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MADRID.- El «malestar» expresado por diversos mandos del Ejército español por la situación política y su gestión por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha llamado la atención del diario estadounidense The New York Times, que publica hoy un editorial en el que llama «trogloditas» a los militares críticos con el Ejecutivo e insta al Partido Popular a aceptar la legitimidad democrática del Gobierno socialista.
El artículo, titulado ‘Militares trogloditas en España’, afirma que «es un principio básico de la democracia que los oficiales del Ejército no comprometan la legitimidad de los gobiernos elegidos o hablarán de marchar con sus tropas por las calles de la capital para modificar las decisiones del Parlamento».
El editorial recuerda que comentarios de este tipo se han producido dos veces en el último mes en España, «un país cuya historia en el siglo XX fuerza a tomarse en serio estas amenazas».
La respuesta del Gobierno ha sido «justamente firme» a juicio de The New York Times, que considera sin embargo que, «desgraciadamente, el Partido Popular parece más interesado en fabricar excusas para los militares que en defender el orden democrático».
El texto anima a no olvidar «los horrores de la Guerra Civil y la brutal dictadura posterior» y alude al origen del conflicto, «cuando militares ultraderechistas se rebelaron contra el gobierno de izquierdas democráticamente elegido al considerar que no era legítimo y que hacía demasiadas concesiones a los separatistas».
«La sociedad española, los políticos españoles y, en su mayoría, los mandos del Ejército español, han recorrido un largo camino de moderación que les ha llevado a profundizar en su compromiso en el juego democrático», afirma el artículo.
Sin embargo, el Partido Popular «nunca ha aceptado la legitimidad democrática» de las últimas elecciones parlamentarias. «Es hora de que el Partido Popular avance», sentencia The New York Times, «la democracia española necesita y merece un apoyo bipartidista más fuerte».
La crisis de declaraciones en el Ejército
El pasado 6 de enero, el teniente general del Ejército de Tierra y general jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena Aguado, afirmó en un discurso que si algún Estatuto de Autonomía sobrepasa los límites de la Constitución, el Ejército, como garante de la Carta Magna y en aplicación el artículo octavo, «tiene como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad, y el ordenamiento constitucional».
Un día después, el ministro de Defensa, José Bono, ordenó el arresto domiciliario por ocho días del teniente general y el 13 de enero el Consejo de Ministros aprobó el cese y pase a la reserva de Mena Aguado como Jefe de la Fuerza Terrestre por sus declaraciones.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró que declaraciones como las de Mena Aguado, que no se producían en España «desde hace más de 20 años», «no pasan porque sí» y añadió que existe «inquietud» en la sociedad por la reforma del Estatuto de Cataluña.
José Bono consideró que la «indisciplina» del teniente general era un caso aislado en el Ejército, pero días después el capitán de Infantería destinado en Melilla Roberto González Calderón aseguraba en una carta dirigida al presidente del Gobierno que «existe malestar dentro y fuera de las Fuerzas Armadas» al ver «cómo se está desmembrando» España y cómo todo lo que va en contra de esta nación, de la «Iglesia» y la «familia» está «de moda, es lo democráticamente correcto y lo progresista».
Ese mismo día, el ministro de Defensa recordó a los militares su subordinación a la legalidad y recalcó que su obligación no es defender «la España de los Reyes Católicos», sino la actual, lo que significa «defender a los españoles de acuerdo con la Constitución y el poder elegido en las urnas». Al mismo tiempo, se anunciaba la aplicación de normas disciplinarias al capitán y «a cualquier militar que contravenga la normativa».
