El martes 21 de junio de 2005, la señora Enriqueta Díaz caminaba por una de las calles del centro histórico de Cartagena cuando el sonido de su teléfono móvil la obligó a detenerse. Antes de contestar observó la pantalla del aparato y de inmediato identificó a quien la llamaba: el escolta Juan Pablo Viloria, un hombre que se ha convertido en pieza fundamental de la investigación por el asesinato de su hermano, Eudaldo Díaz, ex alcalde de El Roble, Sucre, quien se hizo célebre porque en febrero de 2005 participó en un Consejo Comunal y denunció ante el presidente Álvaro Uribe que los políticos y los paramilitares de la región habían ordenado su muerte, que ocurrió dos meses después.
La señora Díaz respondió y en efecto, al otro lado de la línea estaba Viloria, quien le dijo angustiado desde Montería, donde estaba escondido: «Me va a salir cara la declaración que presenté en la Fiscalía en la que dije toda la verdad –explicó el escolta, sobresaltado-. Acaban de secuestrar a mi hermano Isaías y quieren que me retracte de todo. Me exigen que vaya a Ralito». La hermana del Alcalde intentó persuadir a Viloria de dirigirse a la zona de concentración paramilitar en Córdoba porque podría tratarse de una trampa, pero éste respondió que no tenía otra opción y colgó.
Ante la gravedad de lo que ocurría, la señora Díaz se dirigió a una cabina telefónica y llamó a la fiscal del caso y le explicó lo que sucedía. Como ya era imposible detener a Viloria, la funcionaria judicial instruyó a la hermana del Alcalde para que escribiera un relato del episodio y se lo enviara por fax para incluirlo en el expediente.
Cuatro días más tarde, el 25 de junio, Juan Pablo Viloria, su padre y Gloria, la esposa de su hermano Isaías de Jesús, llegaron en Tierralta, Córdoba, al retén que da acceso a los campamentos de los jefes paramilitares que están en la mesa de negociación con el Gobierno. Pocos minutos después fueron conducidos ante Rodrigo Mercado Peluffo, Rodrigo Cadena, el comandante del bloque Héroes de María que por aquellos días afinaba los detalles finales para la desmovilización de 594 de sus combatientes.
Cita con la muerte
Juan Pablo Viloria
Sobreviviente a la purga .
Viloria recuerda que la charla fue corta y al grano. Cadena le dijo que respetaría la vida de su hermano siempre y cuando acudiera a la Fiscalía a anular la declaración que había presentado el 19 de mayo anterior, en la que hizo un relato detallado de la forma como ocurrió el crimen del Alcalde y señaló al jefe paramilitar y a algunos dirigentes políticos regionales como autores intelectuales del homicidio.
En efecto, en diligencia presentada ante un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía desplazado a Montería, Viloria había revelado que en la noche del 5 sábado de abril de 2003 presenció el instante en que cinco hombres transportaban en una camioneta al alcalde Díaz rumbo a la finca El Caucho, a 50 kilómetros de Sincelejo. Según el testigo, el mandatario local había sido convocado a ese lugar para reunirse con Cadena, con un oficial de la Policía de apellido Arango y con un funcionario de la Procuraduría Departamental, con el fin de dar por terminadas algunas diferencias personales que surgieron después de que el Ministerio Público ordenó la suspensión provisional del Alcalde por presuntas irregularidades en el desempeño de su cargo.
Cadena secuestró a un hermano de Viloria para obligarlo a retractarse en la Fiscalía.
En su descripción de los hechos, Viloria agregó que el Alcalde fue conducido hasta la finca por El Cocha y Juan Carlos Anaya, jefes paramilitares de Sincelejo, y por los escoltas El Gafitas, Carlos Verbel o Caliche, y John, quienes trabajaban para Cadena y fueron los encargados de mantener cautivo al Alcalde hasta el 10 de abril, cuando recibieron la orden de ejecutarlo a tiros y dejarlo abandonado cerca de Sincelejo. Según Viloria, el alcalde Díaz fue víctima de una celada porque al menos dos de sus escoltas lo traicionaron a cambio de dinero y empezaron a trabajar para Cadena.
«Supe que tenía problemas –el alcalde– por las denuncias que hizo en público ante el presidente Uribe y ahí fue cuando se le vino la guerra encima –dice Viloria en su testimonio–. Luego me enteré que por su muerte pagaron 120 millones de pesos. A mí me comentó Daniel Cuesta –otro escolta– que quien dio la orden de que lo mataran fue Rodrigo Pelufo Cadena (sic)».
