El contingente paramilitar de los bloques Héroes de los Andaquíes y Héroes de Florencia, del BCB de las Autodefensas, fue el último en desmovilizarse.
Fueron 552 combatientes que se entregaron en el municipio de Valparaíso, en el departamento de Caquetá. Con ellos ya son 21.850 paramilitares desmovilizados en el marco del polémico proceso de paz con el grupo iniciado en 2003.
Según cifras oficiales, los paramilitares han entregado cerca de 900 armas «entre largas, cortas y de apoyo, abundante munición y 15 vehículos».
Retraso en el cronograma
Aunque la meta inicial era desmovilizar a 20 mil hombres antes de iniciarse 2006, el proceso se vio truncado en octubre último tras la captura y el intempestivo traslado del jefe paramilitar Diego Murillo (‘Don Berna’) a una prisión de máxima seguridad que afectó la confianza de las negociaciones.
Una vez superado el impasse, las AUC fijaron el 15 de febrero como fecha límite para cumplir con su total desmovilización, que, sin embargo, no fue completada.
Negociaciones con las Farc
Optimista por el número de hombres desmovilizados, el presidente Uribe instó el sábado pasado a la guerrilla de las Farc a decir si están dispuestas a negociar en caso de que los grupos paramilitares de extrema derecha se desmonten por completo.
«Pregunto a la FARC si desmontada la estructura paramilitar ¿están listos para hacer un proceso de paz serio, con las instituciones gubernamentales y con el pueblo?», dijo Uribe.
Sin embargo, pese a las desmovilizaciones masivas, el proceso atraviesa varios problemas y es objeto de críticas por parte de sectores opositores, de la ONU y de organismos no gubernamentales (ONG) de derechos humanos que aseguran que con él se valida cierto grado de impunidad.
Contradictores de las desmovilizaciones
Las críticas se centran en la polémica ley de Justicia y Paz que otorga beneficios a los paramilitares desmovilizados, que les concedió estatus político y fijó penas máximas de ocho años de cárcel para los ex combatientes acusados de delitos atroces.
También se presentaron denuncias entre distintos partidos políticos sobre la infiltración paramilitar en listas al Congreso, de cara al inicio de la campaña para las legislativas del 12 de marzo, que obligaron al Gobierno a solicitar una investigación a la Fiscalía y a los partidos a «purgar» sus listas.
Uribe prometió en una entrevista radial que su gobierno no permitirá que los grupos violentos presionen la campaña.
«No voy a permitir que en este proceso electoral haya participación de dineros mal habidos; no voy a permitir que los caudales de dinero condicionen a los electores; y no voy a permitir que los grupos violentos participen en el proceso electoral», dijo.
Un dirigente de las AUC aseguró en junio pasado que el grupo cuenta con un «35% de amigos en el Congreso» y que su aspiración es aumentar ese porcentaje en las elecciones de 2006.
Otra preocupación es la situación de seguridad en la que quedarán los territorios que antes eran controlados por los escuadrones de derecha.
El alto comisionado de paz del Gobierno, Luis Carlos Restrepo, ha advertido que tras la desmovilización «pueden presentarse dificultades y presiones en la zona de uno u otro grupo violento que quiera sembrar el pánico pero hay que mantener la calma y la fortaleza», dijo.
