Prevención reduce al 20 por ciento el costo del delito

Casi todos los países han logrado adelantos notables en la esfera de la salud pública en
los últimos treinta años. Parte del éxito en este sector se debe a que en la actualidad se conocen mejor las enfermedades y sus causas, se pueden identificar con precisión los grupos proclives a determinadas enfermedades y se llevan a cabo campañas informativas y de sensibilización de la opinión pública orientadas a modificar los hábitos riesgosos o fomentar estilos de vida más sanos. En otras palabras, la aplicación del antiguo refrán: Más vale prevenir que curar.
Ahora bien, en la esfera de la seguridad pública la situación es totalmente opuesta. En las grandes ciudades del mundo entero las tasas de delincuencia han aumentado en forma drástica; la violencia juvenil es un fenómeno corriente y cada vez más de ciudadanos, especialmente mujeres y ancianos, se sienten inseguros.
¿Cómo se puede explicar este panorama tan sombrío? Hay dos factores que contribuyen principalmente a esta situación. En primer lugar, no nos dimos cuenta a tiempo de las limitaciones de la justicia penal tradicional (la policía, los tribunales, las cárceles) para responder a la delincuencia. En segundo lugar, prestamos un apoyo mínimo a las medidas preventivas que tienen por objeto reducir la cantidad de víctimas y de delincuentes atacando las causas subyacentes de la delincuencia y la inseguridad.
Cada vez hay más consenso con respecto a que la seguridad pública tiene una gran influencia en la calidad de vida y en el desarrollo económico y social de las comunidades. Personas de todos los sectores de la sociedad, incluidos los más pobres de los centros urbanos, están exigiendo más seguridad pública. La seguridad pública se debería considerar un bien público, que todas las instituciones y la sociedad civil en general deberían instituir y promover. Ya no puede dejarse en manos exclusivas de la policía y del sistema de justicia. Para prevenir el delito será necesario formar una nueva alianza urbana con todos los interesados directos.
Medidas preventivas
¿Por qué prevenir? Es importante responder a esta pregunta por muchos motivos. A continuación figuran algunas de las razones por las que conviene elegir la prevención como herramienta básica para la reducción sostenida de la delincuencia, la violencia y la inseguridad:
La aplicación de criterios preventivos requiere un riguroso análisis de las causas de la delincuencia y la violencia y la aplicación de una serie de medidas muy eficaces para reducir a corto y largo plazo la cantidad de víctimas y delincuentes. Esas medidas son, entre otras:
un diseño urbano más seguro (espacios públicos y sistemas de transporte público);
el apoyo a los niños, los jóvenes y las familias vulnerables;
el fomento de la responsabilidad y la creación de conciencia de la comunidad;
la capacitación y creación de empleos para los jóvenes de las zonas pobres;
la prestación de servicios de proximidad, especialmente de policía y de justicia;
la reinserción social de los delincuentes jóvenes;
la asistencia a las víctimas de delitos.
Los criterios preventivos alientan la aplicación de medidas multisectoriales y concertadas en las que participan las municipalidades, la policía, el sistema de justicia, los servicios sociales y de salud, los servicios de vivienda, el sector privado y las organizaciones comunitarias, etc.
Los resultados de los estudios longitudinales que se llevaron a cabo con grupos de control durante mucho años coinciden en los importantes beneficios derivados de la aplicación de criterios preventivos.
Los beneficios económicos derivados de la aplicación de medidas de prevención del delito, comparados a los de las respuestas tradicionales, basadas en la aplicación de la ley y el encarcelamiento. En algunos casos, los análisis en que se comparan estas dos respuestas muestran una proporción de 1 a 6 a favor de la prevención del delito.
Los costos astronómicos que acarrean el delito y la violencia para los países, las ciudades y la población. Según el Informe de Desarrollo Humano de 1994 publicado por las Naciones Unidas, estos costos aproximan los 425.000 millones de dólares en los Estados Unidos, es decir 4.000 dólares por familia por año. Los costos incluyen los servicios de policía y las cárceles y los costos derivados de las muertes y traumatismos, el deterioro económico y los daños a la propiedad.
La prevención promueve la solidaridad, la participación de los ciudadanos y las prácticas de buena administración pública. Fortalece las instituciones democráticas y fomenta una mayor responsabilidad de los servicios públicos antes los beneficiarios, incluidos la policía y los sistemas de justicia.