En reversa
Rodrigo Cadena – Paramilitar
Esta declaración de Viloria en la Fiscalía fue la que desencadenó el secuestro de su hermano Isaías y su comparecencia obligada en Ralito ante Cadena, quien concluyó el encuentro diciendo que un abogado le haría llegar un texto escrito sobre lo que debía decir en el nuevo testimonio. Antes de partir, el paramilitar le dijo al escolta que si cumplía su parte lo premiaría con 30 millones de pesos.
Así, el 8 de julio siguiente Viloria presentó un testimonio en el que cambió su versión: negó que el Alcalde hubiera sido llevado en camioneta a una finca y que ningún escolta participó en el episodio. También señaló que ni los paramilitares ni los políticos de Sucre estaban relacionados con el crimen.
Los hermanos Viloria respiraron tranquilos y esperaron a que Cadena les enviara el dinero prometido. Pero no fue así. Isaías fue asesinado en Sincelejo en la noche del 8 de septiembre de 2005 por dos hombres que lo atacaron por la espalda y le hicieron seis disparos. Por aquellos días Juan Pablo trabajaba en Cartagena y muy pocos sabían de su paradero. Es posible que ese alejamiento le haya salvado la vida.
El crimen de Isaías Viloria le dio un nuevo impulso al proceso, que había sufrido un traspiés con la retractación de Juan Pablo, quien decidió buscar ayuda porque estaba seguro de que sus días estaban contados. Por eso no dudó en llamar, poco después del sepelio de su hermano –al que no pudo asistir–, a la oficina del representante Gustavo Petro en Bogotá.
Tras la muerte de su hermano, Viloria reiteró sus denuncias contra ‘paras’ y políticos de Sucre.
Para nadie es un secreto que el congresista ha adelantado algunas investigaciones sobre la aparente connivencia de algunos dirigentes políticos de Sucre con los paramilitares de la región. Según dijo Petro en un debate en la Cámara en mayo de 2005, esa complicidad desencadenó masacres como las de Chengue y Macayepo en las que fue asesinado medio centenar de campesinos. También era de dominio público que Petro había conocido de tiempo atrás al alcalde Díaz, quien salió elegido en El Roble con el aval del movimiento Vía Alterna, el embrión del Polo Democrático Independiente, PDI.
El 10 de septiembre, Viloria entró en contacto con asesores del congresista, a quienes les explicó su situación. Al cabo de varias citas fallidas, el testigo llegó a Bogotá y se encontró con Petro el 12 de octubre. Después de varios contactos informales promovidos desde el despacho del político, Viloria regresó a los despachos judiciales donde retomó sus primeras versiones sobre los hechos y volvió a acusar a Cadena y a políticos regionales como determinadores del asesinato del alcalde Díaz.
Aun cuando el testigo ha sido cauto en señalar nombres, en un par de declaraciones ha mencionado al ex gobernador y ex diplomático Salvador Arana como una de los que habría colaborado en la financiación del crimen del Alcalde. Arana ha sido blanco de diversos cuestionamientos por parte de Petro, quien dice no tener dudas de los nexos del político sucreño con las autodefensas.
Incluso así, hasta ahora la Fiscalía se ha abstenido de vincular a Arana en esas investigaciones y por eso el ex gobernador se defiende con vehemencia. Así lo hizo en agosto de 2005: «No soy ningún asesino –dijo entonces a El Tiempo–. El señor Petro viene abusando de su investidura para perseguirme». También aclaró que el asesinado alcalde de El Roble votó por él cuando fue elegido Gobernador. «Llevan más de dos años investigando y jamás me han abierto siquiera una preliminar por ese caso. Dejemos que la justicia actúe».
La semana pasada la Fiscalía llamó a juicio a Edelmiro Alberto Anaya González y Carlos Enrique Verbel Vitola, las dos únicas personas detenidas por el crimen del Alcalde. Se les acusa de integrar el grupo criminal que ejecutó el secuestro y posterior homicidio del mandatario local, por instrucciones de Cadena. Otros siete, cinco de ellos escoltas, que participaron en la ejecución del asesinato, han sido eliminados por sicarios. La Fiscalía cree que los verdaderos responsables del hecho están tratando de limpiar sus huellas y por ello cobra mayor importancia el relato de Juan Pablo Viloria, quien podría ingresar al programa de protección de testigos del ente acusador.
¿Hasta cuándo?
