo hasta finales del próximo mes de febrero.
Al igual que en las desmovilizaciones anteriores, el Ejecutivo creó una «zona de ubicación temporal» en la que empezaron a concentrarse los miembros del «Bloque Mineros» desde el pasado 12 de enero.
A los combatientes les tramitaron documentos de identidad y certificados de antecedentes judiciales, y les practicaron exámenes médicos y sicológicos.
Los reinsertados también recibieron ropa y una ayuda de alrededor de 150 dólares.
Este desarme se vio afectado a comienzos de esta semana por denuncias sobre la presencia de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) al parecer en busca de tomar el control del territorio dejado por los paramilitares.
Lo que actualmente se conoce como Auc surgió en la década de los años 80 cuando los hacendados se unieron para combatir a los guerrilleros de izquierda que los extorsionaban.
Los comandos de justicia privada degeneraron en escuadrones de la muerte y están acusados de una infinidad de crímenes de lesa humanidad como asesinatos de sindicalistas y militantes de izquierda, masacres de campesinos y campañas de exterminio.
Para regular la reinserción, el año pasado el Congreso colombiano promulgó una controvertida «ley de justicia y paz» que ha recibido numerosas críticas dentro y fuera del país, ya que los críticos consideran que facilita la impunidad.
Con EFE.
