El nuevo presidente boliviano Evo Morales ha sostenido que es necesario sacar a la coca del “arresto domiciliario” al que –según su criterio- ha sido condenada en forma indefinida por la comunidad internacional.
Si nos regimos por el significado de la expresión, podemos colegir que el mandatario altiplánico quiere finalizar los días en los que la siembra y consumo del arbusto (materia prima para la elaboración de cocaína) ha permanecido en el plano meramente doméstico, sometida a un sistema de vigilancia en el que participan la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (Cicad), una dependencia de la Organización de Estados Americanos, y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Con el plan Colombia en su apogeo, la declaración de Morales debe ser vista como el equivalente a una invitación para retomar en su país el auge de estos cultivos, y llevarlos acaso a las extensiones que tenían hace 5 lustros. Para enmascarar este propósito, Morales se ha hecho eco de aquella frase según la cual “coca no es cocaína”. Pero lo cierto es que la última no puede fabricarse sin la primera.
Morales aún no ha entendido que, como Presidente, está en la obligación de cumplir con los compromisos asumidos por el Estado boliviano hace ya más de quince años. No sólo por presión de Estados Unidos sino de la comunidad internacional en pleno. Los planes de erradicación de cultivos ilícitos son los que le han permitido a Bolivia el acceso a líneas de crédito preferenciales con los organismos multilaterales, así como también la aplicación de programas de desarrollo alternativos a la coca, cuyos productos gozan de preferencias arancelarias e la Comunidad Europea.
A Morales todavía se le escucha hablar como si fuese un líder de los sembradores de coca del Chapare, región en la que habitó y dio sus primeros pasos como sindicalista agrario. Pero pronto será llamado a cumplir con las exigencias del gobierno de un país lleno de conflictos, que amenazan con dividir su propia estructura geopolítica.
Sostener desde el Gobierno que “coca no es cocaína” representa un peligroso llamado a la industria transnacional de las drogas. La experiencia colombiana ha demostrado que los productores de sustancias prohibidas, a la usanza de las grandes corporaciones, hacen sus análisis de riesgos y orientan sus inversiones hacia los lugares donde gozarán de mayor estabilidad. A partir de la victoria de Morales, los ojos de los “narcos” deben estar muy pendientes de lo que sucede en Bolivia.
En este contexto, hay que estar muy pendientes de los resultados del proceso constituyente que Morales quiere convocar. Uno podría preguntarse si la elaboración de una nueva Carta Magna no será el pretexto adecuado para denunciar los compromisos internacionales destinados a la reducción de cultivos ilícitos en los que Bolivia participa. Por supuesto, todavía es muy temprano para emitir una conclusión al respecto. Pero el riesgo está planteado.