Salvador Arana
El asesinato del alcalde de El Roble es otro, y muy grave, en la larga lista de crímenes cometidos por los paramilitares integrados en las Autodefensas Unidas de Colombia. Si la aplicación de Ley de Justicia y Paz resulta ser la más blanda, como muchos temen, seguramente este crimen, anunciado por la víctima, quedará en la impunidad. Ojalá no sea así, y cuando menos sus autores sean juzgados y condenados, aun si después se benefician de la amplia gama de mecanismos de la controvertida norma.
Pero hay algo más grave, si se quiere, que el crimen mismo. El asesinato ocurrió antes de que la mesa de Santa Fe de Ralito fuera instalada y de que la zona fuera despejada militarmente para facilitar el proceso de negociación con las Auc. Pero todavía después de creada la zona y de alcanzados los primeros acuerdos entre el Gobierno y las autodefensas, la actividad delictiva siguió su marcha.
Este episodio muestra que los jefes paramilitares siguen delinquiendo desde Ralito.
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades indican que ha habido secuestros, amenazas e incluso varios asesinatos para ocultar la verdadera historia de la muerte del alcalde de El Roble. Y además, que los implicados en esta estrategia de sangriento encubrimiento del crimen actuaron desde Ralito, una zona diseñada para la paz y no para la impunidad, y de la cual mil y una veces el presidente Álvaro Uribe y el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, prometieron que no se convertiría en un segundo Caguán.
Todo esto conlleva una preocupación adicional. Se supone que la ley de Justicia y Paz está diseñada para que los crímenes cometidos por los paramilitares no sean castigados con la severidad de un proceso ordinario, en el entendido de que fueron cometidos en el marco de una guerra que va a terminar por voluntad de los jefes de las Auc. Dicho de otro modo, que se justifica cierto grado de perdón a cambio de un aporte importante a la paz. En ese orden ideas, lo lógico sería que los paramilitares admitieran sus crímenes y obtuvieran los beneficios de la ley.
Pero eso no es lo que ha sucedido con este caso. Muy por el contrario, lo que según las indagaciones han hecho personajes como Rodrigo Cadena, es desatar un criminal proceso de presionar y matar testigos y cómplices del crimen. Y esto, cuanto menos, indica que, aunque este jefe paramilitar sigue desaparecido, su voluntad de paz, lo mismo que ha sucedido en otros casos como el de Diego Fernando Murillo, Don Berna, es bastante discutible. ¿Van a seguir los paramilitares delinquiendo desde Ralito? ¿Piensan continuar matando a los testigos de sus crímenes? Y si es así, ¿entonces para qué Ley de Justicia y Paz? Preguntas que, ante el silencio reiterado del comisionado Restrepo, sólo es posible esperar a que las resuelva el paso del tiempo.
El testamento del Alcalde
Si no hubiera sido porque Eudaldo Tito Díaz prácticamente se roba la palabra en el Consejo Comunal del 2 de febrero de 2003 y denuncia que lo van a matar, es muy posible que su asesinato hubiera pasado inadvertido.
Pero el alcalde de El Roble aprovechó la convocatoria del Gobierno para estudiar temas relacionados con la educación en Corozal, Sucre, y a lo largo de 12 minutos se fue lanza en ristre contra los políticos de su región, a quienes acusó de corruptos.
En dos ocasiones sonó el tiembre que anunciaba la terminación del tiempo, pero Díaz siguió sin parar. Sólo el presidente Álvaro Uribe logró que el funcionario cesara en sus diatribas y para ello le ordenó a la secretaria de los consejos, Ani Vásquez, que hiciera lo necesario para que los organismos de control investigaran sus denuncias.
Al final, Díaz les ofreció excusas a los asistentes y se sentó en su silla. Pocas semanas después su cuerpo fue hallado con varios disparos y visiblemente torturado.
Estas son sus principales frases:
Señor Presidente, soy el alclade del Roble para los que no me conocen y suspendido por una sola razón: injusta. Porque en el primer encuentro o conversatorio que tuvimos en el Bafin (Batallón de Infantería de Marina) yo fui capaz de denunciar al señor gobernador de Sucre y me la termina de cobrar la Procuraduría regional de Sucre.
Con esto se están buscando dos cosas y se van a conseguir: ya hubo la suspensión, ahora llega la destitución y después viene mi muerte. Ahora viene el otro paso, repito, y es que mí me van a matar.
Le voy a decir cuál es la alianza macabra que existe: Gobernación, Pablo Morris Arana, Tatiana Moreno, ex procuradora de aquí, viceprocurador general de la nación Carlos Arturo Gómez Pavajeau.