La prevención del delito en la práctica
Costo del delito
A menudo es difícil evaluar las consecuencias de la delincuencia, la violencia y la inseguridad en un país o ciudad determinados. Sin embargo, en los últimos años se empezaron a reunir cada vez más datos sobre este tema. Por ejemplo, en un estudio publicado en 1996, el Consejo Nacional de Prevención del Delito calculó que el costo anual del delito para la comunidad canadiense llegaba a los 46.000 millones de dólares canadienses. Este monto global se puede desglosar de la siguiente forma:
Dólares canadienses
Costo de la justicia
penal (policía, tribunales, cárceles) 9.700
millones de dólares
Seguridad privada 7.000
millones de dólares
Costo para las víctimas 18.000
millones de dólares
Deterioro de la
comunidad 5.500
millones de dólares
Daños a la propiedad 5.000
millones de dólares
Atención médica 500
millones de dólares
Total 45.700
millones de dólares
Un elemento clave para que la prevención del delito sea efectiva es el proceso que se utiliza para llevarla a la práctica. Se han puesto a prueba distintos modelos: relaciones de colaboración institucional (como el consejo municipal de prevención del delito de Francia), actividades en la esfera de la salud pública (como en Filadelfia y Cali), iniciativas basadas en la comunidad (como en los Estados Unidos y el Canadá). En los últimos años empezaron a surgir varios elementos de referencia que ahora se consideran componentes de una metodología común. Esos elementos pueden describirse de la siguiente forma:
Dirigencia local. Existe un gran consenso con respecto a que los problemas de la delincuencia deben abordarse a nivel de la ciudad y que las autoridades municipales ocupan una posición estratégica para iniciar y coordinar las medidas que se vayan a aplicar. Los alcaldes y concejales, en tanto representantes directos de la población, tienen a su cargo una gran responsabilidad cívica en la solución de los problemas del delito y la inseguridad.
Movilización de actores clave. La estructura de una ciudad está formada por una red de instituciones, colaboradores económicos, organizaciones comunitarias y ciudadanos interesados. Se debería invitar y alentar a todos a que participen activamente en la elaboración y ejecución de la estrategia local de prevención del delito.
Diagnóstico riguroso. La determinación de los factores que propician la delincuencia y la inseguridad y el conocimiento de la naturaleza de los delitos y sus efectos son los primeros pasos hacia la elaboración de una estrategia de prevención del delito precisa y exitosa. Todos los colaboradores deberían participar en la etapa de diagnóstico para exponer sus distintos puntos de vista. En este sentido, la realización de estudios sobre víctimas podría ser una herramienta muy útil.
Elaboración de un plan de acción innovador y con objetivos precisos. Tomando como base el diagnóstico acordado de la situación, se deberían identificar las medidas prioritarias que habrán de adoptarse. El plan podría incluir muchos componentes relacionados con distintos aspectos de la prevención del delito, como un mejor diseño urbano, el apoyo a los jóvenes y las familias vulnerables, participación de la ciudadanía en la vigilancia, sistemas de justicia de proximidad, apoyo a las víctimas, etc. En el plan se deberían incluir la naturaleza específica de las iniciativas y un calendario para su realización, así como los organismos y organizaciones que participarán en él.
Apoyo adecuado a la coordinación y capital inicial para proyectos. Las estrategias locales de prevención del delito requieren una gran coordinación en todas las etapas de su elaboración y ejecución. Así pues, se deberían prever recursos para financiar un puesto de coordinador de la estrategia y plan de acción de prevención del delito dentro de la estructura municipal o cualquier estructura establecida para poner en práctica esas medidas. Esto es fundamental para la continuidad del proyecto, un contacto adecuado con todos los colaboradores y la promoción de los resultados de la iniciativa. También es necesario invertir un capital inicial para poder empezar proyectos experimentales que luego recibirán financiación de distintos colaboradores. Esos proyectos de demostración son cruciales para mostrar el potencial de cualquier estrategia de prevención del delito dirigida a la obtención de resultados de corto y largo plazo.
Apoyo del gobierno nacional y de otros niveles de gobierno. Este apoyo se puede prestar a través de políticas sectoriales relacionadas con cuestiones concretas como el desarrollo de la juventud o la violencia contra la mujer, o a través de programas cuyo objetivo es apoyar directamente las redes o iniciativas de las ciudades más seguras a nivel local. En este sentido también son importantes herramientas los cursos de capacitación para directores y profesionales. La elección de la prevención como estrategia implica un gran esfuerzo. Requiere un compromiso político claro y explícito, una voluntad firme para superar los problemas de la corrupción, una movilización constante de los actores institucionales y de la comunidad y una búsqueda permanente de soluciones innovadoras y justas. En contrapartida, allana el camino para una reducción significativa y sostenible del delito y la violencia en nuestros países y ciudades, mejora la calidad del entorno urbano y promueve la solidaridad y la justicia para todos.

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